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La ley amplía los recargos nocturnos para todas las empresas, garantiza el pago del 100% por el trabajo en festivos y dominicales, recupera el carácter laboral de los aprendices del SENA y pone límites a los contratos a término fijo

Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes han aprobado en la mañana de este viernes la reforma laboral presentada hace dos años por el presidente Gustavo Petro. El proyecto que les devolverá derechos laborales a millones de trabajadores en Colombia entrará en vigencia una vez el presidente firme la ley. El primer mandatario de izquierda en la historia reciente del país logra así una de las victorias legislativas más importante de sus casi tres años de Gobierno y avanza en el cumplimiento de las promesas de su campaña relacionadas con las reformas sociales.

El ministro del trabajo, Antonio Sanguino, celebró la aprobación del proyecto de ley: “¡Lo logramos, Colombia! La reforma laboral fue aprobada en conciliación y pasa a sanción presidencial. Gracias a cada trabajador, a cada joven, a quienes no se rindieron y creyeron en el cambio. Este no es un triunfo del Gobierno, es del pueblo que camella con dignidad», dijo al terminar la votación. El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó una imagen del triunfo en sus redes sociales. “El trabajo digno es ley”.

#ElTrabajoDignoEsLey ✊🏽🇨🇴 pic.twitter.com/etJ0OgkGu4

— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 20, 2025

La aprobación de la reforma laboral, además, anula la tesis de que el Congreso busca bloquear al Ejecutivo. Al tiempo, le quita fuerza y legitimidad a la consulta popular, que el presidente prometió retirar después de la conciliación, y desinfla cualquier intento de buscar una asamblea constituyente. El documento aprobado este viernes es el resultado de dos años de diálogo entre los distintos sectores políticos de Gobierno y de oposición, y refleja las tensiones entre el empresariado y el sindicalismo. Su aprobación se da un mes después de que la plenaria del Senado reviviera en una inédita decisión el proyecto hundido en la comisión Séptima. El texto mantiene una parte importante de la esencia con la que fue radicado, que se concentra sobre todo en los derechos individuales de los trabajadores formales, pero deja por fuera la mayoría de los derechos colectivos y sindicales que proponía inicialmente.

La representante del oficialista Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, ponente y conciliadora del proyecto, celebró la victoria legislativa. “Esta es una de las leyes más importantes de las últimas décadas. Mejorará sin duda la vida de millones de personas. Es, a la vez, una política de primer empleo, de formalización laboral, de reducción de la pobreza y la desigualdad, de aumento de la productividad y de fomento del crecimiento económico a través del impulso a la demanda agregada”. Los puntos más importantes del proyecto, compuesto por 70 artículos, incluyen la ampliación por dos horas más del horario en el que se debe pagar un recargo por el trabajo nocturno, aplicable para todas las empresas; el pago de un 100% y no un 75% adicional por laborar los festivos y dominicales; la recuperación del carácter laboral de los aprendices del SENA y los límites a los contratos a término fijo.

Los gremios y los sectores de oposición liderados por el Centro Democrático y Cambio Radical han insistido en que la reforma afectará a las pequeñas empresas y elevará las ya altas tasas de desempleo e informalidad. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, cuestionó la aprobación de la ley: “Estoy segura de que las consecuencias serán negativas para los colombianos. Este país no necesita discursos ideológicos, sino soluciones. El Centro Democrático vota no porque esta reforma significara un enorme retroceso para los trabajadores”.

¿Qué se aprobó?

La jornada que se considera nocturna se extenderá dos horas: comenzará a las 7 p. m., en vez de a las 9 p. m., como está hoy en día, y mantendrá su horario de finalización a las 6 a. m. Esto significa que quienes trabajen entre las 7 p. m. y las 9 p. m. ahora tendrán derecho a recargos del 35% por estas horas de trabajo. No quedan exceptuadas de ese pago las medianas o las pequeñas empresas, como reclamaba un sector de la oposición. El Gobierno tuvo que moderar sus expectativas sobre el horario de inicio. Su intención original era que comenzara a las 6 p. m., como era antes de una reforma que lideró la Administración de Álvaro Uribe en 2002.

Los recargos por trabajar domingos y festivos aumentarán del 75% al 100%. Es decir, las personas que tengan jornadas laborales durante estos días de descanso tendrán derecho a que se les pague el doble por cada hora trabajada. Las empresas podrán adaptarse de manera gradual: 80% a partir de julio de 2025, 90% en julio de 2026 y 100% en julio de 2027. No tuvo éxito la propuesta de la oposición de excluir los festivos del aumento por la elevada cantidad de días de este tipo que existe en Colombia, más de 18.

Los contratos a término fijo ya no podrán renovarse durante décadas. El tope máximo será de cuatro años, como estipulaba el texto aprobado en la Cámara de Representantes el año pasado. Es un punto medio entre los dos años que quería el Pacto Histórico y los cinco que había aprobado la Comisión Cuarta del Senado hace unas semanas. Para los trabajadores, es un gran avance que garantiza estabilidad y una indemnización justa en caso de despido. Hasta ahora, podían darse situaciones como que un empleado pasara 20 años en una compañía y perdiera su empleo sin ninguna indemnización: bastaba con que su contrato venciera y no fuera renovado.

Los estudiantes del SENA sumarán una amplia gama de derechos en sus prácticas. Tendrán aportes pensionales y aumentarán sus sueldos, que pasarán de 50% del salario mínimo a 75% en el primer año de sus estudios, y de 75% a 100% en la etapa laboral, el segundo año. Asimismo, la plenaria del Senado cedió a último minuto en reconocer el carácter laboral que había eliminado la Comisión Cuarta. Esto les otorga, además, derechos como primas, cesantías y vacaciones. Las multas por no contratar un aprendiz también aumentarán. Las empresas tendrán que pagar una cuota que pasará de 1 a 1,5 salarios mínimos por cada cupo. Ha quedado fuera la excepción que se contemplaba para los empleadores que demostraran que hicieron una solicitud y que el SENA no tuvo un practicante disponible para enviarles.

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