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Entre los 110 beneficiados por el Gobierno hay diversos perfiles y notables ausencias, como el propio Guaidó o altos mandos militares cercanos a Chávez

Una inesperada medida de gracia ha movido el tablero político venezolano, que parecía trancado. El presidente, Nicolás Maduro, indultó este lunes a 110 personas, entre presos y perseguidos políticos, gran parte de ellos en el exilio, que ahora podrían regresar al país porque no hay causa judicial que pueda encarcelarlos. La medida de gracia excluye a figuras como Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges o militares que en su día fueron muy cercanos a Chávez como Raúl Baduel o Miguel Rodríguez Torres.

La figura del indulto y la amnistía producen el mismo efecto, de acuerdo al Código Penal de Venezuela: la libertad inmediata del preso porque queda extinta la acción penal de manera individual. No obstante, Maduro ha optado por un beneficio selectivo como el indulto. En el caso de la amnistía, que requeriría una ley por la Asamblea Nacional o incluso por vía presidencial, afectaría a cualquier persona que haya cometido los delitos que ya no son perseguibles.

No todos de los que fueron indultados por Maduro son parte de los 386 presos políticos que contabiliza la oposición. Muchos tienen procedimientos abiertos, están exiliados o tienen medidas de prisión domiciliara o de presentación ante la justicia. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, en la cárcel del Helicoide, la principal prisión política del Gobierno, hay 50 detenidos por causas políticas de los cuales solo serán indultados cinco. De la cárcel militar de Ramo Verde saldrán 11, como el médico José Alberto Marulanda, detenido el 20 de mayo de 2018 durante las elecciones en las que se reeligió Maduro. En su caso se han documentado torturas que lo dejaron sin audición de un oído y sin sensibilidad en las manos. Otros tres de los indultados se encuentran en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar y en las de las Fuerzas de Actuaciones Especiales de la Policía Nacional en Caracas y Barquisimeto.

Los parlamentarios son el grueso de los indultados por Nicolás Maduro, en su mayoría judicializados a través de procedimientos iniciados por el Tribunal Supremo de Justicia y apoyados por la Asamblea Nacional Constituyente, que les revocó forma inconstitucional la inmunidad parlamentaria.

Freddy Guevara fue uno de los primeros políticos objeto de persecución por esta vía. Miembro de Voluntad Popular, muy cercano a Leopoldo López y a Juan Guaidó, era vicepresidente del Parlamento cuando el Poder Judicial señaló que podían juzgarle por delitos de asociación para delinquir e instigación pública y por las protestas antigubernamentales que ocurrieron ese año, entre marzo y julio, con un saldo de 125 muertos. Guevara eludió la captura en noviembre de 2017 y desde entonces está en calidad de refugiado en la embajada de Chile en Caracas.

El resto de los diputados, ya despojados de su inmunidad, enfrentaron cargos por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil y hasta odio, a raíz del levantamiento militar fallido del 30 de abril de 2019, en el que Leopoldo López logró zafarse del arresto domiciliario para alojarse en la residencia del embajador de España, Jesús Silva. Este procedimiento llevó a que gran parte de los señalados se fuera al exilio, como Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Carlos Lozano, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Guanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Juan Andrés Mejía, Luis Florido, Miguel Pizarro, Rafael Guzmán, Franco Casella, Juan Pablo García y Winston Flores.

Otros, como Henry Ramos Allup, Juan Pablo Guanipa, Jorge Millán, Simón Calzadilla y Freddy Superlano se mantienen en el país. También fue incluido en el indulto Edgar Zambrano, quien estuvo detenido entre mayo y septiembre del año pasado y fue liberado con medida de presentación en tribunales y prohibición de salida del país, después de las gestiones de la Mesa de Diálogo Nacional, integrada por un grupo de partidos minoritarios de oposición que pactaron con Maduro.

Otros diputados indultados son Gilbert Caro y Renzo Prieto, ambos presos en otras oportunidades y liberados bajo acuerdos de tolerancia del Gobierno. Caro ya ha estado preso en cuatro ocasiones. La primera vez, en 2017, fue acusado haber sido sorprendido in fraganti organizando actos terroristas. La segunda vez, estuvo desaparecido 53 días. Abogados y activistas de Derechos Humanos han denunciado torturas y tratos crueles en su contra.

Prieto fue arrestado en mayo de 2014, acusado de fomentar y organizar los disturbios masivos y violentos en contra de Maduro en el proceso que se denominó La Salida. Sin sentencia firme se lanzó a diputado para lograr salir del Helicoide, pero no fue liberado sino hasta junio de 2018 como parte del “pacto de reconciliación nacional” propuesto por Maduro luego de su reelección. El pasado 10 de marzo fue detenido nuevamente.

Otros de los indultados son:

Roberto Marrero. Abogado, parlamentario, militante de Voluntad Popular, jefe del Despacho Presidencial de Juan Guaidó, muy cercano también a Leopoldo López. Fundador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Santa María. Fue llevado a prisión en marzo de 2019 en un allanamiento a su casa de la policía política, acusado de haber organizado el apagón nacional de cinco días del año pasado y de tener en preparación otros actos terroristas, conspiración y tráfico de armas.

Nicmer Evans. Politólogo, periodista y militante político, por años militante chavista, fundador del partido Marea Socialista en la década anterior. Activista opositor desde 2014, dirigía el portal informativo Punto de Corte y formaba parte del equipo directivo del Frente Amplio por una Venezuela Libre. Llevaba detenido mes y medio, acusado de instigación al odio por los contenidos de un tuit y enfrentaba la posibilidad de una pena de hasta 10 años de cárcel.

Rubén González. Uno de los dirigentes opositores más conocidos y carismáticos de los sindicatos de la zona industrial del hierro y el acero del sur del país. Detenido el 30 de noviembre de 2018, había sido sentenciado a 5 años y 9 meses prisión por “ultraje al centinela” y “ultraje a la Fuerza Armada”. Era conocido por su actitud firme en defensa de las mejoras salariales de los obreros de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG. Cumplía la pena en la prisión de La Pica, al oriente del país

Vasco Da Costa. Activista opositor radical, fundador del Movimiento Nacionalista de pensamiento conservador. Ha estado preso en varias ocasiones, la primera vez en 2004 y sus familiares han denunciado varias veces torturas y maltratos reiterados en su contra. En 2014 fue allanada su casa bajo la denuncia de fabricación de explosivos. Fue liberado en 2017 bajo un indulto por motivos de salud y hecho prisionero nuevamente, por tercera vez, en 2018, acusado de conspiración y ultraje al centinela. Su último juicio aún no tenía sentencia.

Demóstenes Quijada. Ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, compañero clases y amigo personal de Juan Guaidó. Forma parte del equipo de estrategia de la presidencia interina. Fue llevado a prisión hace cinco meses, luego de haber sido allanada su casa y acusado de terrorismo, asociación para delinquir, posesión de armas y microtráfico de drogas.

Mimí Arriaga y Marco Antoima. Periodistas, presos durante tres meses acusados de instigación al odio por manejar cuentas anónimas en redes sociales. Gozaban desde julio del beneficio del arresto domiciliario.

Antonia Turbay. Abogada, de 67 años, acusada de haber facilitado la fuga del comisario Iván Simonovis, uno de los presos políticos más antiguos del chavismo, ocurrida en junio del año pasado. La mujer vivía en la casa contigua a la del expolicía que estaba bajo custodia en prisión domiciliaria desde 2014. Turbay tenía una boleta de excarcelación desde hace un año. Es una de los cuatro ciudadanos españoles presos que recibió indultos junto con Demóstenes Quijada, Sergio Termini y Yorfran Quintero.

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