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El presidente electo ha denunciado un “golpe de Estado” que busca evitar que asuma su cargo el 14 enero. Para lograrlo, debe enfrentar a poderes tradicionales para los que su mensaje anticorrupción es incómodo

La victoria electoral de Bernardo Arévalo de León ha generado incertidumbre en las élites que tradicionalmente han ostentado el poder en Guatemala. El sociólogo, diplomático y diputado progresista, que el pasado 20 de agosto ganó las elecciones con un firme mensaje contra la corrupción y la impunidad, ha prometido cerrar el grifo de los presupuestos públicos a las élites que se han enriquecido fraudulentamente de las arcas de un Estado con grandes carencias sociales.

Esto ha provocado movimientos de los representantes de esa política tradicional que se aferran al poder y que en estas últimas elecciones han mostrado que disponen del aparato de investigación y de justicia, así como del Congreso, para tratar de frenar una opción que tiene como promesa de campaña ir contra la corrupción que ha permeado el Estado guatemalteco por años.

En un mensaje a la población este viernes, Arévalo denunció un intento de un “golpe de Estado” para impedir que tome posesión del cargo en enero próximo. El presidente electo señaló directamente a la fiscal general, Consuelo Porras, como la principal ejecutora e hizo un llamado a la unidad para derrotar a los “golpistas”.

Para asumir el poder el 14 de enero, el día previsto para la investidura, y gobernar como decidieron los guatemaltecos en las urnas, Arévalo necesitará del apoyo de las élites económicas, sociales, académicas, profesionales e indígenas. Analistas consultados por EL PAÍS creen que estos grupos deberán someterse a procesos de reconfiguración interna para definir si apoyan o no la desarticulación de las redes de corrupción.

A juicio de la directora del Instituto de Investigación de Ciencias Socio Humanistas (ICESH) de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán, que Arévalo llegue a la presidencia con estas condiciones será un logro encomiable. Para que consiga formar un “Gobierno fuerte”, dice, será necesario un reposicionamiento de las élites: o están del lado de la democracia o mantienen sus beneficios económicos gracias a la cooptación de las instituciones.

Temor a ataques contra Arévalo

Desde su inesperado pase a la segunda vuelta, Arévalo y el Movimiento Semilla comenzaron a notar, a través de decisiones judiciales, que su presencia incomodaba a las élites. La Fiscalía de Rafael Curruchiche, que ha dirigido varias investigaciones contra opositores y operadores de justicia anticorrupción en el exilio y que como la fiscal general Porras ha sido designado por Estados Unidos como un actor corrupto y antidemocrático, abrió una investigación contra su partido por la supuesta falsificación de firmas para conformar la organización política que surgió de las movilizaciones ciudadanas de 2015. Sus dirigentes aseguran que se trata de un caso espurio e infundado, pero la solicitud llevó la semana pasada a la suspensión temporal de partido en una decisión desactivada este domingo por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Pero, ante la opacidad de la Fiscalía para fundamentar sus acusaciones y la oportunidad de sus acciones, muchos ciudadanos interpretan este movimiento como una reacción de las élites corruptas. “Quieren matar a Arévalo, quieren matar al partido y que no crezca”, asegura Mariana Rohrmoser, del Frente Ciudadano contra la Corrupción.

El presidente electo no solo está pendiente de potenciales ataques desde el ámbito judicial. La misma noche del 20 de agosto, cuando Arévalo fue declarado como ganador de la segunda vuelta junto con su compañera de fórmula, la científica Karin Herrera Aguilar, se les alertó sobre un plan para atentar en su contra, lo que llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a otorgarles medidas cautelares.

En el ámbito judicial, tras su victoria, se acrecentaron las acciones judiciales para debilitar la legitimidad de un partido que promete luchar contra una corrupción que, se calcula, socava el 30% del presupuesto público. “Hay que retomar instituciones democráticas. Tenemos que refundar el proceso que nos secuestró esta clase política corrupta”, dijo en una entrevista con EL PAÍS antes de la segunda vuelta.

Pero la tarea no será fácil, como demuestran las amenazas físicas y judiciales que ha debido afrontar su partido desde que ganó las elecciones. De cara al 14 de enero, los escenarios más extremos que se barajan estos días en las tertulias de los medios apuntan a la posibilidad de anular las elecciones o a que el nuevo Congreso designe a un gobernante provisional, una medida que, aunque inconstitucional no suena tan descabellada ante las incontables resoluciones judiciales que han puesto a Guatemala al borde de lo que algunos analistas han denominado un “golpe de Estado” técnico.

Para que Arévalo asuma el poder, “es urgente desactivar la amenazas, primero el resguardo de su vida y de sus colegas, y segundo, desactivar la cancelación del partido”, dice Úrsula Roldán, del ICESH, una avanzada que, dice, proviene “del Ministerio Público y algunos actores del Organismo Judicial que han tergiversado sus funciones”.

La semana pasada, la directiva del Congreso —integrada por aliados del presidente Alejandro Giammattei— desconoció a la bancada del Movimiento Semilla y declaró independientes a sus diputados tras la suspensión temporal del partido por el TSE, aunque pocos días después, el sábado, el tribunal emitió una resolución que desactiva esa suspensión hasta el 31 de octubre, cuando concluya el proceso eleccionario. El futuro del partido se podría despejar por la Corte de Constitucionalidad, donde se tramita un recurso contra la cancelación.

El diputado Mario Taracena, con cuatro décadas de trayectoria política y parlamentaria, considera que el desconocimiento de la bancada de Semilla es una estrategia del partido oficialista y sus aliados para presionar al presidente electo y que negocie con ellos. “Están tratando de ablandar a Bernardo para que entienda que tiene que ir a hablar con el Congreso”, dijo Taracena al medio ConCriterio.

“Una alianza con el pueblo”

El consejo público de Taracena para el presidente electo es que no haga alianzas con el Congreso porque si cede “lo van a seguir extorsionando”. El diputado ha denunciado públicamente pagos de sobornos a cambio de la aprobación de leyes o de asignaciones presupuestarias, que más tarde se convierten en bolsones de corrupción. La única alianza posible de Arévalo es con el pueblo, remató Taracena en la entrevista radial.

Además del respaldo que recibió Semilla en las urnas, diferentes sectores de la población han comenzado a tomar una postura contundente de rechazo hacia quienes amenazan con impedir que Arévalo asuma la presidencia. Desde campañas en redes sociales, protestas ciudadanas y la recogida de firmas, la población también está pidiendo la renuncia de Consuelo Porras. Este viernes, en una acción colectiva no vinculante, un grupo presentó más de 100.000 firmas digitales para pedir la salida de la fiscal general a la que achacan la persecución a quienes han luchado contra la corrupción en el país centroamericano.

Diferentes actores de la comunidad internacional y organismos que observaron las elecciones, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, han expresado su preocupación por los intentos por frenar la voluntad popular y demandan que se asegure un proceso de transición pacífica. Este viernes, en una reunión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA declaró su preocupación por las acciones del Ministerio Público que intimidan a funcionarios y voluntarios electorales y por las amenazas hacia los funcionarios electos y sus familias. El concierto de los embajadores ante ese organismo se pronunció de forma unánime en defensa de la democracia e hizo “un llamado a las instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales a respetar y garantizar los derechos civiles y políticos que resguarda la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin de evitar interferencias en el proceso de transición presidencial”.

Y las cámaras empresariales también se han pronunciado. El Consejo Nacional Empresarial, que reúne a unas cien compañías que, de acuerdo con su presidente, Rodrigo Salguero, han logrado establecerse sin formar parte de los mecanismos de corrupción, fue el primero de los grupos en pedir que se respetara la voluntad popular y la renuncia de Porras. “Una economía sana no se puede construir cuando la entidad designada para la persecución penal juega a deslegitimar la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, expresaron en un pronunciamiento del 29 de agosto.

El directivo empresarial nota el desgaste que suponen los ataques de la fiscalía y de cómo la situación tiene un impacto internacional. “No se imaginan cómo nos ven en la Bolsa de Valores, en las juntas de los fondos de inversión”, relata y anticipa los riesgos del retroceso democrático en el ámbito de los negocios. “Si un juez y un fiscal se inventan un caso para quitarle la personalidad jurídica a un partido, mañana harán lo mismo con mi empresa”, dijo Salguero.

La responsabilidad de las élites
La élite económica tradicional, representada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) mantiene una postura de respeto a las instituciones sin valorar la intencionalidad de sus acciones para deslegitimar al partido que venció en las urnas. En entrevista con el diario Prensa Libre, el presidente del Cacif, Ignacio Lejárraga, hizo un llamado para lograr un consenso de gobernabilidad durante el período de transición, pero no entró en mayores detalles de cómo alcanzarlo.

Esos temas cobran relevancia en el contexto del necesario recomposición de las élites del que habla Roldán. “Yo creo que todavía están a la espera de una negociación donde otra vez quieran quedarse con una parte importante de la de la cooptación, sin tener en cuenta la exigencia internacional para modernizarse, que les llama a dejar su éxito económico a costa de un estado cooptado”, explica la investigadora.

El Cacif tiene participación en los consejos de más de 50 instituciones públicas y hasta las elecciones de 2019 había tenido una fuerte influencia en el financiamiento de los partidos políticos afines a sus políticas económicas. Como en la patronal, Roldán cree que todos los sectores del país —la academia, los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y los gremios profesionales— deben tener conversaciones internas para cumplir con un rol que responda a las demandas que la ciudadanía ya expresó en las urnas de poner freno a la corrupción.

Ese es el punto en común que debe aglutinar a todas las personas, grupos y élites de aquí hasta enero, dice Mariana Rohrmoser del Frente Ciudadano contra la Corrupción, una organización civil que desde hace cinco años promueve la pedagogía anticorrupción entre las juventudes y comunidades, entre otras acciones. “Tenemos que unirnos y exigir que se respete la toma de posesión”, dice la abogada.

Vivir en un país cooptado por las élites corruptas es “desgastante y devastador”, sentencia Rohrmoser. “No tenemos un sistema de transporte público ni acceso a servicios básicos dignos, y esas deberían ser las prioridades que debiera atender el nuevo Gobierno”, pero tenemos que ir por pasitos, reflexiona.

Para el empresario Salguero, la primera señal de cambio que Arévalo le puede dar a la ciudadanía es la conformación de un gabinete intachable, profesional y técnico. La nómina está avanzada en un 60%, según ha dicho el presidente electo, pero la guarda celosamente. Al final, esos funcionarios serán su primera línea de contención contra el flagelo de la corrupción.

EL PAÍS