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La reactivación de la iniciativa, presentada en 2017, llega cuando faltan menos de dos semanas del plebiscito sobre la propuesta constitucional

El Gobierno de Gabriel Boric ha anunciado este martes su propuesta para reducir en cinco años la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. El impulso al proyecto de ley, al que se le ha dado suma urgencia para su discusión parlamentaria, podría impactar de manera directa a más de cuatro millones de trabajadores. En un acto de alto nivel en palacio de La Moneda, el presidente chileno ha dado a conocer los avances e indicaciones realizadas a la propuesta que modifica el Código del Trabajo, en cuya discusión ha participado el Ejecutivo, los sindicatos y el sector empresarial. La reactivación de la normativa llega a menos de dos semanas del plebiscito sobre la propuesta constitucional, que se votará el próximo 4 de septiembre.

Entre las indicaciones presentadas al Congreso figura la implementación gradual de la medida para todo tipo de empresas. Si se aprueba el proyecto, la primera rebaja será a 44 horas semanales y se llevará a cabo durante el primer año. En el tercer año, a 42 y a partir del quinto entrarán en vigencia las 40 horas, el promedio de los países miembros de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). De este grupo, México y Colombia encabezan el listado de las jornadas laborales más largas con 48 horas a la semana. La misma cantidad que rige en los territorios vecinos a Chile: Argentina, Bolivia y Perú.

Cuando la actual portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, presentó el proyecto de ley en 2017 en su calidad de diputada por el Partido Comunista, se alzaron las críticas desde el sector empresarial, principalmente, por resquemores a que impactara negativamente en la productividad, desempleo y salarios. Este martes, Boric ha recogido el guante de quienes están en contra. “Cuando el presidente [Ricardo] Lagos, hace cerca de 15 años, rebajó la jornada de 48 a 45 horas, también hubo voces que se opusieron, pronosticaron males importantes para la economía y ahora ocurre algo parecido. Sin embargo, se ha ido generando una transversalidad que me parece tremendamente destacable”, sostuvo el mandatario, acompañado de varios ministros, parlamentarios de todos los colores políticos y dirigentes gremiales.

Tras el anuncio, varios representantes del sector empresarial celebraron el impulso, destacando que se había considerado los acuerdos a los que habían llegado previamente empleadores y sindicatos. “Este [anuncio], más que un compromiso de campaña, es un compromiso de todos en Chile”, afirmó Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y de Comercio (CPC), la corporación empresarial chilena que congrega a los principales sectores productivos del país. Hace un par de semanas, Sutil y tres centrales de trabajadores anunciaron un acuerdo sobre las 40 horas, en que el empresariado solicitó que fuese “gradual” y que permita la “adaptabilidad”.

En señal de respuesta, Boric aseguró este martes que la reducción debe implementarse “con cuidado y responsabilidad sobre los efectos que pueda tener en la economía, protegiendo el empleo y las remuneraciones”. En concreto, buscarán “una aplicación gradual de la reducción de jornada, que permita a las empresas ajustar sus procesos productivos y absorber la reducción con el menor impacto posible” y “habrá un acompañamiento especial a las micro y pequeñas empresas”, un sector que también ha sido crítica con una de las promesas de campaña del gobierno de izquierdas. La propuesta se encuentra en el Senado en su segundo trámite legislativo.

El diputado del partido de derecha Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien integran la comisión de Trabajo de la Cámara Baja remarcó que “la principal preocupación del Gobierno debiera ser recuperar los niveles de empleo pre pandemia y producir nuevos puestos de trabajo, fortalecer el mercado laboral para recuperar los salarios reales de los trabajadores que se han visto muy mermados producto del proceso inflacionario que hemos vivido”.

Entre las indicaciones presentadas por el Ejecutivo figuran medidas que abordan los casos donde no es posible materializar una disminución de horas de la jornada, como mecanismos de compensación (días libres). También contemplan la “corresponsabilidad social”, entendiéndose como los empleados que lidian con “la desigual repartición de las tareas de cuidados” o aquellos trabajo no remunerado, que suelen recaer en las mujeres.

EL PAÍS