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Expertos coinciden en que la suspensión del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría y la investigación de los dineros de campaña del presidente no implican un rompimiento institucional

En el año y medio que lleva en el poder, Gustavo Petro ha denunciado varias supuestas conspiraciones de la oposición para desestabilizar su Gobierno e intentar sacarlo de la Casa de Nariño. El presidente, que en mayo de 2023 alertó de un posible complot de los militares para derrocarlo, señaló el pasado junio un “golpe blando” para diezmar en el Congreso al Pacto Histórico, y ahora insiste con la tesis de una “ruptura institucional” para desalojar a la izquierda del poder. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y dos organismos de control –la Fiscalía y la Procuraduría– ha escalado a un nivel hasta ahora desconocido.

Los reclamos de Petro se producen en medio de los temores ante la justicia politizada que denuncian con insistencia los gobiernos progresistas de América Latina. En varios países hablan de persecuciones jurídicas que se ceban con los presidentes de la nueva ola rosa, una idea que se discutió en el encuentro del Grupo de Puebla en Santa Marta a finales de 2022. Ese cónclave de líderes progresistas de Iberoamérica incluyó en su agenda el concepto que en el mundo anglosajón se conoce como lawfare, en el que han agrupado los procesos judiciales disímiles que han afectado a dirigentes como los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo, la argentina Cristina Kirchner o el guatemalteco Bernardo Arévalo.

Las guerras jurídicas apuntan a causar daños reputacionales, políticos y jurídicos, dice el expresidente Ernesto Samper, uno de los articuladores del Grupo de Puebla. “Todas las municiones del lawfare tienen que ver con la afectación del debido proceso”, sea la presunción de inocencia, el derecho a la defensa o la segunda instancia, ha explicado antes a este periódico. A las guerras jurídicas, advierte, se pueden sumar otras estrategias como sembrar desconfianza alrededor de la economía o fomentar la sensación de inestabilidad institucional con el objetivo de eliminar las bases de gobernabilidad.

La destitución del propio Petro cuando era alcalde de Bogotá es considerado por ese Grupo un caso emblemático de lawfare. El entonces procurador Alejandro Ordóñez, un ultraconservador famoso por su visión católica del Estado, lo destituyó e inhabilitó por 15 años por fallas en la implementación de un nuevo modelo de aseo en la capital colombiana. Petro consiguió medidas cautelares a su favor en el sistema interamericano de justicia, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón en 2020, cuando declaró que el Estado colombiano había violado sus derechos políticos y que debían eliminarse las facultades de la Procuraduría, encargada de sancionar disciplinariamente a los funcionarios, para destituir a los servidores electos por voto popular.

Varios congresistas del Pacto Histórico, la bancada de Gobierno, preparan ahora una denuncia ante la Comisión Interamericana para denunciar la “ruptura institucional” a la que se ha referido Petro. Ya habían acudido al sistema interamericano aduciendo una persecución política de los organismos de control, como lo hizo Petro en su día, cuando deslizó la ambigua denuncia de un “golpe blando”. Esa expresión ya había sido usada por la fallecida senadora Piedad Córdoba en referencia a “un clima artificioso de malestar social insostenible”, sin detalles. Aunque Petro después insinuó que se refería a decisiones de la Procuraduría y no de las altas cortes, el episodio quedó teñido de confusión —el Consejo de Estado ha anulado la elección de tres senadores del Pacto Histórico por doble militancia—. Tanto así que el sindicato de maestros ha citado a una marcha frente a la Corte Suprema este jueves, a lo que el presidente ha respondido con una reunión con las cabezas del tribunal este martes, en una señal de relaciones cordiales que ha rubricado en X así: “Un gobierno progresista no atacará la justicia pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes”.

En todo caso, en ese ambiente enrarecido, las posturas de la procuradora, Margarita Cabello, y del fiscal general, Francisco Barbosa, alimentan las suspicacias. Ambos fueron funcionarios de Iván Duque y, en su momento, sus elecciones desataron una intensa discusión acerca del equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la independencia de los órganos de control. Si en la Administración de su antecesor se temía que fueran ‘funcionarios de bolsillo’, en la de Petro se han revelado como férreos opositores.

El presidente considera que detrás tanto de la decisión de la Procuraduría de suspender tres meses al canciller Álvaro Leyva por declarar desierta la licitación de pasaportes, como de la Fiscalía de investigar un aporte de 500 millones de pesos del sindicato de los profesores a su partido en 2022, se esconde la intención de sacarlo del poder. La renovada tensión se produce la misma semana en que la Corte Suprema de Justicia se reunirá para votar a la sucesora de Barbosa, que finaliza el próximo lunes su mandato, sin garantías de que haya humo blanco para entonces.

Hasta ahora, uno de los principales argumentos de la bancada del Pacto Histórico para justificar la persecución política ha sido que la Procuraduría no es competente para inhabilitar servidores públicos que han sido elegidos por voto popular, pues Colombia no ha terminado de ajustar su ordenamiento a lo establecido por la Corte Interamericana. Pero la nueva denuncia ante el sistema interamericano va más allá: se refiere a la suspensión de funcionarios como el canciller Leyva, que no fue elegido por voto popular; a las investigaciones y allanamientos de la Fiscalía; a las supuestas presiones a testigos para incriminar al presidente; y a la alegada criminalización de apoyos políticos como Fecode, el sindicato de profesores.

Los contrapesos

¿Alguno de esos puntos de verdad hace temer una “ruptura institucional”? El abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny cree que no. “Existen tensiones institucionales importantes entre el presidente de la república y el fiscal general, y entre el presidente y la procuradora, pero no hay ruptura”, dice en diálogo con EL PAÍS. Para Uprimny, esa supuesta ruptura, de la que Petro se ha quejado en todos los idiomas, implicaría “un quiebre radical en el funcionamiento de las reglas que haría imposible la continuidad del régimen constitucional tal como está establecido”. Un ejemplo de ruptura real, dice, sería una destitución arbitraria del presidente o un golpe de Estado. “Nada de eso ha pasado”.

Héctor Riveros, abogado experto en derecho constitucional, coincide. “La destitución del canciller por parte de la Procuraduría y la investigación de la Fiscalía a la campaña presidencial no significan ruptura. Al contrario, están siguiendo precisamente un procedimiento institucional”, explica por teléfono a EL PAÍS. La definición técnica del quiebre institucional, afirma, es que se incumplan las reglas para impedir el funcionamiento adecuado de uno de los poderes públicos. “Una cosa es lo que entiende el presidente y otra lo que significa jurídicamente”. Para Petro, dice Riveros, cualquier procedimiento que pueda terminar en que salga del poder antes de terminar el mandato es un rompimiento institucional. “No necesariamente es así. La Constitución prevé unos mecanismos específicos que pueden hacer que el presidente deba dejar el cargo antes, si comete un delito”.

Uprimny, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, reconoce que en todo caso sí hay excesos. “El fiscal Barbosa ha hecho declaraciones totalmente inapropiadas sobre el presidente y ha tenido actitudes que no muestran imparcialidad”, dice. Y añade: “Claro que puede investigar si ha habido o no contribuciones ilegales a campañas presidenciales, es su deber, pero hace cuatro años hubo aportes que parecen semejantes a la campaña del entonces presidente Duque y no investigó nada. Es claro su sesgo”. Para Uprimny, pasa lo mismo con la procuradora: “Puede que haya razones para haber suspendido temporalmente al ministro de Relaciones Exteriores, pero no hizo nada similar con funcionarios del Gobierno anterior en casos parecidos”.

Aunque Riveros no cree que haya una ruptura institucional, recuerda que hay sectores de la sociedad que trabajan para que el mandatario salga anticipadamente de la Casa de Nariño. “Eso puede ocurrir. Hay unas personas, unas corrientes políticas, que quisieran que el presidente no cumpliera sus cuatro años, así no digan públicamente que lo quieren tumbar”. El abogado pone un ejemplo: “Si antes de irse, el fiscal Barbosa denuncia formalmente a Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y las investigaciones por financiación ilegal de la campaña llegan a probar en forma contundente que se violó la ley, el presidente puede estar en problemas”.

Riveros recuerda que ese escenario solo ha ocurrido una vez en los últimos cincuenta años, cuando el entonces fiscal Alfonso Valdivieso denunció que Samper, ahora promotor del Grupo de Puebla, había cometido delitos en la financiación de su campaña. “Puede pasar exactamente lo mismo ahora”, dice Riveros. Si el proceso avanza, la estabilidad del presidente dependerá de los apoyos políticos que tenga en el Congreso. A diferencia de lo que ocurrió con Samper, que controlaba las mayorías parlamentarias, esos respaldos son inciertos. “Tiene razón el presidente en tener miedo de que lo intenten tumbar, pero no necesariamente supone un rompimiento institucional”, concluye.

Uprimny y Riveros coinciden en que la pronta elección de la nueva fiscal por parte de la Corte Suprema de Justicia ayudaría a calmar los ánimos. “La Corte tiene en sus manos una terna con tres excelentes candidatas”, afirma Uprimny. No habría ninguna razón para que dilate esa decisión.

EL PAÍS