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Para diversos expertos en salud pública de Chile y México caben pocas dudas. Los impuestos a una serie de alimentos y preparaciones ultraprocesadas que entran hoy en vigencia en Colombia constituyen la batería de medidas en salud pública más ambiciosa de la región. En otros países ha habido avances, por ejemplo, en la regulación de la publicidad en horarios familiares y el etiquetado frontal con los valores nutricionales de los productos. O en la implementación de políticas fiscales enfocadas, sobre todo, en gravar a las bebidas azucaradas.

Pero la llamada «ley de comida chatarra» colombiana, impulsada por colectivos de la sociedad civil e incluida dentro de la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, engloba la visión más completa hasta el momento, según los observadores. Por ejemplo, Guillermo Paraje, reconocido economista de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, afirma: «En Chile no hay impuestos por ingredientes en alimentos. El caso colombiano es bastante novedoso y yo diría que es el más avanzado a nivel regional e inclusive entre los más adelantados a nivel mundial, porque no conozco otros casos de países que hayan puesto impuestos a los alimentos ultraprocesados de manera tan comprensiva».

Se trata de una medida muy resistida por las grandes corporaciones desde hace años. El pulso legislativo en Colombia, al igual que otros países, ha estado marcado por la mano dura del lobby empresarial y los debates en torno a la efectividad de estas medidas sobre la salud pública. De acuerdo con la nueva reglamentación, el gravamen para las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados será gradual. Durante lo que resta de este año recibirán un aumento del 10%, luego un 15% en 2024, hasta llegar al 20% en 2025. En el caso de las bebidas, el impuesto se ajustará desde los 18 pesos según la concentración de azúcar por cada 100 mililitros.

La postura de la industria ha sido de total escepticismo. Uno de los argumentos más repetidos es que los mayores afectados serán los pequeños tenderos y productores con poco margen de maniobra para adaptar la composición de sus productos a niveles saludables. También millones de colombianos aquejados por las dificultades económicas y la escalada en el precio de los alimentos, con una inflación que se disparó entre 2021 y 2022 y se viene reduciendo lentamente.

La última carta de los industriales fue una serie de demandas que la Corte Constitucional desestimó el pasado 25 de octubre. Una postura que la activista Paulina Magaña, de la oenegé mexicana Poder del consumidor, pone en contexto: «En México fue igual. En los primeros años hubo estudios científicos patrocinados por la industria para sugerir que el impuesto a las bebidas azucaradas, que se introdujo en 2014, no funcionó».

Trabajos de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana han evidenciado que entre los riesgos asociados a la mortalidad en Colombia se hallan al alza las cifras de hipertensión o pre hipertensión. Algo más del 40% de la población, tanto adulta como infantil, padece de alguna de estas dos condiciones. Y los trabajos académicos revelan que uno de los mayores problemas es el alto nivel de consumo de sal. Por eso, desde diversas organizaciones médicas y civiles se han adelantado campañas cada vez más incisivas para atenuar el consumo de alimentos altos en sodio, azúcares añadidos o grasas saturadas.

Las cifras de obesidad y sobrepeso también han ido aumento. Y para 2021 el ministerio de Salud calculaba que un 56,4% de los colombianos tenían exceso de peso. Una suma de realidades que rivalizan con las aprehensiones económicas del sector comercial, desde donde pocas fórmulas para desalentar el consumo de la comida etiquetada como chatarra se ajustan a sus expectativas.

«Un salchichón de tienda, por ejemplo, que tiene menos carne que aditivos, quedó exento del gravamen», se queja en una columna del diario El Tiempo el empresario Thierry Ways. A su juicio los parámetros utilizados por el Ejecutivo para categorizar los productos ha sido una «chambonada». En cambio, añade, «un jamón serrano, que tiene dos ingredientes naturales -carne y sal-, quedó gravado». Ways subraya que no todo «procesamiento» es negativo y que la política debió enfocarse en mejorar la calidad de los alimentos.

La experiencia con las políticas saludables en los casos mexicanos y chilenos parece haber arrojado, sin embargo, otras perspectivas. De acuerdo con el economista Guillermo Paraje, el «consumo de algunas categorías que antes se vislumbraban saludables, pero no lo eran tanto como se pensaba, cayó». Habla de algunos cereales, yogures o postres. «Esto obligó a la industria a disminuir los niveles críticos de sus compuestos».

De igual forma, cita dos estudios publicados en revistas especializadas estadounidenses donde participó. Los investigadores concluyeron en 2022 que el etiquetado frontal en Chile no «cambió los costos de producción de las empresas ni se traspasó a los consumidores en los precios finales». La pediatra chilena Lorena Rodríguez, que fue jefa de nutrición en el ministerio de Salud de su país refuerza lo anterior y explica que en el proceso la industria se suele adaptar al contexto. Las empresas se ven abocadas a reducir los niveles de azúcares, calorías o sodio y el público se abstiene de comprar productos más costosos y que además tienen efectos perjudiciales sobre la salud.

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