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En México, la violencia no se detiene contra los pueblos indígenas que defienden el territorio y los recursos naturales. Criminalización, persecución, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos, además de las históricas condiciones de pobreza y desigualdad, son las principales amenazas que enfrentan. A ello se suma la impunidad, que juega en contra de las comunidades y favorece a las bandas del crimen organizado, así como a cuestionados proyectos extractivos, hidroeléctricos, energéticos y turísticos.

Así lo señala el informe titulado “El asedio y el desprecio: Informe de IPRI México sobre 16 casos de pueblos indígenas”, elaborado por la Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En el documento publicado en junio de 2022, la organización de derechos humanos con base en Filipinas y con trabajo en México desde 2020, ubica a los ocho estados de la República donde la situación de los pueblos indígenas es alarmante debido a la alta conflictividad provocada por la presencia de grupos de poder, paramilitares y delincuencia organizada.

Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y la zona fronteriza entre el estado mexicano de Campeche y Guatemala, figuran en la lista.

El informe analiza, puntualmente, 16 casos en los que se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en 2021, entre ellos 5 eventos de desplazamiento forzado; 3 de desaparición forzada; 3 de homicidio; 2 de violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); 1 de criminalización; 1 de despojo de territorio y 1 más sobre violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir, la negativa del Estado a reconocer a los integrantes de un pueblo indígena como sujetos de derechos y obligaciones, así como a gozar de los derechos civiles fundamentales.

La publicación reconoce, además, que si bien existen más agresiones de las que se lograron documentar a profundidad, se presentan los relatos de 13 de los casos con el propósito de contar a detalle cada uno de esos eventos de violencia.

El asesinato de cinco defensores indígenas en Paso de la Reyna, Oaxaca, entre enero y marzo del 2021, es uno de los casos analizados. Otro de ellos es el de Loma de Bácum, Sonora, en julio del mismo año, fecha en la que desaparecieron 9 personas —de las cuales 7 eran pertenecientes al pueblo yaqui—. O más adelante, en noviembre, los 47 ataques registrados con armas de alto calibre contra 10 comunidades del municipio de Aldama, en Chiapas, que provocaron que sus pobladores se vieran forzados a desplazarse, en medio de un conflicto por las tierras.

Casos en total impunidad

Según el informe, los casos se dividieron en dos tipos: de asedio, que incluye desplazamiento forzado, desaparición forzada y homicidio; y los de desprecio, referentes a la violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica, criminalización, violación al CLPI y despojo de territorio.

En los casos de asedio, IPRI documentó como agresores directos al crimen organizado, a grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política. Sin embargo, en 9 de los casos las comunidades señalaron vínculos de estos grupos con los gobiernos estatales y municipales, mientras que en 2.5 casos más, se han visto involucradas las fiscalías locales o regionales.

Anabela Carlón, abogada originaria del pueblo indígena yaqui, en Sonora, e investigadora de IPRI, detalló que estos datos se obtuvieron con la colaboración de ocho organizaciones indígenas que acompañan los casos en los territorios —y con quienes crearon un grupo núcleo—, además de un proceso de documentación que incluyó visitas a las comunidades para la recolección de testimonios de las víctimas directas.

“Hemos estado observando de cerca, no solo por el informe, sino por lo que sale en los medios de comunicación y lo que los pueblos viven y cuentan”, dice la abogada defensora. “El crimen organizado tiene mucho que ver en esta situación y está coludido con los gobiernos locales y estatales. En las entrevistas, las personas señalan que fueron amenazadas por el crimen organizado y que las autoridades no pudieron actuar o que sus peticiones fueron ignoradas”.

De acuerdo con Carlón, en algunos casos el Estado ha sido permisivo con los grupos criminales y, en general, con la comisión de delitos contra los pueblos indígenas mexicanos.

“El Estado ha presumido que tiene más elementos, preparación y un montón de cosas —por ejemplo, a la Guardia Nacional— y pide que se hagan denuncias, pero la violencia en vez de bajar, va en aumento. En todas partes se está viviendo la violencia con mayor intensidad, esa es una constante”, afirma.

Citlalli Hernández Saad, coordinadora ejecutiva de IPRI en México, señala que existe una responsabilidad del Estado en cuanto a las denuncias, pues uno de los elementos más importantes del informe tiene que ver con la falta de actuación de las fiscalías y del Poder Judicial en los casos. Esto ocurre, sobre todo, en lo que se refieren a homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, pues en estos eventos de violencia, indica la experta, hay una clara comisión de delitos de carácter penal que tendrían que ser investigados y donde las autoridades están actuando en colusión para que la impunidad prevalezca.

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