BLOG

El informe descarga la responsabilidad general en los gobiernos sucesivos de Evo Morales y Jeanine Añez

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) ha concluido que en la crisis política boliviana de 2019 se produjeron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive “ejecuciones sumarias”, “masacres”, “racismo”, “tortura” y “agresiones sexuales”. Determina que 38 personas murieron y muchas otras fueron heridas, molestadas sexualmente, secuestradas temporalmente, vejadas, torturadas, discriminadas racialmente, detenidas incorrectamente, procesadas sin debido proceso y otros abusos. Las victimas de las violaciones son millares y el GIEI-Bolivia recomienda que se haga un censo para identificarlas totalmente.

La responsabilidad general recae sobre el Estado boliviano y, según los casos, sobre alguno de los dos gobiernos sucesivos: el de Evo Morales, en lo sucedido desde las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019 hasta su renuncia el 10 de noviembre del mismo año; y el de Jeanine Añez, desde su ascensión el 12 de noviembre hasta fines de diciembre de 2019, que es el límite del periodo investigado por los peritos. Las principales causas de luto y violaciones a los derechos humanos fueron la “acción desproporcionada” de la Policía y las Fuerzas Armadas, y, en segundo lugar, choques violentos de civiles divididos por sus opiniones políticas a favor y en contra de Morales.

Los hechos más graves fueron la masacre de Sacaba, el 15 de noviembre de 2019, y la masacre de Senkata, del 19 de noviembre del mismo año. En ellas murieron una veintena de personas por armas de fuego y casi doscientas fueron heridas con proyectiles. La primera masacre ocurrió cuando las fuerzas conjuntas desplegadas por el Gobierno de Añez impidieron la llegada a la ciudad de Cochabamba de una columna de manifestantes que venía del Chapare, el área de producción de coca y baluarte electoral de Evo Morales. Las autoridades de entonces argumentaron que los marchistas habían disparado contra los policías y militares. El GIEI-Bolivia “no encontró pruebas de que los manifestantes hicieran uso de armas de fuego o que amenazaran la vida de otros manifestantes, de los efectivos de la policía o de las Fuerzas Armadas presentes. No hubo informes de lesiones graves a ningún miembro de las fuerzas del orden”.

La masacre de Senkata sucedió en la parte exterior de la planta de almacenamiento de gas y gasolina de El Alto. Los manifestantes derribaron el muro e incendiaron chatarra para expresar su rabia porque, horas antes, camiones cisternas custodiados por la policía habían superado el bloqueo que ellos habían tendido en torno a la planta y estaba llevando combustible a la vecina ciudad de La Paz. Según argumentó el Gobierno de Añez, esta protesta trató de volar la planta “a dinamitazos”, lo que el informe niega. “Las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por los actos vandálicos ni por las protestas. En la única ocurrencia de alguna gravedad, acaecida en el extremo sur de la planta –en el área de manejo de válvulas para reducción de la presión del sistema de distribución de gas natural– el uso proporcionado de la fuerza se ha comprobado como suficiente para prevenir riesgos o daños concretos a los servicios”, señala. Y concluye que “ocurrió una masacre en Senkata (…) Aunque las Fuerzas Armadas y la Policía no hayan admitido el uso de armas letales, las evidencias recabadas indican que los disparos con armas de fuego se originaron en sus tropas”.

Si estos pasajes del informe favorecen la interpretación de los citados sucesos que defiende el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, el GIEI-Bolivia también establece que dos personas del movimiento cívico que protestaba contra el presidente izquierdista murieron baleadas el 30 de octubre en Montero, una ciudad del oriente del país. Es probable que los responsables fueran militantes del MAS. Por otra parte, el informe confirma que, en vísperas del derrocamiento de Morales, varios buses de manifestantes contrarios a este que iban a La Paz desde el sur del país fueron detenidos por la fuerza. A algunos de estos viajeros, los bloqueadores pro-Morales los golpearon y hasta agredieron sexualmente. A otros, personas anónimas, les dispararon con armas de larga distancia. “Estos hechos fueron el resultado de la polarización estimulada por agentes políticos y por el propio Gobierno, que contribuyeron a la propagación de la violencia entre civiles y la violación a los derechos humanos”, dice el informe. Hasta ahora no ha habido una investigación seria de los delitos cometidos. “El Estado también es responsable por la impunidad todavía existente”, añade el GIEI-Bolivia.

Un capítulo está dedicado a los actos de racismo en contra de los indígenas bolivianos, a los que los manifestantes y las instituciones alineadas en contra de Morales estereotiparon como miembros del MAS. “Las acciones iniciales del Gobierno interino, como la eliminación de la wiphala [bandera indígena] de los espacios oficiales, la promoción del cristianismo evangélico como norma de orientación del Estado y los discursos racistas sirvieron para rechazar la identidad, la cultura y la historia indígenas”, explica. El GIEI-Bolivia lamenta que los líderes políticos de oposición no hubieran contenido las expresiones racistas de sus simpatizantes.

El informe está firmado por cinco expertos latinoamericanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá, que fueron seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su trabajo no constituye una investigación de carácter penal y está basado principalmente en los testimonios de la víctimas.

El Grupo establece una serie de requerimientos al Estado boliviano para que la violencia política se procese y sancione objetivamente según las normas internacionales de debido proceso; para que las víctimas sean reconocidas, resarcidas y rehabilitadas, y para que se evite la repetición de sucesos como estos. Varias de ellas tienen carácter estructural, como garantizar la independencia de los tribunales de justicia respecto a los poderes políticos, reformar la policía y cambiar la educación para que la sociedad boliviana respete y aprecie su propia diversidad. Igual que otros organismos internacionales de derechos humanos, el GIEI-Bolivia pide que se cambien las definiciones de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y sedición, que hoy se usan como comodines para realizar persecuciones judiciales de distinto signo político.

EL PAÍS