BLOG

El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el partido oficialista Pacto Histórico han radicado a lo largo de este martes una oleada de proyectos de ley en el Congreso de la República. Las bancadas de la coalición de izquierda, acompañadas por varios ministros del Ejecutivo saliente, aprovecharon el primer día de la nueva legislatura para presentar una ambiciosa reforma tributaria, un proyecto que busca transformar de raíz el sistema de salud y una propuesta de ley para cambiar el modelo de financiamiento de la educación superior. Radicaron, además, la ley de jurisdicción agraria que no se logró aprobar en la pasada legislatura, un nuevo estatuto del trabajo para garantizar el aumento del salario vital y un proyecto de ley que prohíbe el fracking en todas sus modalidades y en cualquier lugar del país. Es una batería de proyectos que tiene pocas posibilidades de ser aprobada durante la próxima legislatura, pero que vuelve a poner el foco político en un Legislativo en el que el presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Esprilla, no tiene mayorías aseguradas y ya sumó una fuerte derrota en la elección del presidente del Senado.

Muchas de las reformas radicadas este martes por el partido de izquierda son promesas incumplidas de los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro, en varios casos porque el Congreso anterior decidió no respaldarlas. La reforma a la salud, por ejemplo, se hundió dos veces en la Comisión Séptima del Senado; la tributaria también fue archivada en las comisiones terceras y cuartas; y el proyecto de reforma integral a la Ley 30, que regula el derecho a la educación técnica, tecnóloga y universitaria, no se había presentado. Durante una rueda de prensa en el Capitolio, las figuras más visibles del Pacto Histórico explicaron los principales proyectos de ley, y aseguraron que el propósito de estas reformas es «profundizar» el legado del saliente presidente y hacerle oposición «democrática» al nuevo Gobierno.

La senadora Carolina Corcho, que encabezó la lista de ese partido a la Cámara alta tras competir en una consulta presidencial con Iván Cepeda, se refirió a la reforma tributaria: «Desde el Congreso defenderemos los logros sociales de nuestro Gobierno y daremos la batalla por la progresividad fiscal». La propuesta busca que las personas de mayores recursos paguen más impuestos al patrimonio y a la renta. «Es una propuesta progresiva. No toca menores ingresos ni la canasta familiar», dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en rueda de prensa. El proyecto grava los carros de lujo, los yates y las entradas de conciertos que superen los 500.000 pesos (unos 150 dólares), y crea nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas. Todo ello va en contravía del plan de gobierno de De la Espriella y de la visión de su encargado de hacienda, el economista y político de derecha Miguel Gómez Martínez.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó junto a la representante Isabel Vera, del Valle del Cauca, lo que considera la segunda parte de la reforma a la Ley 30. «Ya logramos un salto en el esquema financiero y ahora vamos por el derecho fundamental a la educación superior», dijo el activista de izquierda. «No es una reforma más, es blindar como ley y profundizar lo que el gobierno de Petro logró como derecho para miles de jóvenes». Este proyecto se enfrentará con la nueva ministra de Educación del Gobierno de De la Espriella, la política cristiana Vivian Morales, quien ha dicho que busca revertir muchas de las apuestas del petrismo en educación superior.

Algo similar ocurre con la reforma a la salud, presentada de nuevo por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, pues mantiene el espíritu de los dos proyectos que ha rechazado el Congreso. «Continuará impulsando un modelo basado en la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad», explicó el médico y excongresista de izquierda. De acuerdo con el ministro saliente, el proyecto conserva la idea de reducir las funciones de las afiliadoras y aseguradoras, las Entidades Promotoras de Salud o EPS, que la administración de izquierda considera causantes de la crisis del sector. «Busca que las EPS no administren los recursos y la eliminación de la integración vertical».

La ley de jurisdicción agraria fue respaldada por el representante Gabriel Becerra y por la exministra de Agricultura Martha Carvajalino. «No abandonaremos la lucha por la reforma y la justicia agraria», escribió el congresista en sus redes sociales. El proyecto también conserva algunas de las propuestas que son innegociables para la izquierda y evitaron que progresara en el Congreso en la pasada legislatura. «S deberá discutir sobre el procedimiento, las competencias y los principios que la orientan», dijo Carvajalino.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, respaldó la ley antifracking, que busca evitar que De la Espriella inicie pilotos de fracturación hidráulica del suelo para buscar petróleo y gas. «Primero es el agua, primero es la vida. No es una consigna vacía: es una conclusión respaldada por la ciencia». Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la radicación del Estatuto del Trabajo y Salario Vital que, entre otras medidas, busca «otorgarle rango de ley al cálculo del salario que le siga permitiendo a los trabajadores y a sus familias cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, entre otros bienes esenciales». Es decir, a convertir en ley los criterios que usó el Gobierno Petro voluntariamente en diciembre pasado para aumentar de forma histórica el salario mínimo.

Más allá de las intenciones del Gobierno saliente, es improbable que estas reformas avancen. A pesar de ser la bancada más grande del fragmentado Congreso, Pacto Histórico solo tiene 26 de los 103 senadores y 41 de los 182 representantes a la Cámara. Sin embargo, dejan en el Legislativo un programa político entero, que puede producir discusiones y debates, mantener vivas las banderas del progresismo y servir de contraste con las medidas que tome el presidente entrante, uno que ha enfocado su estrategia en una batería de decretos que revertirán cambios impulsados por Petro y, por lo menos en un primer momento, desviarían los ojos de un legislativo en el que la izquierda tiene un peso significativo.

EL PAÍS