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El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, presentó este miércoles una denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), cuatro congresistas y un ex ministro por la presunta compra de votos en el Congreso para evitar su vacancia.

La denuncia presentada ante el Congreso incluye a los ex ministros Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, actuales legisladores del oficialismo, al ex titular de Agricultura José Arista, y a los congresistas disidentes del fujimorismo Bienvenido Ramírez y Marita Herrera.

Ramírez y Herrera formaron parte del grupo de legisladores que renunciaron al partido opositor Fuerza Popular junto al congresista Kenji Fujimori por sus discrepancias con la agrupación liderada por la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Los votos de los legisladores disidentes encabezados por Kenji Fujimori salvaron a Kuczynski de un primer pedido de vacancia en diciembre del año pasado, por sus vínculos con la empresa brasileña Odebrecht desde que fue ministro en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Sin embargo, el ex mandatario renunció en marzo último, después de que el fujimorismo denunció que uno de sus legisladores había recibido ofertas de obras en su región a cambio de votar en contra del segundo pedido de vacancia contra Kuczynski.

El fiscal Chávarry, duramente cuestionado por el actual mandatario, Martín Vizcarra, por sus aparentes lazos con una mafia en la judicatura peruana, informó, a través de Twitter, que la denuncia contra Kuczynski y los exministros es por los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado.

Mientras que la acusación contra los legisladores corresponde al delito de cohecho pasivo impropio, todos en agravio del Estado.

La denuncia constitucional responde a «las acciones ilícitas identificadas en presunta compra de votos de congresistas, a cambio de obras y cargos públicos, con el fin de evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski», reiteró el Ministerio Público.

El gobierno peruano ha insistido en los últimos días en la necesidad de que Chávarry deje el cargo en la Fiscalía de la Nación por su cercanía con los exjueces y funcionarios judiciales investigados actualmente por pertenecer a una organización criminal al interior del Poder Judicial.

En ese mismo sentido, el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez, que investiga a la líder opositora Keiko Fujimori, acusó hoy a Chávarry de «dar un mensaje» a sus testigos y colaboradores cuando dice que «en cualquier momento» puede apartarlo a él de la investigación.

Por ello, el fiscal Pérez agregó que este accionar «es precisamente una manifestación para poder identificar que estamos en una causa seguida contra una organización criminal».

Chávarry, quien ha sido citado por Pérez para ser interrogado el 19 de noviembre por su supuestos vínculos con el fujimorismo, dijo el martes en una entrevista al canal Willax que él puede remover «en cualquier momento» a Pérez.

«Puedo removerlo en cualquier momento si yo compruebo que no está cumpliendo con su función, porque el trabajo del fiscal debe ser serio, transparente y no debe estar direccionado», apuntó Chávarry.

Estas recientes declaraciones se suman al mensaje publicado por el fiscal general la semana pasada, tras aprobarse la prisión preventiva por 36 meses contra Fujimori, donde acusó a Pérez de tener «un interés político coordinado con el Gobierno» para no investigar al presidente de Perú, Martín Vizcarra, por la frustrada construcción del nuevo aeropuerto de Cusco.

Con información de EFE

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