BLOG

Por Mauro Alcócer Hurtado

El jueves 6 de octubre de 2022, una reunión nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), la más grande organización política de izquierda de Bolivia, dirigida por Evo Morales que llevó a la Presidencia del país a su militante Luis Arce Catacora, exigió la inmediata salida de 2 ministros identificados como derechistas en el gabinete gubernamental: el ministro de justicia Iván Lima y el ministro de gobierno Eduardo del Castillo.

Respecto al primero de los nombrados, hace al menos un año que se viene alertando de la infiltración, en el gabinete del presidente Luis Arce, de un abogado de ideología contrarrevolucionaria, fiel devoto y miembro de la más conservadora prelatura católica (el Opus Dei), de familia muy acaudalada y propietario capitalista (junto a su hermano Juan José Lima Magne) de un enorme bufete jurídico (Lima & Asociados) que tiene oficinas en La Paz, Santa Cruz y Sucre. Siendo hombre de fortuna, eso explica su calculada generosidad a la hora de ganar simpatías con regalos y aportes, lo que le permitía lograr confianza e influencia en los círculos de poder.

Pero Lima, por mucho que intentara, no hubiera podido lograr en solitario todo lo que logró. ¿Quiénes le ayudaron a infiltrarse? La familia García Linera -vale decir, el ex vicepresidente Álvaro García Linera y su hermano Raúl García Linera- que desde el año 2010 lo promovían dentro del gobierno de Evo Morales como «un buen abogado».

Gracias a este apoyo este autodenominado “hombre de leyes” logra inscribirse como candidato en las elecciones judiciales del año 2011, en las que resultó electo magistrado suplente, asumiendo el mandato titular en el Tribunal Supremo de Justicia el año 2014. Así comenzó a formar una red de influencias en la ciudad de Sucre (capital de Bolivia y sede del poder judicial) con magistrados y otras autoridades de la Judicatura y el Ministerio Público.

Después del golpe de Estado y derrocamiento de Evo Morales en noviembre del 2019, una vez instaurada la dictadura de Jeanine Añez, Iván Lima hábilmente se alineó con David Choquehuanca (muy crítico a la izquierda que representa Evo) pero teniendo el cuidado de no pelearse el ex presidente, al que le hacía creer que era abogado de los masistas, cuando en realidad se negaba a firmar cualquier documento judicial que denuncie a la dictadura. Cuando el MAS-IPSP con Luis Arce como candidato ganó la presidencia con el 55% de los votos en octubre de 2020, al momento de formar gabinete el vicepresidente electo Choquehuanca se opuso a que cualquier abogado vinculado al evismo sea ministro de justicia, proponiendo para ese cargo a Lima, al que llegó a presentar como «representante» de la ciudad de El Alto, aunque el jurista de marras nunca vivió allí. La propuesta del vicepresidente fue aceptada por Arce, consiguiendo también Choquehuanca que César Siles, un gris abogado que le apoya desde que era canciller, fuera designado viceministro de justicia.

Hoy, casi dos años después, ya se sabe lo que Lima hizo en el ministerio de justicia: conformó un “Consejo de Notables” con connotados abogados derechistas que fueron parte de los gobiernos neoliberales, que propusieron eliminar las elecciones judiciales por voto popular de los máximos magistrados, un derecho que está inscrito en la Constitución del 2009; negoció con parlamentarios de la derecha (“Comunidad Ciudadana” de Carlos Mesa y “Creemos” de Luis Fernando Camacho) una reforma judicial convencional y un juicio de responsabilidades a Jeanine Añez cuando legalmente no le correspondía ningún proceso de privilegio por haber sido una presidenta de facto; influyó de la peor forma en la bancada del MAS para intentar procesar a ex ministras y ex ministros de las gestiones de gobierno de Evo Morales; se adueñó, como el patriarca que siempre ha sido, del trabajo de la Ministra de la Presidencia Marianela Prada, que dirigió un Consejo para elaborar leyes contra el feminicidio; protegió a Henry Nina, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), de la gravísima denuncia de cobros millonarios por contratos de construcción de vías camineras; intentó abrir un proceso judicial a la dirección nacional del MAS sobre la base de documentos adulterados y falsos, sabiendo que de prosperar la tramoya podía llevar incluso a que el MAS pierda su personería jurídica; filtró al periodista Luis Marcelo Tedesqui del periódico El Deber el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre un caso ocurrido el 2009, con el objetivo de que la derecha mediática y política emprenda con ese documento una campaña devastadora contra Evo Morales.

Sabemos también lo que el ministro Lima no hizo: no denunció ni enjuició a los golpistas Luis Fernando Camacho e Iván Arias (ex ministro de la dictadura de Añez), así como tampoco al ex militar sentenciado por corrupción Manfred Reyes Villa, para impedir que sean candidatos en las elecciones subnacionales, en las que ganaron las importantes alcaldías de La Paz y Cochabamba y una gobernación (Santa Cruz), que hoy son bastiones de oposición dura contra el presidente Luis Arce; no llevó ante los estrados judiciales a los golpistas Luis Fernando Camacho y a su padre José Luis Camacho, tampoco a Carlos Mesa ni a Jorge Tuto Quiroga; no se constituyó en parte denunciante ni impulsó un juicio ordinario por las masacres de Sacaba y Senkata cometidas en los primeros días de la dictadura; no presentó denuncias ni ayudó a desmantelar a los grupos paramilitares en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz y Yungas; no defendió, guiado por su lealtad al Opus Dei, a una niña cruceña de 11 años que fue violada y resultó embarazada, a la que miembros de la iglesia católica raptaron para obligarla a dar a luz; no cumplió con sus reiterados anuncios de hacer un verdadero cambio en la justicia y nunca garantizó transparencia y lucha contra la corrupción judicial.

Por ello es que la paciencia se acabó y el Movimiento al Socialismo resolvió exigir al presidente Luis Arce la destitución de Iván Lima y del ministro de gobierno, el joven y ambicioso Eduardo del Castillo, sobre el que también pesan denuncias de protección al narcotráfico y de vínculos con la derecha cruceña por medio del asesor político personal de Luis Fernando Camacho, un sujeto llamado Wálter Chávez. Chávez, de nacionalidad peruana, ingresó a Bolivia el año 1992 supuestamente huyendo de la persecución del gobierno de Fujimori; se dedicó al periodismo y con los años, gracias a las influencias de Álvaro García Linera (¡qué nefasto rol de este hombre, que acercó al gobierno de Evo a elementos tan negativos!) se convirtió en asesor en Palacio de Gobierno, para el 2015 distanciarse del MAS y pasar a ser contratado por el empresario de derecha Samuel Doria Medina, hasta finalmente acabar como parte de un movimiento neofascista como es el de Luis Fernando Camacho. Pues bien, Del Castillo y Wálter Chávez, según ha confesado públicamente el ministro respondiendo a la denuncia de un diputado del MAS, se conocen al menos desde el 2018.

Han pasado 10 días y hasta ahora el presidente Luis Arce no ha alejado del gabinete a los dos ministros, lo que comienza a ser interpretado por las bases sociales que representa el MAS como un peligroso síntoma de derechización. La obstinación de Arce, que parece olvidar que él está en el cargo máximo del Estado por la lucha de los sectores indígenas, obreros y populares que hoy le interpelan, puede tener un costo político muy grande no sólo para el gobierno, sino para el proceso de cambio boliviano, justo en momentos en que la extrema derecha prepara en la estratégica ciudad de Santa Cruz un paro indefinido con el que pretende generar una convulsión política a fines de octubre.

Lima y Castillo vienen siendo repudiados por sus acciones y omisiones desde hace al menos un año por el MAS, por la bancada legislativa del MAS, por el Pacto de Unidad indígena campesino originario, y por la Central Obrera Boliviana. Y en todo este tiempo, el presidente Arce –con el apoyo cada vez menos confiable de Choquehuanca- se ha empecinado en mantener a estos incordios dentro de su gabinete. Hoy se puede decir que la terquedad presidencial –a la que algún corifeo le llama “principio de autoridad”- ya está dañando su propia gestión de gobierno. Será inevitable que la desconfianza se vuelva indignación y bronca en las bases sociales del proceso de cambio, si es que estos hombres que nunca fueron masistas, que han sido calificados nada menos que como infiltrados derechistas, traicioneros y protectores de varios golpistas y corruptos (véase la Resolución de la Reunión Nacional del MAS) siguen paseando sus perturbadoras figuras por Palacio.

La dirigencia del MAS, así como la de los movimientos sociales indígenas y obreros de Bolivia, son conscientes que en estos momentos, la derecha política y cívica está preparando una dura arremetida contra Luis Arce, por lo que se preparan para defenderlo, pero también son lúcidos en afirmar que hay que deshacerse del “enemigo interno”, vale decir de la derecha en el propio gobierno.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

REBELIÓN