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El Gobierno argentino pedirá al Congreso que incie el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, «para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones». La decisión supone un fuerte contraataque al fallo judicial que obliga al Ejecutivo a aumentar los fondos que entrega a la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país y gobernado por la oposición. La coalición oficialista Frente de Todos solicitará también que se investigue a los otros tres integrantes del máximo tribunal, tal y como confirmó este martes el presidente, Alberto Fernández, después de obtener el apoyo de 12 de los 23 gobernadores.

Fernandez se reunió este mediodía con ocho gobernadores peronistas en la Casa Rosada para ultimar la estrategia. El oficialismo no tiene los votos suficientes en el Parlamento para sacar adelante el juicio político, pero pretende desgastar a los jueces en una maniobra que tensa aún más la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y extrema la polarización de la sociedad argentina al inicio de un año marcado por las elecciones presidenciales de octubre.

La guerra que mantienen ambos poderes del estado estuvo a punto de desencadenar un grave conflicto institucional hace diez días, cuando Fernández, con el apoyo de 14 gobernadores provinciales, amenazó con rechazar el fallo de la Corte que le obliga a entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% del total recaudado en impuestos de coparticipación federal. En 2016, el presidente Mauricio Macri aumentó por decreto las partidas que recibía la capital del 1,40% al 3,75%, una valiosa ayuda para el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político. En 2020, Fernández la redujo al 2,20% y Rodríguez Larreta lo denunció ante la Justicia. La Corte Suprema, la última instancia, ordenó que debía aumentarlos hasta el 2,95%. El fallo es inapelable, pero el peronismo lo rechaza por considerar que supone entregar a la capital unos 180.000 millones de pesos (casi 1.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial) que no están contemplados en el presupuesto.

Fernández, que es profesor de derecho penal, justificó el pedido de juicio político por las «insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional». «Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica», anticipó el domingo a través de un comunicado.

Al término de la reunión celebrada este martes entre Fernández y los gobernadores provinciales, siete de ellos ofrecieron una breve rueda de prensa para manifestar su apoyo al pedido de juicio político. «Es algo que no tiene antecedentes en la historia», declaró el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al respaldar la medida. «Tiene que ver con la división de poderes, la Corte ha avanzado sobre el Poder Ejecutivo y Legislativo», agregó este gobernador, uno de los más cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Según Kicillof, está previsto que mañana, miércoles, se eleve la propuesta a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que debe resolver si pone en marcha el procedimiento o lo desestima. Esta comisión está controlada por los diputados que respondel al Gobierno, por lo que se prevé que la respuesta sea afirmativa. Sin embargo, para ser aprobado el juicio político requiere los votos de dos tercios de ambas cámaras legislativas, una mayoría especial con la que no cuenta el gobernante Frente de Todos y que impedirá que prospere.

La maniobra es un nuevo capítulo de la estrategia de descrédito contra el Poder Judicial que encabeza Kirchner, quien fue condenada a seis años de cárcel por corrupción y tiene otras cuatro causas abiertas en los tribunales. Kirchner arremetió contra lo que considera una «mafia judicial» que tiene contras las cuerdas al sistema democrático argentino y anunció que no participará en la batalla electoral de 2023. Kirchner no irá a prisión porque la sentencia no está firme, una instancia que corresponde a la Corte Suprema.

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los principales precandidatos a la presidencia de la coalición opositora Juntos por el Cambio. «No sé si el objetivo de la Corte es financiarle la campaña a Larreta, pero lo va a lograr», dijo el presidente argentino en una entrevista televisiva. A diez meses de las elecciones, las encuestas anticipan un triunfo opositor.

Filtración de chats

Uno de los argumentos del kirchnerismo contra la Justicia son los chats filtrados a la prensa a partir del hackeo del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. De ser ciertos, dejan al descubierto una escandalosa connivencia entre políticos opositores y jueces. En un grupo de Telegram, D’Alessandro buscaba estrategias junto a jueces, fiscales, exaltos cargos de inteligencia y empresarios de medios para justificar un viaje supuestamente pagado por el Grupo Clarín a la estancia del millonario inglés Joe Lewis en la Patagonia. En otra conversación filtrada entre D’Alessandro y uno de los colaboradores más cercanos del presidente de la Corte Suprema, Silvio Robles, se puede leer cómo Robles le da argumentos para intentar que un puesto en disputa en el Consejo de la Magistratura quede en manos de la oposición.

D’Alessandro ha sido denunciado ante la Justicia y este martes pidió una licencia temporal del cargo para defenderse. El ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta se declara víctima de una operación de espionaje ilegal realizada por el kirchnerismo con el objetivo de extorsionarlo y generar una crisis institucional. Para D’Alessandro, el Frente de Todos pretende «tapar a la jefa», en referencia a la vicepresidenta.

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