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«Hay crisis política y por eso estoy renunciando», expresó Luis Alberto Heber, quien hasta el lunes estuvo al frente del Ministerio de Interior de Uruguay. Su salida se precipitó en medio de las turbulencias políticas que se generaron en el núcleo duro del Gobierno por la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, mientras estaba encarcelado en Emiratos Árabes Unidos en 2021. La mano derecha de Heber, Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, también dimitió esta semana. Ambas renuncias no sorprendieron porque habían sido adelantadas por el presidente, Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa ofrecida en la noche del sábado. Recién llegado de Estados Unidos, el mandatario anunció además que el publicista Roberto Lafluf, salpicado por este asunto, abandonaría el cargo como asesor en comunicación del Gobierno. La Fiscalía estudia si cita a declarar o no al jefe de Estado.

El detonante de la crisis política fueron las declaraciones en la Fiscalía de la exvicecanciller Carolina Ache el pasado 1 de noviembre, que derivaron en la inmediata caída del ministro de Exteriores Francisco Bustillo. Ache presentó audios en los que Bustillo le pedía que «perdiese» su teléfono móvil para eliminar presuntamente una conversación de WhatsApp mantenida entre ella y Maciel, subsecretario de Interior. En ese breve chat Maciel advertía sobre el prontuario delictivo de Marset: «Podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubai por documento [paraguayo] falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y muy pesado. [Podemos] Saber si sigue detenido o lo liberaron, lo cual sería terrible».

Trámite exprés

El 3 de noviembre de 2021, cuando se produjo esa consulta revelada por el periódico la diaria, Marset continuaba preso en Emiratos Árabes, donde había sido detenido el 10 de septiembre. Sin embargo, el contenido de ese chat no impidió que el narcotraficante obtuviera el pasaporte uruguayo de forma «exprés», de acuerdo con lo denunciado por el Frente Amplio, partido de la oposición.

Un día transcurrió entre que se tomaron los datos de Marset en la cárcel emiratí y se imprimió el documento en Montevideo, según declaró en la Fiscalía la excónsul uruguaya en los Emiratos, Fiorella Prado. Tampoco obstaculizó el trámite una nota enviada por ese consulado, que sugería a Cancillería demorarlo hasta que se resolviese el proceso judicial que enfrentaba Marset por documentación falsificada. Al contrario, la tramitación del pasaporte uruguayo habría sido utilizado por la defensa del narco para conseguir su liberación entre enero y febrero de 2022. Poco después, en marzo de 2022, Interpol Paraguay emitiría una orden de captura internacional contra este uruguayo de 32 años, que está prófugo.

En el marco del megaoperativo antidroga A Ultranza Py, desarrollado en Paraguay en febrero de 2022, Marset fue acusado de ser uno de los líderes de la estructura dedicada al tráfico de cocaína por contenedores desde Paraguay, donde vivía, hacia Europa. «Lo vemos como una especie de gerente de la hidrovía [Paraná-Paraguay]», dijo sobre Marset el jefe de los fiscales Antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz, al periódico La Nación. Ese operativo fue llevado adelante, entre otros, por el fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022. Marset fue acusado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, de estar detrás de ese crimen. También lo busca Bolivia, donde el narcotraficante vivió entre el año pasado y este 2023 bajo la identidad falsa de Luis Paulo Amorím Santos. En Bolivia compró un club de fútbol en Santa Cruz de la Sierra. En esa región boliviana fue localizado el pasado 30 de julio, pero logró escapar y burlar a los 3.000 efectivos policiales desplegados para capturarlo.

Sebastian Marset, en una captura de video.

Reuters

«Aun sabiendo quién era Marset, el pasaporte había que darlo. Fuera narco o fuera cualquier cosa: había que darlo, de acuerdo a la ley actual», dijo Lacalle Pou en la conferencia del sábado pasado. El Gobierno uruguayo ha defendido la inevitabilidad de la concesión del documento basándose en un decreto de 2014 relativo a la expedición de pasaportes, que requería tener en cuenta solo las causas penales abiertas en Uruguay -no así las del exterior- para otorgarlo. Y todas las causas de Marset en el país, han insistido las autoridades, estaban cerradas al momento del trámite. La argumentación no convence al opsitor Frente Amplio. «Este decreto no obligaba a actuar como se actuó ni obligaba a actuar en los tiempos, las formas y los procedimientos elegidos por la Administración», afirmó el senador frenteamplista Mario Bergara durante la interpelación parlamentaria a los responsables de Interior y Exteriores, desarrollada en agosto de 2022 .

Destrucción de documentos

En aquella interpelación, el entonces canciller Bustillo hizo hincapié en que «nadie sabía» quién era Marset cuando se gestionó y entregó el pasaporte al narcotraficante, entre octubre y noviembre de 2021. La comunicación mantenida entre el subsecretario de Interior, Maciel, y su par de Exteriores, Ache, en la que se advertía sobre la peligrosidad de Marset, echó por tierra la versión de Bustillo.

Según los audios presentados por Ache y difundidos por el semanario Búsqueda, el excanciller conminó a la subsecretaria a que «perdiera» su celular para ocultar ese chat reclamado por la Justicia a pedido del Frente Amplio. También el asesor de Lacalle Pou, Roberto Lafluf, le habría pedido a Ache que eliminara esa evidencia en una reunión mantenida en Casa de Gobierno a instancias del propio presidente. Ache declaró al fiscal Alejandro Machado que el asesor presidencial «destruyó» un documento público en el que figuraban esos chats. Esto motivó que el Ministerio Público abriera una nueva investigación por la que podría tomar declaraciones al presidente Lacalle Pou.

Quien se presentó el lunes ante el fiscal Machado fue Alejandro Balbi, abogado de Marset durante el trámite del documento. «Hay una sola conclusión y una sola coincidencia entre todos los actores que han venido a declarar: la legalidad del otorgamiento del pasaporte a esta persona», dijo Balbi a la salida de Fiscalía en Montevideo. Consultado por la prensa, el abogado eludió responder sobre el contenido del encuentro que mantuvo en Cancillería con la exsubsecretaria Carolina Ache, en noviembre de 2021, cuando el pasaporte todavía no había llegado a manos de Marset. Esa reunión ha disparado toda suerte de especulaciones, que siguen su curso tras las explicaciones dadas por Balbi y que desconcertaron al fiscal, según se escucha en los audios difundidos por los medios locales.

Se trató de un encuentro de pocos minutos, aseguró Balbi en la Fiscalía, para consultarle a Ache por la fecha de salida de la valija diplomática hacia Emiratos Árabes, sin mencionar el pasaporte en cuestión. «¿No le contó a la vicecanciller qué quería mandar en esa valija diplomática ni a quién representaba?», preguntó el fiscal Machado. Balbi entendió que explicarle eso a Ache no era relevante. «Sinceramente no nos cierra», dijo el fiscal. Y agregó: «Es como una mala comedia venezolana». Una mala comedia uruguaya, habrá querido sugerir el fiscal Machado, con trama, protagonistas y factura local.

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