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La derecha clásica y la ultraderecha hicieron un acuerdo político con el partido Perú Libre, autodenominado marxista, que traicionó al expresidente.

Una alianza partidaria integrada por el fujimorismo, otros grupos de derecha y el partido Perú Libre (PL), autodenominado marxista, dirigirá la nueva legislatura en Perú para el periodo 2023-2024.

La lista presidida por Alejandro Soto, integrante del partido derechista Alianza por el Progreso (APP) se impuso en la votación interna cameral, a la liderada por el también centroderechista Luis Aragón de Acción Popular (AP) con 77 votos a favor. Su rival obtuvo 39. Hubo cuatro votos en blanco y ocho nulos. Soto es un abogado de 63 años nacido en Cuzco, zona que fue un eje de las protestas antigubernamentales que paralizaron el sur del país, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

Tras jurar el cargo, Soto aseguró en su primer discurso que asume el compromiso de «trabajar por la institucionalidad» y recuperar la imagen del Legislativo ante una «innegable crisis política» que atraviesa el país. «Tenemos una ardua tarea por delante, nuestro país en el último año ha pasado por una crisis política y momentos de convulsión social con amenazas a la institucionalidad y al sistema democrático. La democracia implica el respeto a las minorías, pero también exige el respeto a los derechos de los demás y la preservación de la paz y tranquilidad», enfatizó.

Una alianza partidaria integrada por el fujimorismo, otros grupos de derecha y el partido Perú Libre (PL), autodenominado marxista, dirigirá la nueva legislatura en Perú para el periodo 2023-2024.

La lista presidida por Alejandro Soto, integrante del partido derechista Alianza por el Progreso (APP) se impuso en la votación interna cameral, a la liderada por el también centroderechista Luis Aragón de Acción Popular (AP) con 77 votos a favor. Su rival obtuvo 39. Hubo cuatro votos en blanco y ocho nulos. Soto es un abogado de 63 años nacido en Cuzco, zona que fue un eje de las protestas antigubernamentales que paralizaron el sur del país, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

Tras jurar el cargo, Soto aseguró en su primer discurso que asume el compromiso de «trabajar por la institucionalidad» y recuperar la imagen del Legislativo ante una «innegable crisis política» que atraviesa el país. «Tenemos una ardua tarea por delante, nuestro país en el último año ha pasado por una crisis política y momentos de convulsión social con amenazas a la institucionalidad y al sistema democrático. La democracia implica el respeto a las minorías, pero también exige el respeto a los derechos de los demás y la preservación de la paz y tranquilidad», enfatizó.

«Urgente. Cerremos el Congreso»

Con esta elección, el Congreso peruano seguirá bajo la conducción de un representante de la derecha, luego de que la mesa directiva anterior estuviese presidida el último año por José Williams. La diferencia en esta ocasión es la alianza con Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia peruana a Castillo en 2021 y a la actual gobernante –entonces vicepresidenta– Dina Boluarte.

La alianza ganadora instaló en la primera vicepresidencia del Congreso a Hernando Guerra García de Fuerza Popular y a Waldemar Cerrón de Perú Libre en la segunda. Roselli Amuruz del partido derechista Avanza País obtuvo la tercera. Cuando se presentó esta fórmula hubo una gran sorpresa entre las agrupaciones políticas y la opinión pública: Guerra García es uno de los principales portavoces del fujimorismo y Cerrón es hermano del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Esta elección se realizó luego de la reactivación de las protestas antigubernamentales que piden la renuncia de Boluarte, cerrar el Parlamento y convocar a elecciones generales y a una asamblea constituyente. Durante la votación en el hemiciclo, un grupo de manifestantes se reunió en los exteriores del Congreso para expresar su rechazo a los parlamentarios y reiterar su pedido de cierre del Legislativo, mientras eran rodeados por agentes antidisturbios de la Policía Nacional. «Urgente, urgente. Cerremos el Congreso», «la sangre derramada jamás será olvidada» y «el pueblo unido jamás será vencido», fueron proclamas que se escucharon.

Renuncia a los beneficios

El ahora expresidente del Congreso de Perú, José Williams, anunció que tanto él como el resto de la mesa directiva que dirigió, renunciaron a los beneficios asociados a sus cargos salientes. «Retorno a mi escaño para seguir sirviendo a la nación, por lo que comunico mi renuncia a la extensión de beneficios para los miembros de la mesa directiva saliente. Mis mejores deseos a la nueva gestión en su labor», señaló Williams.

Una alianza partidaria integrada por el fujimorismo, otros grupos de derecha y el partido Perú Libre (PL), autodenominado marxista, dirigirá la nueva legislatura en Perú para el periodo 2023-2024.

La lista presidida por Alejandro Soto, integrante del partido derechista Alianza por el Progreso (APP) se impuso en la votación interna cameral, a la liderada por el también centroderechista Luis Aragón de Acción Popular (AP) con 77 votos a favor. Su rival obtuvo 39. Hubo cuatro votos en blanco y ocho nulos. Soto es un abogado de 63 años nacido en Cuzco, zona que fue un eje de las protestas antigubernamentales que paralizaron el sur del país, tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo.

Tras jurar el cargo, Soto aseguró en su primer discurso que asume el compromiso de «trabajar por la institucionalidad» y recuperar la imagen del Legislativo ante una «innegable crisis política» que atraviesa el país. «Tenemos una ardua tarea por delante, nuestro país en el último año ha pasado por una crisis política y momentos de convulsión social con amenazas a la institucionalidad y al sistema democrático. La democracia implica el respeto a las minorías, pero también exige el respeto a los derechos de los demás y la preservación de la paz y tranquilidad», enfatizó.

«Urgente. Cerremos el Congreso»

Con esta elección, el Congreso peruano seguirá bajo la conducción de un representante de la derecha, luego de que la mesa directiva anterior estuviese presidida el último año por José Williams. La diferencia en esta ocasión es la alianza con Perú Libre, el partido que llevó a la presidencia peruana a Castillo en 2021 y a la actual gobernante –entonces vicepresidenta– Dina Boluarte.

La alianza ganadora instaló en la primera vicepresidencia del Congreso a Hernando Guerra García de Fuerza Popular y a Waldemar Cerrón de Perú Libre en la segunda. Roselli Amuruz del partido derechista Avanza País obtuvo la tercera. Cuando se presentó esta fórmula hubo una gran sorpresa entre las agrupaciones políticas y la opinión pública: Guerra García es uno de los principales portavoces del fujimorismo y Cerrón es hermano del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Esta elección se realizó luego de la reactivación de las protestas antigubernamentales que piden la renuncia de Boluarte, cerrar el Parlamento y convocar a elecciones generales y a una asamblea constituyente. Durante la votación en el hemiciclo, un grupo de manifestantes se reunió en los exteriores del Congreso para expresar su rechazo a los parlamentarios y reiterar su pedido de cierre del Legislativo, mientras eran rodeados por agentes antidisturbios de la Policía Nacional. «Urgente, urgente. Cerremos el Congreso», «la sangre derramada jamás será olvidada» y «el pueblo unido jamás será vencido», fueron proclamas que se escucharon.

Renuncia a los beneficios

El ahora expresidente del Congreso de Perú, José Williams, anunció que tanto él como el resto de la mesa directiva que dirigió, renunciaron a los beneficios asociados a sus cargos salientes. «Retorno a mi escaño para seguir sirviendo a la nación, por lo que comunico mi renuncia a la extensión de beneficios para los miembros de la mesa directiva saliente. Mis mejores deseos a la nueva gestión en su labor», señaló Williams.

En julio de 2022, quien fuera presidenta del Legislativo, Maricarmen Alva, había aprovado un acuerdo para mantener los beneficios asociados a los cargos por seis meses más –una vez que dejaran de ocuparlos– para el presidente del Congreso y los tres miembros de la mesa directiva. Esto implicaba que, aunque volvían a ser simplemente diputados, mantenían por seis meses más un chofer privado, vehículo, combustible y seguridad policial.

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