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Uno de los primeros objetivos de Yamandú Orsi será debatir propuestas que abarcan desde la infancia al retiro

El Frente Amplio uruguayo se opuso a la reforma del sistema previsional que llevó adelante el presidente Luis Lacalle Pou. La ley, aprobada solo con los votos del oficialismo, aumentó la edad mínima de jubilación a los 65 años y extendió el sistema de capitalización individual a todos los trabajadores. Sin embargo, el 1° de marzo la izquierda volverá al poder en Uruguay y pretende volver atrás parte de esas decisiones.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato Yamandú Orsi anunció que llamaría a un “diálogo social” para volver a reformar la seguridad social. Y a un mes de que comience su gobierno, ese espacio comienza a ser diagramado. Una de las primeras decisiones que tiene entre sus primeras medidas es la convocatoria a un diálogo con participación de varios organismos y otros actores no gubernamentales, declaró a Búsqueda el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

“Lo hemos hablado claramente dentro del equipo de gobierno, desde la OPP se va a convocar la (comisión) sectorial de seguridad social, que no funcionó en los últimos años. Y desde ahí, por supuesto, con la participación y liderazgo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, los de Economía, de Salud Pública, de la propia OPP y de otros actores que no pertenecen al gobierno, procesar una discusión que va a llevar a la reforma de la protección social”, explicó el funcionario designado por Orsi, que antes fue el rector de la Universidad de la República.

Será, entonces, una reforma de la “protección social”, según Arim, porque no solo incluirá temas como la edad de retiro sino también se incorporarán cuestiones relacionadas a la infancia. “La OPP tiene la vocación de ser el espacio en el cual estos procesos políticos comiencen y sean implementados”, sostuvo.

El gobierno electo pretende que en ese diálogo tengan participación “todos los actores institucionales”: “Los actores sociales involucrados, los trabajadores y los representantes empresariales, los pasivos. Y (habrá que ver) en qué lugar, porque pueden generarse grupos de trabajo específicos con convocatorias distintas”.

El gobierno de Lacalle Pou también apostó a la creación de un grupo de trabajo integrado por diferentes actores, aunque no estuvo en la órbita de la OPP. Por ley, se creó la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que tenía nueve representantes del gobierno, tres de la oposición, además de un delegado de las cámaras empresariales, otro de los trabajadores y otro de los jubilados.

En sus bases programáticas, el Frente Amplio plantea algunos elementos que considera que deben ser parte de ese diálogo social. Una de las propuestas que más sonó en la campaña fue la de “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo”.

El ministro de Economía designado, Gabriel Oddone, ha planteado algunos reparos a esta propuesta. “Nuestro esfuerzo es tratar de encontrar la fórmula para cumplir con lo que está establecido en el programa del Frente Amplio sin afectar la sostenibilidad del sistema, que es un tema crucial para la credibilidad del país en términos fiscales y para poder traer inversiones”, dijo en diciembre, en una rueda de prensa que brindó tras la primera reunión de transición.

El Frente Amplio establece en su programa que el sistema de seguridad social tiene que tener tres pilares: uno solidario (“no contributivo”), otro de reparto intergeneracional (“contributivo”) y un tercero de ahorro (“no lucrativo”).

Estas últimas dos palabras también generaron polémica. Una discusión que se abrió respecto al ahorro “no lucrativo” es si lo que propone la izquierda es que los fondos privados de pensión (las AFAP) dejen de existir. En la izquierda hay visiones encontradas en torno a este tema.

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