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Faltando menos de un mes para que el oficialismo y la coalición opositora elijan a sus abanderados para disputar la presidencia de México en 2024, las propuestas para frenar la creciente violencia son un tema cada vez más recurrente en mítines y parte central de la estrategia comunicacional de los aspirantes.

En las últimas semanas, numerosos episodios de violencia, denuncias de connivencia entre autoridades y traficantes, y brutales masacres ligadas a la criminalidad del narcotráfico han vuelto a poner el foco mediático en la dramática situación en materia de seguridad pública que atraviesa México.
A poco más de un año de que termine, el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es el más violento de la historia moderna del país, con 156.136 asesinatos hasta el 24 de mayo, de acuerdo a cifras oficiales. El propio mandatario lo reconoció, sin embargo, acusó que es resultado de la herencia que le dejaron administraciones anteriores.

La preocupación de los ciudadanos por el deterioro de la seguridad pública se refleja con claridad en las encuestas.

Según el último trabajo correspondiente a la primera semana de agosto realizado por LaEncuesta.mx, que elabora un tracking semanal de la popularidad del presidente López Obrador, si bien la aprobación del mandatario se encuentra por encima del 60% a nivel general, al preguntarle a los encuestados por los resultados en seguridad, un 83.7% desaprueba el manejo de la materia en el actual Gobierno.

La misma inquietud arroja la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante junio de 2023, 68,6% de las mujeres y 54.8% de los hombres mayores de 18 de años consideraron inseguro vivir en su ciudad, evidenciando que el problema no se limita solamente a los estados más violentos del territorio o aquellos cercanos a la frontera con Estados Unidos, donde existe una fuerte presencia de los grupos del narcotráfico, sino que también es sufrido en los grandes centros urbanos.

Por esta confluencia de problemas estructurales y esta ola de violencia coyuntural, los precandidatos a la presidencia tanto del oficialismo como de la oposición han convertido al combate a la narcodelincuencia en el tema principal de sus estrategias, al llegar a la recta final de sus campañas para lograr ser los abanderados de sus respectivas coaliciones en los comicios generales del 2024.

La necesidad de hablar de inseguridad

El primero en poner el tema sobre la mesa entre los precandidatos presidenciales fue el excanciller y aspirante de Morena —Movimiento de Regeneración Nacional— Marcelo Ebrard.

Necesitado de un impulso para acortar la diferencia en intención de voto con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien lo supera en todas las encuestas, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó el mes pasado un ambicioso programa para combatir la delincuencia, titulado «Plan Ángel».

La inciativa, que el exjefe de la Policía capitalina (2002-2004) dijo que resultaría en «el México más seguro de la historia», gira en torno al reconocimiento facial, la utilización de drones y la creación de bases de datos elaboradas con inteligencia artificial.

Varios especialistas y activistas criticaron el anuncio, advirtiendo que el plan podría resultar en la violación de privacidad y que la seguridad de los datos recogidos no está garantizada, aunque no se trató de los únicos cuestionamientos que recibió.

«El principal problema con el «Plan Ángel» es que está demasiado enfocado en la parte tecnológica y evita entrar en el fondo del problema», declaró a Sputnik el analista Maximiliano García Guzmán, doctor en ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

«Es decir, para Ebrard, de acuerdo a esta propuesta, el combate a la inseguridad se puede encaminar modificando cuestiones procedimentales-tecnológicas, pero no hay nada sobre las cuestiones social y económicas que propician el boom de delincuencia, como tampoco sobre la corrupción de autoridades con respecto a los grupos narco», valoró.

Una de las personas que señaló el presunto aspecto reduccionista de la propuesta de Ebrard fue la propia Sheinbaum, quien dijo en declaraciones a la prensa que en materia de combate al crimen «la tecnología es un instrumento, pero no la solución».

«Mejor que presente lo que piensa», fue la contundente respuesta del excanciller, quien sugirió que Sheinbaum desconocía de lo que estaba hablando. La aspirante morenista recogió el guante y subió esta semana a sus redes sociales un video destacando los presuntos logros en seguridad durante su gestión al frente de la capital mexicana.

«Ya lo hicimos y claro que lo podemos hacer», dice la aspirante presidencial y también científica en el video, señalando que logró una disminución del 58% de la incidencia delictiva y del 51% de los homicidios, lo que catalogó como una «reducción histórica del delito» en la Ciudad de México.

Sin embargo, en el video, además de destacar el aumento en la colocación de cámaras de vigileancia en la vía pública y las mejoras en la capitación de la policía, Sheinbaum celebró la coordinación con la Guardia Nacional, la institución encargada de la seguridad pública a nivel federal creada por López Obrador.

Además, destacó los distintos programas educativos, culturales y deportivos enfocados a los jóvenes puestos en marcha por el Gobierno, en lo que son claros guiños a las posturas del actual presidente, quien ha favorecido un enfoque basado en atender las causas estructurales de la delincuencia en lugar de un enfrentamiento directo con los criminales.

Ebrard, quien se ha caracterizado por un mayor tono confrontativo que Sheinbaum en este momento de la vida pública mexicana, respondió mediante un video ese mismo día, donde dice que muchas de las propuestas de Sheinbaum se remontaban a las gestiones encabezas por López Obrador (2000-2005) y él mismo (2006-2012) como jefes de gobierno de la capital mexicana.
«Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad, con los mejores resultados en lo que va del siglo», ironizó Ebrard, y añadió que la cuestión es «ver lo que sigue y qué otros pasos podemos dar», además de invitarla a «pensar en grande».
«Es interesante ver a los aspirantes de Morena discutir el tema de la seguridad pública, ya que deben ser muy cuidadados con las expresiones que utilizan”, explica García Guzmán. «Por un lado, deben reconocer las falencias y admitir que hacen falta mejoras, pero por el otro lado no pueden ser muy críticos y arriesgar enojar al presidente López Obrador».

Duros cuestionamientos desde la oposición

Mientras que los aspirantes de Morena deben hacer malabares discursivos para proponer soluciones sin juzgar negativamente las aplicadas por el actual presidente, los candidatos de la oposición no han ahorrado calificativos para reprochar al Gobierno su manejo de la seguridad.

La empresaria Xóchitl Gálvez, quien ha emergido como la favorita de la coalición Frente Amplio por México, que nuclea a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), ha dicho que no «habrá abrazos» para los criminales y que recuperará algunas políticas en materia de seguridad implementadas durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

El exmandatario panista es habitualmente señalado por López Obrador como el principal responsable de la violencia en México por haber establecido su controversial «guerra contra el narcotráfico», una política de seguridad marcada por el combate abierto a los cárteles iniciada tan pronto como arrancó su sexenio, en diciembre de 2006, y que desató un derramamiento generalizado de sangre en el territorio nacional.

Las acusaciones del actual mandatario contra Calderón se hicieron todavía más frecuentes luego de que el principal funcionario del panista en la materia, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, fue declarado culpable en EEUU por tráfico de drogas y delincuencia organizada a comienzos de este año.

Gálvez, sin embargo, sorprendió en los últimos días reivindicando las políticas de seguridad de la época de Calderón.

«Antes, al menos la Policía Federal te paraba en las carreteras, los veías. Hoy la Guardia Nacional no existe», dijo la también senadora esta semana en una conferencia de prensa en el estado de Guanajuato, que cerró el 2022 como el más violento del país.

Sin embargo, la aspirante aclaró que tampoco habrá «balazos», sino una «estrategia bien pensada», de la que adelantó algunos puntos, como un aumento salarial a los elementos de la policía, ya que de lo contrario, argumentó «no va a haber manera de competirle al crimen organizado».

Otro que presentó esta semana su plan de seguridad en caso de ser elegido presidente en 2024 fue el panista Santiago Creel, experimentado político que también aspira llegar a Palacio Nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la estrategia de López Obrador era «fallida» y propuso, entre otras novedades, crear una Policía Civil para combatir los delitos a nivel local, aunque aclaró que mantendría al Ejército en la calle para desarrollar las labores de seguridad.

De acuerdo a García Guzmán, los precandidatos de la oposición aparecen limitados no solo por las disposiciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que establece que los aspirantes no pueden hablar todavía de sus programas, sino por su propia necesidad de antagonizar con López Obrador, prefiriendo enfocarse en las críticas a su gestión.

«Esto deriva en una falta de propuestas concretas sobre cómo se va a combatir a la delincuencia o en recurrir a estrategias del pasado, como por ejemplo la reivindicación de las políticas de Felipe Calderón. Esto, además, tiene que ver con la intención de construir una imagen de dureza para enfrentar al narco, pese a que, en cuanto a resultados, se trató de una política pública que tampoco fue exitosa», concluye García Guzmán.

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