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La Asamblea Nacional alarga el debate con argumentos sobre el inicio de la vida, el castigo a los violadores o el tráfico de tejidos de los fetos

El aborto en casos de violación está despenalizado en Ecuador desde abril del año pasado por una sentencia de la Corte Constitucional. La Asamblea Nacional tiene el mandato desde entonces de regular el acceso de las mujeres embarazadas víctimas de violación a la interrupción del embarazo sin que haya requisitos que obstaculicen su decisión. Pero la decisión no hace más que alargarse. La Asamblea lleva enfrascada en ese trámite desde noviembre, aunque solo falta votar.

Los legisladores han encallado en una discusión sobre los plazos máximos para practicar el aborto que pone frente a frente la realidad de violencia que sufren las mujeres con las creencias religiosas particulares de los diputados. Como no hay una mayoría clara, se concedió una prórroga. El tema vuelve a la Comisión este viernes y, previsiblemente, se votará en el Pleno la próxima semana.

Hay tres puntos críticos que despiertan argumentos inverosímiles. El más intrincado es el de las semanas. La comisión legislativa que da forma al texto legal consideró inicialmente un plazo de siete meses o 28 semanas en consonancia con la realidad existente hasta ese momento en la normativa ecuatoriana. Las mujeres con discapacidad que han sido violadas pueden abortar sin límite de tiempo. Los otros dos nudos aluden a la necesidad o no de que la mujer ponga una denuncia contra el violador antes de permitirle abortar y al alcance de la objeción de conciencia de los médicos en un país con un sistema público deficitario, sobre todo, en zonas rurales. Lo polémico del asunto condujo a reducir ese margen de 28 semanas a 22 en caso de menores violadas y de 20 semanas para las mayores de 18 años. Aún así se consideró inaceptable.

“Estamos aquí en la Asamblea para decidir si vive o muere una vida, alguien que puede llegar a ser un presidente, un asambleísta, un alcalde o un magnífico empresario”, reprochaba en el Pleno Francisco León, legislador de la provincia de Guayas que habló de otros asuntos que, a su juicio, eran prioridades más importantes que deberían debatirse como la educación primaria, la eliminación de burocracia, el acceso a la vivienda digna, la inseguridad o la inversión. “El Estado también tiene que defender la vida”, apostilló desde su escaño Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, para después citar un versículo de la Biblia. “Antes de que te formase en el vientre, ya te conocí; significa que había espíritu y antes de que naciste, te santifiqué”.

Su colega y jefe de bancada, Esteban Torres, fue más allá al afirmar que como trasfondo de la reforma legal hay un interés para comerciar con el “tejido de los fetos”. Remató con un rechazo de plano a cualquier límite temporal. “A mí no me consideren en el regateo de semanas, si son 28, 22, 18, 16 o 12 semanas. Yo no voy a decir cuándo va a terminarse con la vida de un ser humano”. Los argumentos contra la interrupción del embarazo en mujeres víctimas de violación siguieron con alusiones a abortos practicados con cloruro de sodio -la fórmula de la sal- o con la supuesta discriminación que supondrá regular el aborto para los hombres que también han sido violados.

Las más de ocho horas de debate de la semana pasada concluyeron con una certeza: la Corte Constitucional obliga a definir los requisitos para poder abortar, pero no hay votos suficientes para hacerlo. La Comisión de Justicia retomará el tema en la agenda de este viernes para concretar un texto definitivo, pero el asunto de los plazos no es el único que cosecha adversidad en las voces legislativas. “¿Acaso somos máquinas asesinas que no tienen conciencia ni razón?”, hablaba en nombre de los médicos el asambleísta Marcos Molina.

“Estoy aquí defendiendo la vida y también a los médicos de mi país. Jamás estaré de acuerdo en estas imposiciones inconstitucionales. Nos quieren convertir en genocidas. Los médicos salvamos vidas”, reprochó sobre la parte del texto legal que matiza la objeción de conciencia para que se ejerza de forma individual y no institucional, a fin de no restringir el acceso al aborto en la red de salud pública. Y aunque estaba fuera de foco, porque la propuesta de ley no ahonda en el plano penal, también se presionó para incrementar las condenas a los violadores. “La sociedad le pone el ojo a la víctima y no al victimario”, cuestionó Salvador Quishpe. “Aquí deberíamos avanzar legislando con por lo menos cadena perpetua a los que se dedican a este tipo de delitos y no quedarnos solamente en estas cuestiones sobre si tienen que ser más semanas o menos semanas”, dijo el legislador nacional.

El tema debe entrar en agenda legislativa del Pleno el martes o miércoles de la semana que viene, pero la diferencia de criterios solo ha acentuado la fragmentación dentro de las organizaciones políticas. Si el informe ya debatido no logra una mayoría suficiente de 70 votos, hay un texto alternativo de minoría esperando en el banquillo que deja en doce semanas el plazo máximo para que una mujer violada detecte que está embarazada y decida si quiere abortar.

EL PAÍS