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El exsenador Hernán David Rivas llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hoy está siendo sometido a juicio porque su título profesional sería irregular

La historia parece sacada de una fantasiosa novela de realismo mágico, pero es verídica. Un niño mimado del poder gobernante en Paraguay se presentó como un influyente abogado; fue electo diputado y luego senador. Llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), un órgano constitucional que investiga, juzga y decide sobre la remoción de jueces, agentes fiscales y defensores públicos. Hoy está siendo sometido a juicio porque su título profesional, expedido por una precaria universidad fronteriza, vinculada a cabecillas del narcotráfico, sería falso.

Pocas veces un proceso judicial es seguido en plataformas digitales y por la televisión como si se tratara de un apasionante partido de fútbol, como sucede con el juicio oral y público que lleva adelante un Tribunal de Sentencia en Asunción, bajo la denominación «Hernán David Rivas Román s/ Producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso». Desde su inicio el lunes 10 de agosto, la atención esta puesta en la transmisión en vivo a través de TV Justicia, la señal del Poder Judicial que es replicada por varios medios de comunicación.

La presunción de que el título de abogado de Rivas era mau (falso o malo, un término popular adoptado del portugués) tiene origen seis años atrás, cuando algunos parlamentarios opositores lo denunciaron. Pero los pedidos de investigación habían sido rechazados por la mayoría del oficialismo colorado que controla las dos cámaras del Congreso. Hasta que el bochorno se volvió tan masivo que los padrinos de Rivas ya no pudieron defenderlo y la Fiscalía acabó imputándolo.

Todo empezó el 3 de junio de 2020, cuando la mayoritaria bancada del Partido Colorado designó al entonces diputado por Itapúa, Hernán David Rivas, como representante del Poder Legislativo en el JEM. La entonces congresista opositora Kattya González fue quien más se opuso, alegando que Rivas no tenía la idoneidad requerida, pues nunca había ejercido la abogacía y se ignoraba que tuviera un título. La mayoría colorada ignoró los cuestionamientos y aprobó la designación, pero el tema empezó a instalarse en medios de comunicación y redes sociales, siendo objeto de memes y de burlas.

Ante la polémica, el 8 de junio de 2020 Rivas presentó al Ministerio de Educación un título de abogado expedido por la Universidad Sudamericana, que en pocas horas fue validado y registrado oficialmente. El diploma tenía llamativas irregularidades y provenía de una de las llamadas «universidades de garaje», precarias, mercantilistas y de poco rigor académico. En este caso, una institución que tuvo como propietario al poderoso narcotraficante fronterizo Jorge Rafaat Toumani, quien la compró en 2015 a su fundador original, el empresario brasileño Carlos Bernardo. Tras el asesinato de Rafaat en 2016, la gestión de la universidad quedó ligada a la figura de otro narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão.

Pocos días después del nombramiento, el analista político Alfredo Boccia Paz se refería en el diario local Última Hora a «la sensación de humillación que deben sufrir los magistrados y fiscales de esta republiqueta al enterarse de que sus actuaciones pueden ser evaluadas por alguien que tiene un dudoso título de abogado, que no tiene matrícula, que jamás ejerció la profesión, que nunca litigó».

Los cuestionamientos y las burlas sobre el caso no hicieron mella en el entorno gobernante. Con el dudoso título regularizado institucionalmente, Rivas juró como abogado ante la Corte Suprema de Justicia el 7 de julio de 2021 y se le concedió la matrícula profesional. Con respaldo de los máximos exponentes del Gobierno y del Partido Colorado, fue electo como senador en abril de 2023, fue nuevamente designado representante del Parlamento en el JEM y esta vez fue nombrado presidente del organismo en forma unánime el 10 de julio de 2023. En declaraciones a la prensa, no negó el padrinazgo político del presidente del Partido Colorado. «Ustedes saben que yo le adoro a don Horacio Cartes», dijo. Pocas semanas después, ante los muchos cuestionamientos, se vio obligado a renunciar a la presidencia del JEM.

Desde entonces hubo varios intentos por demostrar que el título de Rivas era falso y que debía ser destituido de sus cargos, pero las autoridades de su partido y del gobierno continuaron protegiéndolo. Incluso el presidente Santiago Peña aseguró que no le causaba «ni un poco de vergüenza» que Rivas hubiera sido elegido presidente del JEM y calificó de «indignación selectiva» los reclamos sobre el caso. Sostuvo que los cuestionamientos a Rivas y al oficialismo eran simplemente el «precio que hay que pagar por ser el movimiento más grande» del país.

Las manifestaciones prosiguieron cada vez con más evidencias de que el título de abogado era mau. El 18 de enero de 2024, la agente fiscal Patricia Sánchez imputó a Rivas por los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. Sus padrinos políticos lograron que el juez Miguel Palacios y luego un Tribunal de Apelación, con los votos de los camaristas Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro —quien se jubiló al día siguiente— declarasen la prescripción del caso y su sobreseimiento definitivo.

En julio de 2024, la Fiscalía ratificó la imputación y en setiembre de 2025 las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron la acusación definitiva, solicitando que el proceso fuera elevado a juicio oral y público. Ya durante este año, el 7 de mayo, la Corte Suprema de Justicia anuló el sobreseimiento definitivo de Rivas, alegando que no existían obstáculos legales ni afectación de derechos para que las acusaciones de la Fiscalía se discutieran en un juicio oral y público.

Fue el día en que se dio vuelta la tortilla. Legisladores de la oposición y de la disidencia colorada anunciaron que iban a solicitar la pérdida de investidura del cuestionado senador. Rivas entendió —o le hicieron entender— que su permanencia en el Congreso se había convertido en una carga pesada e incómoda para el movimiento oficialista Honor Colorado. Tras mantener conversaciones telefónicas con líderes de su bancada y con el presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, aceptó renunciar a su banca para descomprimir la crisis y evitar que el debate afectara al parlamento, trasladando su defensa exclusivamente al ámbito judicial.

Entonces comenzó el show. El pasado 10 de agosto se inició el juicio oral y público, conducido por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, y con unos 70 testigos convocados a declarar. Hasta ahora, todos los que prestaron declaración han ratificado que el título de Rivas es falso.

Las propias exautoridades de la Universidad Sudamericana que testificaron no pudieron asegurar que Rivas haya sido alumno de la entidad. Óscar Rodríguez Kennedy, exdecano de la Facultad de Derecho, dijo que se vio obligado a firmar el título de abogado y el certificado de estudios de Rivas por temor a una demanda, pero aclaró que no le consta personalmente que el exlegislador haya cursado o terminado la carrera. Admitió que firmó confiando ciegamente en el área administrativa de la universidad. Como dato anecdótico, reveló que firmó el título dentro de su automóvil mientras se encontraba estacionado frente a la sede de la universidad, sin bajarse del rodado.

El ex ministro Euclides Acevedo, un veterano dirigente político, quien fue rector de la universidad, admitió haber firmado también el título «de buena fe», pero aseguró que no conocía a Hernán Rivas, que nunca tuvo contacto con él y que no le constaba si realmente cursó o no la carrera de Derecho. Otros exalumnos y excoordinadores académicos coincidieron de forma unánime en que jamás vieron a Rivas en las aulas o rindiendo los exámenes.

Un detalle ilustrativo es que el irregular certificado de estudios de Rivas señala que el supuesto alumno llegó a rendir seis materias muy difíciles en un solo día. Cuando el juez Juan Carlos Zarate le preguntó al exdecano de Derecho si era posible que un estudiante cumpleiar tal hazaña, el catedrático respondió: «¡Imposible!».

Quienes defendían a Rivas en el entorno del Gobierno pasaron a guardar un sepulcral silencio, mientras otros admiten que se equivocaron al protegerlo. El exdiputado colorado Hugo Ramírez, el que propuso en nombre de la bancada que Rivas fuera representante del Congreso ante el JEM, admitió haberlo hecho «por una decisión política» y que estaba arrepentido.

El proceso tiene todavía un largo periodo por delante, ya que solo declararon unos 20 de los 70 testigos. El caso aparece como la punta del iceberg de una situación mucho más grave, la existencia de toda una mafia que opera desde el sistema educativo con la venta de títulos falsos en las universidades del Paraguay. El propio ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, denunció ante la Fiscalía cerca de 330 títulos bajo sospecha de ser totalmente falsificados. A eso se suma la detección de más de 550 usuarios no identificados que ingresaron ilegalmente al sistema informático de registros. Más de 280 funcionarios del ministerio se encuentran bajo sumario administrativo y varios ya fueron apartados de sus cargos mientras avanza la investigación judicial.

En la causa contra Rivas, la fiscalía solicitará una condena de hasta 11 años y 6 meses de cárcel, pero muchos aún temen que sus poderosos padrinos políticos vuelvan a intervenir para salvarlo de ir a prisión.

EL PAÍS