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El exmandatario rechaza la decisión de la autoridad electoral, que reconoce incumplimientos en la inscripción de la organización

La posibilidad de que Rafael Correa vuelva a la primera línea de la política ecuatoriana se estrecha. A la sentencia de ocho años de cárcel que está pendiente de agotar la vía judicial, y de la que depende una eventual candidatura del exmandatario a las presidenciales de 2021, se suma ahora un obstáculo de tinte electoral. La autoridad que regula los comicios ha decidido suspender al partido —junto a otros tres— que iba a ser la nueva plataforma de Correa. El movimiento Fuerza Compromiso Social, que ya sirvió de paraguas para los candidatos del correísmo en las elecciones municipales y provinciales del año pasado, tiene 10 días para presentar descargos y pruebas de que ha cumplido con todos los requisitos formales para ser un partido.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acató este fin de semana la instrucción de la Contraloría que requería eliminar esas siglas del universo de formaciones que se postulan para las elecciones del próximo año. Hace casi un año, en agosto de 2019, el ente de control emitió un informe donde ponía en duda que la formación que cobija a los candidatos afines a Rafael Correa y las otras tres formaciones hubiesen cumplido en el momento de su inscripción con todos los requisitos. Cuestionó, principalmente, el proceso de recogida de firmas tras detectar números de identidad duplicados, menores de edad e incluso ciudadanos que no están en el padrón. Hace un mes, la Contraloría insistió al CNE para que acatara la disposición de dar de baja a las organizaciones, so pena de multa y destitución de tres de los cinco consejeros electorales, incluida la presidenta, Diana Atamaint.

La formación de Correa, Revolución Ciudadana, que no tiene estructura electoral, emitió un comunicado en el que denuncia que se ha consolidado el “fraude electoral” en Ecuador. “Las ilegales presiones ejercidas contra los miembros del CNE por parte del Gobierno central, la Fiscalía General y la Contraloría del Estado lograron que este organismo retroceda y revoque ocho decisiones anteriores (desde agosto de 2016 hasta ahora) en las que había aprobado y ratificado la vida jurídica de esta organización, que ha participado ya en tres eventos electorales”, recoge el documento que habla de una “estrategia” para dejar a su líder fuera del proceso electoral. Correa, además, inquirió en redes sociales que el contralor general, Pablo Celi, “debe ser demandado por todos los perjudicados por sus decisiones espurias”.

Pese al reproche público, el exmandatario ya había anticipado el escenario de perder la formación política que le había servido de base para hacerse con la Prefectura de Pichincha, la provincia de la que Quito es cabecera, en la última convocatoria a las urnas. A mediados de julio, cuando aún no se resolvía el cuestionamiento de los cuatro partidos políticos ahora suspendidos, Correa participó en una reunión con militantes donde se presentó una nueva coalición, Unión por la Esperanza, que alberga entre otros al partido Centro Democrático, que podría servirle como nueva catapulta para sus anunciadas intenciones de concurrir como vicepresidente.

Además de Fuerza Compromiso Social, siglas con las que el exministro Iván Espinel, ahora en prisión por lavado de activos y con dos causas pendientes por peculado y enriquecimiento ilícito, se postuló en las presidenciales de 2017, la Contraloría requirió la eliminación de Podemos, Justicia Social y Libertad es Pueblo. Este último está liderado por Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno.

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