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Por Igor Carvalho

Los actos de golpe del 8 de enero de 2023 marcaron uno de los momentos más críticos de la historia democrática brasileña reciente. Miles de personas, motivadas por el rechazo a la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en las elecciones de 2022, invadieron y vandalizaron la sede del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal (STF) y el Palacio do Planalto. Desde entonces las investigaciones y los procedimientos judiciales para desentrañar la trama que precedió al intento de golpe siguen abiertos.

Hasta el 26 de diciembre de 2024 el Tribunal Supremo (STF) ha condenado a 310 personas por participar en esos hechos contra la democracia. Entre los delitos imputados a los golpistas se encuentran la asociación criminal, la abolición violenta del estado democrático de derecho y daños a la propiedad pública. La mayoría de los condenados fueron detenidos en el lugar de los hechos o en los campamentos que permanecieron abiertos durante semanas frente al cuartel del ejército y con la anuencia de las Fuerzas Armadas, según revela el informe de la investigación del magistrado del más alto tribunal del país, Alexandre de Moraes.

En septiembre de 2023 Aécio Lúcio Costa Pereira se convirtió en el primer condenado por la trama golpista al ser sentenciado a 17 años de prisión. Las pruebas incluían videos hechos por él mismo que mostraban su participación activa en los actos de saqueo. Otras condenas siguen la misma tónica, con la que se quiere lanzar el mensaje de que los ataques a la democracia no serán tolerados por algunas instituciones del país, entre ellas la Corte Suprema.

En paralelo, la Procuraduría General de la República (PGR) firmó acuerdos de procesamiento no penal con 71 imputados. Estos acuerdos prevén medidas alternativas, como servicios comunitarios y cursos sobre democracia para personas consideradas menos involucradas en los acontecimientos. Durante estos dos años algunas personas críticas de este tipo de sentencias tan indulgentes advirtieron del riesgo de impunidad, mientras que quienes las defendía destacaron la posibilidad de educación política.

Conexión política y financiera
Los financiadores de los actos también están bajo investigación. Los empresarios fueron acusados de financiar viajes y alojamientos para los manifestantes. En el ámbito político se acusa a antiguos aliados del expresidente Jair Bolsonaro (PL), que sería el principal beneficiario de los actos golpistas, de ser los instigares de las manifestaciones.

Las investigaciones señalan que los discursos y los mensajes incendiarios en las redes sociales sirvieron de catalizadores. Bolsonaro se enfrenta a varias demandas en la Corte Suprema, incluida la de incitación al golpe, y sigue sin poder ser elegido para ningún cargo electo en el país.

Dos militares ante los tribunales

El punto álgido de las investigaciones sobre los crímenes cometidos el 8 de enero de 2023 fue la detención de dos de los principales nombres vinculados a los actos golpistas: el exayudante a las órdenes del expresidente Jair Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, y el general Walter Braga Netto. Las detenciones han traído avances significativos para elucidar los acontecimientos y la rendición de cuentas de sus organizadores.

Mauro Cid fue detenido en marzo de 2024 acusado de coordinar la financiación y la logística de los actos golpistas. El teniente coronel fue identificado como intermediario entre los financiadores privados y los organizadores de las manifestaciones.

Los testimonios de Cid han permitido avances fundamentales, ya que su testimonio sirvió para sacar a la luz una red que incluía políticos de diferentes estados, militares en activo y en reserva, y empresarios. Cid también entregó mensajes y documentos que evidencian la articulación anticipada de acciones para prevenir la posesión de Lula.

La detención de Braga Netto el 14 de diciembre de 2024 marcó un antes y un después en el transcurso de las investigaciones. Exministro de Defensa y uno de los nombres más cercanos de Bolsonaro, el militar fue acusado de dar apoyo estratégico a los actos golpistas. Según las investigaciones, participó en reuniones en las que se discutieron planes para hacer inviable la transición democrática.

Las autoridades identificaron su participación en la difusión de mensajes que incitaban a la violencia y promovieron la organización de los campamentos frente al cuartel. Braga Netto también habría utilizado su influencia para garantizar el apoyo de los sectores militares a los manifestantes, así como para que los grupos radicales pudiesen actuar sin ser interceptados.

Durante su interrogatorio Braga Netto negó su participación directa, pero los documentos incautados en su residencia y en oficinas vinculadas a él contradicen sus declaraciones. Analistas de mensajes sugieren que participó activamente en la formulación de estrategias para elaborar un plan que preveía el asesinato de Lula, del vicepresidente de la República, Geraldo Alckmin (PSB), y del magistrado del STF, Alexandre de Moraes.

La detención de Cid y Braga Netto generó una cadena de hechos que hizo posible profundizar en las investigaciones. La información obtenida llevó a la apertura de nuevas investigaciones, y a más de 50 órdenes de búsqueda y captura en diferentes estados de Brasil. También se identificó a más financiadores de los actos, y a personas involucradas en actividades de organización y reclutamiento.

Huir por todo el continente

Otro aspecto relevante es la situación de los prófugos. Golpistas implicados en los actos antidemocráticos buscaron refugio en otros países, especialmente en Argentina, donde se identificó al menos a 61 brasileños condenados. En noviembre de 2024 la Justicia argentina emitió órdenes de captura contra estas personas.

Además de Argentina, Paraguay y Uruguay reportaron la presencia de brasileños vinculados a actos golpistas. En diciembre de 2024 Perú notificó la entrada de cuatro individuos sospechosos, que posiblemente huían de Argentina tras las órdenes de captura.

El proceso de extradición podría ser largo, especialmente si los acusados solicitan asilo político. Al alegar persecución política, algunos de los imputados argumentan que no pueden regresar a Brasil. Sin embargo, otros especialistas destacan que hay pruebas contundentes que hacen poco sostenibles estos argumentos.

Entre los investigados hay líderes religiosos que utilizaron sermones para incitar a la participación en los actos. El CPI de Scammers Acts, establecido en 2023 reveló vídeos de pastores animando a los fieles a depreciar la propiedad pública bajo justificación divina.

Otro aspecto importante es el papel de las redes sociales. Se solicitó a empresas como Twitter, Facebook y Telegram que explicasen la difusión de contenidos golpistas a través de sus redes; aunque algunas de esas empresas han colaborado con la Justicia, algunas personas críticas sostienen que las medidas llegaron tarde.

Los avances legales también incluyen la investigación de los militares involucrados. Hay imágenes que muestran a miembros de las Fuerzas Armadas que permiten a los manifestantes acceder a zonas restringidas de los cuarteles. El Ministerio de Defensa colabora con el Tribunal Supremo para identificar a los responsables.

Un hito en este proceso fue el indulto de Navidad de 2024, emitido por Lula. Excluyó explícitamente a los condenados por los actos golpistas, con lo cual envió un mensaje claro de intolerancia hacia esos actos criminales. La medida fue ampliamente elogiada.

Recuperación

Los daños materiales causados por los actos se estiman en cientos de millones de reales: se destruyeron obras de arte, muebles históricos y documentos. El gobierno brasileño ha invertido en la restauración, mientras que los casos por la vía civil buscan responsabilizar a los culpables de las consecuencias económicas de los daños.

Dos años después del 8 de enero Brasil sigue litigando con las consecuencias de estos actos y el proceso de rendición de cuentas es complejo, pero fundamental para asegurar que no se repitan hechos similares.

BRASIL DE FATO

Traducida originariamente por NODAL y revisada para su edición en Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez y Beatriz Morales Bastos.