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En medio del clamor ciudadano por la sensación generalizada de inseguridad, este miércoles la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció una serie de medidas a través de una conferencia de prensa desde Palacio para atajar la delincuencia, la mayoría orientadas a la situación de los migrantes en el país. Y es que para Boluarte existe una estrecha relación entre los extranjeros y la criminalidad. Sin embargo, no ha ofrecido datos que demuestren esa correlación.

«Quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros. Por eso es que tenemos que reformular la ley de extranjería, ver este tema de la migración», dijo la mandataria. «Han entrado 800.000 venezolanos, otros tantos haitianos, y son los que lamentablemente están cometiendo estos actos», dijo Boluarte en una rueda de prensa para además subrayar: «Por eso tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana», afirmó la mandataria.

En Perú, en 2022 se reportaron 94.789 delitos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una media de 260 al día. De ellos, alrededor de 43.000 se cometieron en Lima, la capital, y el Callao, su provincia constitucional. No hay datos de cuántos de estos crímenes fueron cometidos por migrantes.

Castillo, la abogada que reemplazó a Pedro Castillo en diciembre del año pasado en la presidencia tras el fracaso de su autogolpe de Estado, informó que el Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que declara el estado de emergencia en zonas de fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile, en siete regiones: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna. A ellos se suma Puno, donde ya existe un régimen de excepción debido a las protestas de los últimos meses. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales enfocadas en el control migratorio. Desde hace dos semanas, un grupo de migrantes indocumentados, en su mayoría ciudadanos venezolanos y haitianos, se encuentran varados en la costa sur de Tacna.

Boluarte, además, anunció que se ha aprobado un decreto supremo que modifica el reglamento de ley de migraciones para que los extranjeros que evadieron el control migratorio puedan registrarse y regularizar su situación. «Se otorgará un plazo perentorio que será aprobado por resolución de la Superintendencia de Migraciones. Esta regularización podrá aplicarse a los extranjeros que entraron de manera regular pero, por diversos motivos, su condición pasó de regular a irregular, o para aquellos que entraron sin control migratorio». Además, habrá exoneración de multa para la actualización de estos trámites. La amnistía solo tendrá un periodo de vigencia de seis meses. Según dijo la mandataria, esta medida incentivará la formalidad en el mercado laboral.

La primera presidenta de Perú comunicó que ha dispuesto la incorporación de 3500 efectivos policiales para el patrullaje y prevención del delito en Lima. Pero sus medidas no quedarán allí: planteará una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas intervengan en la zona de frontera de manera permanente.

EL PAÍS