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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nunca ha ocultado su admiración por su homólogo estadounidense, Donald Trump. Apoyó el regreso al poder del magnate e incluso fue uno de los invitados de honor a la Conferencia de Acción Política Conservadora (PAC), celebrada el año pasado. Desde que ambos mandatarios se reunieron por primera vez en septiembre de 2019, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, siempre tuvieron sobre la mesa una agenda que ahora los ha vuelto a reencontrar y unir seis años después: migración, seguridad regional e inversión.

Ambos acaban de iniciar, con un año de diferencia, su segundo mandato en sendos países bajo una misma agenda política e ideológica, basada en la mano dura contra la inseguridad y una oposición férrea al globalismo y lo que denominan la cultura woke, rechazando el feminismo, la lucha contra el cambio climático, la diversidad de género y derechos como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Además, Bukele y Trump coinciden en criticar el papel de las ONG y ambos recurren a X para dar órdenes, opinar sobre cualquier tema político o arremeter contra sus enemigos, entre los que destacan los medios de comunicación críticos con su gestión. Son tantas las similitudes y la confianza entre ellos que Trump llamaba este sábado presidente B a Bukele, pocos días antes de recibirlo en la Casa Blanca.

El mandatario de El Salvador ya había allanado su incursión en el Gobierno de Estados Unidos con la reunión que mantuvo en septiembre con Elon Musk en Texas. Ambos intercambiaron alabanzas mutuas que apuntaban a que Bukele iba a tener un papel relevante en la Casa Blanca. Mientras el líder salvadoreño llamaba al dueño de Tesla «una de las grandes mentes de nuestro tiempo», Musk le devolvía el piropo: «El Salvador tiene un líder increíble».

A partir de ahí, todo vino rodado entre ambos países tras la primera visita que hizo en febrero a El Salvador el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en la que se fraguó un acuerdo migratorio «sin precedentes», tal como anunció Bukele. En ese encuentro se cerró el pacto para deportar a El Salvador a migrantes indocumentados de cualquier nacionalidad que hayan cometido crímenes en territorio estadounidense, «ya sean del MS-13 o del Tren de Aragua», y alojarlos en sus cárceles. A cambio, el país centroamericano recibe seis millones de dólares de Washington.

‘Guerra contra las pandillas’

Bukele y Trump se unieron para defender sus propios intereses. Por un lado, se puso de manifiesto que el líder salvadoreño no está solo en su particular guerra contra las pandillas, iniciada en su primer mandato en 2019. Por otro, el presidente estadounidense demostró que no le tiembla la mano a la hora de expulsar del país a quienes tacha de migrantes ilegales, para ser encarcelados en una de las peores prisiones del mundo. Ello ha generado el pánico entre la multitudinaria comunidad migrante latinoamericana en Estados Unidos, que ve como una espada de Damocles su expulsión del país y su encierro en una prisión salvadoreña.

Bukele recibió así el espaldarazo de su homólogo estadounidense, quien, incumpliendo una orden judicial, deportó al país centroamericano a 238 reclusos a los que acusa -sin una sentencia previa- de ser miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Pocos días después, fueron expulsadas otras 17 personas señaladas de ser «violentos criminales».

El acuerdo entre Bukele y Trump coincidió con el tercer aniversario del Régimen de Excepción, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022 en El Salvador. Desde entonces, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente salvadoreño, Nuevas Ideas, ha ido prorrogando mensualmente hasta en 36 ocasiones esta medida, que surgió como respuesta a una matanza de 87 personas perpetrada por las pandillas en un fin de semana.

Su proyecto estrella, que ahora ha sido avalado sin fisuras por Trump, es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en el que han sido confinados los venezolanos expulsados de Estados Unidos desde el pasado 15 de marzo, junto a una veintena de miembros de la Mara Salvatrucha. Entre ellos se encuentra Kilmar Abrego García, un salvadoreño a quien Washington reconoció haber deportado por error.

Este domingo, Marco Rubio anunció que Estados Unidos ha expulsado a El Salvador a otros diez migrantes acusados también de pertenecer a las «organizaciones terroristas» MS-13 y Tren de Aragua. Rubio incidió en que «la alianza entre el presidente Trump y el presidente Bukele se ha convertido en un ejemplo para la seguridad y prosperidad de nuestro hemisferio».

De esta forma, el presidente proyecta a nivel internacional su política de mano dura, que tantos réditos le ha dado a nivel interno. La población avaló en las elecciones del año pasado sus medidas represivas, dándole una apabullante victoria, a pesar de que varios artículos de la Constitución prohibían su reelección.

Ello también se tradujo en un control absoluto de la Asamblea Legislativa, donde su partido ostenta la inmensa mayoría de los 60 diputados, lo que le permite prorrogar sine die el Régimen de Excepción, que se ha traducido en la detención de cerca de 87.000 personas en tres años, acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas.

Con la excusa de la lucha contra las pandillas, El Salvador ha vulnerado derechos humanos, según varias organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario, que eleva a 385 la cifra de personas privadas de libertad fallecidas en centros penales. Su directora, Ingrid Escobar, advierte, en declaraciones a EL MUNDO, que El Salvador es una «dictadura», dado que «todo el poder se concentra en Nayib Bukele». Pese a ello, se ha alzado como el principal socio de Trump, con quien ha iniciado un idilio político que beneficia a ambos y que ha convertido al denominado pulgarcito de América en uno de los países con mayor influencia en el continente.

EL MUNDO