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La Corte Constitucional de Ecuador decidió despenalizar el aborto en todos los casos de violación y no solo cuando las víctimas son mujeres con discapacidad mental como hasta ahora recogía el Código Penal ecuatoriano. Con siete votos a favor de un total de nueve jueces, se declara inconstitucional esa parte del artículo 150, inciso dos, que solo considera aborto no punible cuando “el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”.

Con su pronunciamiento, la Corte Constitucional de Ecuador extiende la eximente de responsabilidad de penal a todas las víctimas, realzando, además, que la Constitución del país andino reconoce en su artículo 66 el derecho de las personas “a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”.

A última hora de este miércoles, no se había hecho público el contenido de la resolución de la Corte, pero sí la decisión tomada por una mayoría más amplia que la que dio paso al matrimonio igualitario en junio de 2019. Entonces, hubo cinco votos a favor y cuatro en contra. Ese mismo año, tres meses después, la Asamblea Nacional debatió la despenalización del aborto por violación pero rechazó la reforma al Código Penal.

Colectivos feministas celebraron la noticia como una conquista social que alivia en parte la situación de vulnerabilidad de muchas niñas ecuatorianas, en un contexto de normalización de abusos sexuales en el ámbito familiar y con unas abultadas cifras que desnudan la realidad sobre salud reproductiva de las menores y jóvenes ecuatorianas. Es el segundo país de Sudamérica, después de Venezuela, con mayor tasa de embarazo adolescente, con 77,3 de cada 1.000 partos. Según la Coalición Nacional de Mujeres, en un informe sobre argumentos para dar paso a la despenalización, 20.052 niñas menores de catorce años dieron a luz entre 2008 y 2018 y todas fueron atendidas en el sistema de salud.

Con cifras de la organización Surkuna, una de las partes demandantes en la causa que ahora ha resuelto la Corte Constitucional, 250 mujeres han sido judicializadas y presas en el sistema de Salud por solicitar atención por abortos en curso y/o partos prematuros, bajo la sospecha de aborto provocado. El 85 % del casi medio millón de mujeres que han abortado en el país entre 2004 y 2014 lo hizo en la clandestinidad o mediante autoinducción.

Cinco niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en Ecuador. Por su edad, la ley considera que esos 1.816 embarazos anuales son siempre fruto de una violación. Pero esa misma ley las condenaba. O a tener un hijo no deseado después de un episodio de violencia sexual o arriesgarse a ir a la cárcel por interrumpir el embarazo.

Uno de los casos de mayor trascendencia concluyó a finales de 2020 cuando el presidente ecuatoriano Lenín Moreno tuvo que pedir disculpas públicas en nombre del Estado a la madre de Paola Guzmán, en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ecuador había sido condenado a resarcir a la familia de la joven de 16 años que fue abusada por un profesor 50 años mayor durante un año y que terminó suicidándose. Sucedió hace 18 años. El responsable nunca fue condenado y la CIDH reconoció el abandono de las instituciones a la víctima.

El País