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El Tribunal Supremo acepta por unanimidad la denuncia de la Fiscalía contra el ultraderechista por conspirar para mantenerse en el poder y no dar el relevo al dirigente de la izquierda brasileña

Que un antiguo presidente sea sometido a un juicio político o penal no es tan excepcional en Brasil, lo inédito es que vaya a sentarse en el banquillo por golpismo. Jair Messias Bolsonaro, de 70 años, líder de ultraderecha brasileña y militar de la reserva, será juzgado en los próximos meses después de que este miércoles el Tribunal Supremo haya aceptado la denuncia de la Fiscalía contra él por liderar una conspiración para perpetrar un golpe de Estado. Está acusado de maniobrar para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 e impedir el regreso a la Presidencia de Luis Inácio Lula da Silva, líder histórico de la izquierda. Los golpistas contemplaron, según la acusación, el asesinato del presidente Lula, de su vicepresidente y del juez del Supremo Alexandre de Moraes, que instruye el caso y el bolsonarismo considera su bestia negra. Bolsonaro ha seguido la vista del Supremo, televisada en directo, desde el despacho de su hijo Flávio en el Senado.

La decisión de abrir juicio contra Bolsonaro y sus supuestos cómplices ha sido tomada por unanimidad de la primera sala del Supremo, integrada por cinco togados. El instructor del caso, el juez de Moraes, considera que los indicios y pruebas presentados por la fiscalía son suficientes para aceptar íntegra la denuncia. «Creo que las pruebas producidas de manera autónoma por la Policía Federal son suficientes. Y además han sido corroboradas por el colaborador [el principal testimonio incriminatorio] y otros interrogados». Con fines didácticos y para neutralizar el discurso negacionista, Moraes ha exhibido un vídeo del ataque a las sedes de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 para demostrar que los actos entrañaron altas dosis de violencia, «no fue un paseo dominical de señoras con Biblias», ha dicho, en referencia a la narrativa bolsonarista.

Los siete supuestos cómplices que formaron con él el núcleo duro del complot golpista también serán juzgados. Cada uno de ellos se enfrenta a cinco delitos, incluido intento de abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado, que pueden acarrear hasta 43 años de prisión. La expectativa es que el juicio más relevante de los últimos años se celebre en lo que queda de 2025 para que no interfiera más de la cuenta con la campaña para las presidenciales, previstas para octubre de 2026. Lula, de 79 años, tiene planes de buscar la reelección salvo que la salud le dé un disgusto.

La fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una organización criminal armada que organizó una campaña de desinformación para cuestionar las urnas electrónicas, alentar públicamente la ruptura del orden democrático, presionó a la cúpula de las Fuerzas Armadas para romper el orden constitucional y manejó decretos golpistas en una estrategia golpista que culminó en el asalto las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. Justo un año antes, el entonces presidente derrotado Donald Trump alentó el asalto al Capitolio en Washington.

Junto a Bolsonaro serán juzgados siete uniformados, seis que fueron ministros y el séptimo era parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas: el general Walter Braga Netto, que fue candidato a vicepresidente y ministro de Defensa; el general Augusto Heleno (Seguridad Institucional); el general Paulo Nogueira (Defensa); el comisario Anderson Torresel (Justicia); el almirante Almir Garnier, comandante de la Marina; el comisario y actual diputado Alexandre Ramagem, jefe del espionaje interno Abin, y el teniente coronel Mauro Cid, secretario de Bolsonaro y la persona que rompió filas para colaborar con la justicia.

El fiscal general, Paulo Gonet, argumenta en su denuncia que el golpe planeado no salió adelante porque los jefes del Ejército y de la Aeronáutica resistieron las presiones de sus pares y de Bolsonaro, jefe de las fuerzas Armadas, y se negaron a sumarse a la asonada.

De los ocho presidentes que ha tenido Brasil desde el fin de la dictadura (1964-1985), siete fueron denunciados por distintos delitos, pero solo uno, Lula, fue juzgado y condenado por corrupción, en varios casos anulados por un defecto de forma. Otros dos, Dilma Rousseff y Fernando Collor fueron destituidos en juicios políticos.

La piedra angular de la acusación contra Bolsonaro y el resto de los denunciados por urdir la trama golpista es la confesión del secretario personal del expresidente. El teniente coronel Mauro Cid, inicialmente investigado por falsificar la cartilla de vacunación de su jefe durante la pandemia, decidió colaborar con los investigadores en 2023 tras una temporada en prisión preventiva. Su testimonio y su teléfono móvil resultaron una mina para la policía porque era el correveidile de Bolsonaro en su relación con el resto de los presuntos golpistas. El expresidente ha intentado infructuosamente que esa delación premiada fuera anulada.

Cuando perdió definitivamente el poder, Bolsonaro perdió también la inmunidad de la que había disfrutado durante más de tres décadas de carrera política. Las investigaciones contra él se multiplicaron rápidamente: por su gestión del coronavirus, que mató a 700.000 brasileños, por abuso de poder, por falsificar su cartilla de vacunación, por quedarse con unas joyas que regaló de la corona saudí En 2023, los jueces lo inhabilitaron para concurrir a las elecciones hasta 2030.

Pero él sigue a lo suyo, liderando la extrema derecha, ejerciendo de jefe de la oposición a Lula, que está inmerso en la peor crisis de popularidad de los tres mandatos. La inflación de los alimentos corroe el apoyo del presidente izquierdista. Mientras el Supremo deliberaba sobre el futuro de Bolsonaro, Lula estaba al otro lado del globo, en un viaje oficial a Japón con los presidentes de las dos Cámaras parlamentarias.

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