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Los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, presentaron el proyecto denominado “Fundaciones Transparentes”, cuyo objetivo es generar nuevas obligaciones de transparencia a las fundaciones, regular la asignación de recursos estatales y privados e imponer drásticas sanciones a su incumplimiento. Esto, a raíz de la investigación del Ministerio Público tras la polémica asignación de recursos estatales a la fundación Democracia Viva.

Al respecto, el diputado Manouchehri señaló que “a la corrupción se le combate con acciones concretas. Llegó el momento de tener fundaciones 100% transparentes. Hemos presentado el proyecto ‘Fundaciones Transparentes’ buscando garantizar que la ciudadanía tenga acceso a saber quién ha entregado recursos a las fundaciones, los montos y en que se gastan esos dineros”.

Asimismo, la diputada Daniella Cicardini indicó que “queremos garantizar a la ciudadanía el buen uso de los recursos públicos, y proteger a las fundaciones y organizaciones serias, honestas y comprometidas, que sí realizan una labor vital en nuestra sociedad. Y transformar esta crisis en una oportunidad de avanzar otro escalón hacia un nuevo estándar de probidad. Recuperar la confianza social y ciudadana es esencial para proteger la democracia, y este proyecto busca contribuir con aquello”.

De acuerdo con los diputados socialistas, el proyecto “Fundaciones Transparentes” propone modificar la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana, “estableciendo obligaciones que deberán cumplir las organizaciones a fin de garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos que perciban”.

En esa línea, la moción sugiere que el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, sea público y que cualquier persona pueda tener acceso.

Adicionalmente, se establece que las entidades sólo podrán recibir aportes del Estado cuando tengan a lo menos dos años de antigüedad, para evitar que se constituyan organizaciones solo para postular a fondos públicos.

Por otra parte, se obligará a publicar en los sitios electrónicos de las fundaciones los contratos suscritos, el monto, origen y destino de los aportes que reciben, como también las remuneraciones de sus directivos y trabajadores.

En caso de no cumplir con las exigencias, la iniciativa ordena que las organizaciones deben devolver el dinero percibido y que no se podrá recibir fondos públicos por un periodo de cinco años.

LA TERCERA