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Los ajustes económicos y el rol de la justicia han sido la tareas principales del Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, que este martes cumple su primer mes desde la posesión el pasado 8 de noviembre.

En estas primeras semanas, el mandatario ha dado señales de cómo será su estilo de Gobierno, con pocos viajes y su decisión de no utilizar el avión presidencial sino usar los vuelos comerciales, a diferencia de Evo Morales.

Arce tampoco se ha mudado a la residencia presidencial de La Paz y ha mantenido ocupando un departamento de propiedad suya, en señal de austeridad y cercanía con una población boliviana mayoritariamente golpeada por la pandemia de la covid-19.

LA ECONOMÍA EN EL PRIMER MES

Una de las acciones principales del nuevo Gobierno fue dar curso al pago del «Bono contra el Hambre» de unos 143 dólares, que busca llegar a unos cuatro millones de beneficiarios mayores de 18 años y que no perciben ningún tipo de ingreso.

El bono busca reactivar la economía boliviana, que ha experimentado una contracción de hasta un 11,1 % en el momento más crudo de la pandemia, que ha cobrado casi 9.000 vidas y unos 145.560 casos confirmados de la covid-19 desde marzo pasado.

Diciembre ha sido clave para la gestión de Arce, que a parte del pago del bono ha permitido que gran parte de las actividades, principalmente aquellas masivas, estén libres de restricciones, como otro signo para estimular la economía bajo el criterio de incentivo a la demanda interna.

La premisa fundamental, según ha explicado el Ministerio de Economía del país, es reducir la contracción de la economía del 11,1 % a un 8,4 en este último mes y retomar la dinámica de la inversión pública que de 3.171 millones de dólares en octubre de 2019 ha pasado a 1.107 millones, un 66 por ciento menos.

CONTRADICCIONES EN LA JUSTICIA

El cambio de Gobierno ha hecho que se hagan visibles algunas acciones de la Justicia del país, hace tiempo señalada por su falta de independencia y dependencia del poder político como lo advirtieron incluso organizaciones como Human Rigths Watch.

Por ejemplo, muchos procesos judiciales iniciados por el anterior Gobierno interino contra líderes del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y Morales, se han detenido o se han rechazado, principalmente por aspectos vinculados a aparentes fallas de procedimiento o violaciones de derechos.

En tanto que otros que permanecieron prácticamente paralizados, como las llamadas «masacres» de Sacaba y Senkata que dejaron al menos una veintena de civiles muertos durante las protestas en la crisis social y política del año pasado, que se mantuvieron sin avances y se han reactivado una vez se produjo el cambio de Gobierno.

Investigaciones como la quema de más de medio centenar de buses municipales en La Paz han sido recientemente rechazadas, mientras que denuncias contra opositores por impulsar lo que se considera fue un «golpe de Estado» contra el expresidente Evo Morales han sido presentadas y admitidas un año después.

Autoridades como el ministro de Justicia, Iván Lima, han expresado su intención de dejar de lado las presiones hacia jueces y fiscales en pos de la independencia de poderes.
Para ello ha convocado a un grupo de expertos en distintas áreas del Derecho para definir una próxima reforma judicial, que podría implicar también cambios en la Constitución, como la cuestionada preselección y elección popular de los magistrados.

DENUNCIAS DE NEPOTISMO

A menos de un mes, Arce se vio obligado a hacer ajustes en su equipo de ministros por el caso de un supuesto hecho de nepotismo del titular de Desarrollo Rural Wilson Cáceres, que fue cesado, por lo que pidió «ética» y «principios» a sus colaboradores.

Cáceres antes de ser ministro dijo estar casado con una mujer a la que luego, ya como autoridad, nombró jefa de gabinete.

El hecho salió a la luz a pesar de que el ahora exministro intentó negar el vínculo y admitió que aunque en realidad no era su esposa, habían tenido una relación que no fue «próspera», algo que le valió su separación del gabinete a pesar de que destituyó a la mujer.

Como este, se supo de algunos otros casos denunciados por algunos opositores y medios bolivianos, que implicaron a parientes de algunos ministros y que derivaron en destituciones de los familiares observados, pero no necesariamente en el alejamiento de los altos funcionarios.

EFE