BLOG

Los mercados financieros celebraron en el arranque del jueves el decreto de Javier Milei que desregula de un solo golpe la economía argentina. Las acciones de bancos locales registraron subidas de hasta el 13% en la bolsa de Buenos Aires, los bonos soberanos en dólares operaron al alza en Wall Street y el riesgo país cedió casi 40 puntos. Pero la fiesta se pinchó a medida que avanzaba el día y crecían nubarrones en el horizonte: el decreto debe superar una compleja carrera de obstáculos. La resistencia encontrada en el Congreso, en la Justicia y en las calles puede frustrar los planes del presidente para desmantelar el Estado a través de cientos de derogaciones y modificaciones normativas. La disputa que se avecina ante este desafío sin precedentes será larga.

«La primera interpretación debería ser positiva. Sin embargo, dado que hay muchos sectores que presentarán quejas ante la justicia, la pregunta sobre la sostenibilidad permanece latente», subrayó el grupo financiero Adcap. Otros operadores bursátiles aplaudieron de entrada el espíritu promercado de las nuevas normativas, pero moderaron también su entusiasmo a la espera de la reacción de legisladores y jueces, quienes tienen la última palabra. Por ahora, es claramente adversa.

Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) son un mecanismo constitucional excepcional regulado desde 1994. En un escenario de catástrofe natural o social, permiten que el Ejecutivo dicte o modifique leyes para hacer frente a algún asunto urgente que no pueda esperar al debate en el Congreso. Entre los abogados constitucionalistas hay consenso en que ese no es el caso del decreto firmado el miércoles por Milei, que incluye reformas que no son necesarias ni tampoco urgentes. Denuncian que el presidente se arrogó facultades que corresponden al Poder Legislativo, una crítica repetida también por gran parte de la oposición.

Milei ganó con el 56% de los votos en segunda vuelta. Lo acompañaron más de 14 millones de argentinos que querían un cambio de rumbo que sacase a la economía argentina de una década de estancamiento, aumento de la pobreza e inflación. Pero su conducta en los primeros días de Gobierno ha encendido las alertas de todo el sistema institucional argentino. «El decreto infringe prácticamente todo. Aunque le guste el contenido, aquí lo que falla es la forma», condena el profesor de derecho constitucional Daniel Sabsay.

Una multitud da un cacerolazo por las medidas anunciadas por Javier Milei, el 20 de diciembre frente al Congreso Nacional.

Entre las más de 300 medidas decretadas por el presidente ultraderechista destaca la prohibición de que el Estado intervenga para controlar los precios de los alimentos, bienes básicos, alquileres y seguros privados de salud: la decisión quedará en manos de empresarios y propietarios. Las empresas públicas podrán ser privatizadas, los clubes de fútbol convertidos en sociedades anónimas y los extranjeros dejarán de tener un límite para comprar tierras en Argentina. Los contratos serán aceptados tanto en pesos argentinos como en cualquier otra moneda.

A partir de ahora, para los trabajadores será mucho más difícil hacer huelga y mucho más fácil quedar en la calle. En cambio, el panorama mejora para los empresarios: nadie les multará ya si tienen empleados contratados de forma irregular ni si estos cumplenjornadas laborales de hasta 12 horas por día. Los bancos podrán ocultar las comisiones de las tarjetas de crédito a sus clientes y la industria nacional dejará de estar protegida mediante aranceles.

Riesgo democrático

«Gobernando de este modo está en peligro la democracia», advierte el abogado y jurista Roberto Gargarella, quien se opone a las restricciones impuestas al derecho a la protesta y a este mega decreto, que considera inconstitucional. Gargarella remarca que cualquier Gobierno debe ajustarse a la ley, por más que no le guste, y le sorprende que un presidente que llegó al poder con minoría parlamentaria y sin apoyo sindical haya firmado un decreto de tal magnitud sin negociarlo antes. «Hay muchos legisladores que podían estar de acuerdo con parte del texto, pero ha generado mucho enojo que pasase por arriba del Congreso», asegura.

El peronismo en bloque, ahora en la oposición, ha expresado un rechazo total al texto. «Esto es una política de entrega del país que beneficia a diez vivos, ni la más mínima consideración para la gente», declaró este jueves el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans. Las críticas son también contundentes desde el sector moderado de la coalición conservadora Juntos por el Cambio. «Así no», zanjó Horacio Rodríguez Larreta en las redes sociales. El exalcalde de Buenos Aires y ex precandidato presidencial, ha subrayado que Argentina necesita reformas profundas pero «solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción».

Horacio Rodríguez Larreta con la ahora Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el 13 de agosto en Buenos Aires.

Mayoría de las dos cámaras

El Poder Legislativo vota el DNU íntegro. Es un órdago a todo o nada. Para derogarlo necesita el voto negativo de la mayoría de ambas Cámaras. Basta con que una de ellas vote a favor o incluso que no lo trate para que el decreto se mantenga vigente, según la reglamentación impuesta durante el kirchnerismo en 2006. Ninguno de los decretos presidenciales firmados desde entonces ha sido derogado en el Congreso, pero el de Milei podría ser una excepción, según Gargarella: «La movida ha sido tan provocativa, tan sin buscar acuerdos con nadie, que por primera vez en la historia es posible que las dos Cámaras se junten en la derogación de un decreto». Aun así, cree que es posible que supere esta prueba y ve más posible que la anulación llegue por la vía judicial. «En términos judiciales eso va a ser anulado apenas se pueda, en especial a la luz de jurisprudencia de la Corte», augura.

«Sin duda se va a judicializar», coincide el abogado, juez y político Ricardo Gil Lavedra. A diferencia de la vía política, que debe tratar el decreto como un libro cerrado, la judicial puede ir despedazándolo por partes. Gil Lavedra está convencido de que en los próximos días se realizarán numerosas presentaciones de los distintos grupos afectados ante los tribunales argentinos. Los fallos en primera instancia podrán ser apelados por un tribunal superior y así hasta llegar a la Corte Suprema, en un camino que podría demorarse meses, incluso años. El máximo tribunal no tiene plazos para expedirse, advierte. Altas fuentes judiciales consultadas por EL PAÍS descartan también que la Corte recurra a atajos jurídicos como el per saltum para expedirse lo antes posible.

«Lo que le da previsibilidad a un sistema es el cumplimiento de la Constitución. Es muy importante que todo se haga dentro del marco de la Constitución y este decreto escapa a esos parámetros», lamenta Gil Lavedra. En la misma línea, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez cree que la situación de emergencia defendida por el Ejecutivo no se sostiene. Por el contrario, cree que se trata de un decreto «que afecta la división de poderes» y busca «imponer un proyecto político».

Los obstáculos políticos y judiciales pueden agrandarse si crecen las incipientes protestas ciudadanas. El miércoles por la noche, miles de personas protagonizaron un cacerolazo espontáneo en rechazo a las medidas leídas por Milei en cadena nacional. Primero salieron a las avenidas centrales de muchas ciudades de Argentina y más tarde se concentraron a las puertas del Congreso argentino, en Buenos Aires. Este jueves y viernes hay convocadas nuevas acciones de protesta contra el Gobierno, pero el sábado los roles se invertirán y las calles serán de quienes lo defienden. La polarización de la sociedad argentina, a menos de dos semanas de asumir Milei, es más extrema que nunca.

EL PAÍS