Desde 1989 a 2013 ejecutaron a 115 líderes campesinos en el marco de la lucha por la tierra en Paraguay
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El material que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) entregó a la sociedad paraguaya es la parte dos del emblemático “Informe Chokokue”, que reunió antecedentes y pistas de 77 ejecuciones de 1989 a 2007.
Se trató de un documento que representó un gran aporte de organizaciones de la sociedad civil por documentar y exponer ante la opinión pública nacional e internacional la constante de los asesinatos de dirigentes campesinos en el país. Además proponía recomendaciones al Estado paraguayo para frenar esa realidad.
Chokokue II busca actualizar la lista de defensores de derechos de las comunidades campesinas asesinados hasta 2013 y tiene el valor de centralizarlos en un solo texto. Toma los ya documentados y suma 38 asesinatos más, luego de una investigación de campo durante los últimos meses.
El primer elemento común de todos los casos es que se registraron en medio de un conflicto por acceso a la tierra/territorio que enfrentó a comunidades campesinas y actores del modelo de agronegocios(sectores ganaderos y sectores sojeros).
El segundo, es la total impunidad de estos crímenes y del desinterés del Estado paraguayo por esclarecerlos y frenarlos. La Codehupy, de hecho, denuncia que persiste la violencia estatal y la impunidad judicial hacia el campesinado.
“Hay un pacto tácito entre terratenientes y el sistema político judicial para dejar impunes las muertes de dirigentes campesinos”, explica Hugo Valiente, el abogado especializado en derechos humanos que coordinó el trabajo de ambos informes. (1)
Las ejecuciones se dieron por pistoleros civiles o por las propias fuerzas represivas del Estado con el fin debilitar la resistencia a partir de la desaparición física de los liderazgos. En los últimos años- el material observa- que la constante es que se dé más a través del sicariato.
Foto: Familia y vecinos alrededor del sillón donde descanzaba Benjamín «Toto» Lezcano en el momento de su asesinato el 19 de febrero de 2013 en el asentamiento Arroyito del departamento de Concepción. A casi un año del hecho la fiscala del caso, Dora Irrazábal, justificó la ausencia de resultados de su investigación diciendo que la policía ni siquiera le pasó informes del caso.
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