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La reforma ordenada por la pareja presidencial permite enjuiciar a nacionales y extranjeros que estén fuera del país, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes

Manifestación de protesta de nicaragüenses exiliados en Costa Rica.Carlos Herrera
En un nuevo giro de tuerca a su engranaje represivo institucional, Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado una reforma al Código Penal que pretende enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que estén fuera del país, al mismo tiempo que establece penas que van desde la prisión perpetua hasta la confiscación de bienes a quienes cometan delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos y cualquier falta contra la administración pública. Es decir delitos que, de facto, la pareja presidencial ha usado contra sus críticos desde 2018, cuando estallaron las masivas protestas sociales en su contra.

Esta iniciativa de reforma del Código Penal es interpretada por opositores y analistas políticos como una escalada más en el esquema totalitario del régimen, al imponer una especie de “represión transnacional”. Si bien la reforma pone en riesgo a cualquier persona, está dirigida sobre todo contra exiliados políticos y sus familiares. Otra forma más de intentar silenciar al exilio que sigue denunciando la deriva dictatorial de la pareja presidencial.

La iniciativa modifica 27 artículos de la Ley 641 del Código Penal y fue remitida por Ortega a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional. Ha sido una reforma solicitada con celeridad, ya que será aprobada el próximo 3 de septiembre. El cambio más trascendente, y en el que la pareja presidencial soporta la “represión transnacional”, es la modificación del artículo 16 del Código Procesal Penal que versa sobre “el principio de universalidad”.

El artículo 16 dice que las leyes penales nicaragüenses serán aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido los delitos antes mencionados. En total 23 figuras penales específicas, entre las que sobresalen narcotráfico, crimen organizado, tráfico de personas, proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Muchos de estos delitos también han sido endilgados a las más de 3000 personas que han pasado por las prisiones sandinistas desde las protestas sociales de 2018, debido a su oposición a la administración sandinista.

La reforma también deja abierta una interpretación muy amplia sobre la comisión de delitos: “Cualquier otro delito que pueda ser perseguido en Nicaragua, conforme los instrumentos internacionales ratificados por el país”. En el acápite de las penas, la iniciativa de reforma del Código Penal establece las privativas de libertad, decomiso de bienes o activos y multa. En los casos de encarcelamiento, en casos de delitos graves, las penas serán hasta de prisión perpetua revisable.

Confiscaciones para todos
La iniciativa establece que la víctima de estos delitos deberá ser reparada. Dice el artículo 112 sobre “decomiso”: “Estarán sujetos a decomiso, los bienes o activos, incluyendo los activos virtuales de origen lícito necesarios, a fin de responder por las responsabilidades penales, o cubrir la reparación de los daños y perjuicios de la víctima”.

Analistas políticos consultados por EL PAÍS tildan de “eufemismo” la palabra “decomiso”, ya que aseguran que se trata de confiscaciones prohibidas por la Constitución Política nicaragüense. Además, resaltan que en todos estos delitos achacados a opositores desde 2018, en la mayoría de los casos la víctima ha sido “el Estado de Nicaragua”. Es decir, que el Estado, al no poder arrestar a un exiliado, procederá a “repararse” confiscando bienes.

“Esto forma parte de lo que se puede llamar la represión transnacional… y procura endurecer penas, enjuiciar en ausencia y tener la capacidad de universalizar la represión”, dice a EL PAÍS Eliseo Núñez, exdiputado opositor en el exilio.

Si bien las confiscaciones han sido usadas por el régimen de Ortega y Murillo contra ONG decapitadas y contra opositores despojados de su nacionalidad, con esta iniciativa “universalizan” para todos los nicaragüenses la confiscación de bienes. Aunque de facto, familiares de desnacionalizados ya han sido confiscados por el régimen, como sucedió, por ejemplo, con la madre del exmagistrado del Poder Judicial, Rafael Solís.

“Ortega ya no se conforma con encarcelar y expulsar a los disidentes más incómodos; ahora pretende juzgar y confiscar los bienes de aquellos que se encuentran en el exilio, ampliando su capacidad para silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”, planteó, en un artículo de opinión publicado en Confidencial, el exprecandidato presidencial Félix Maradiaga.

“Esta ley está diseñada para perseguir a cualquier persona con penas y confiscaciones, sin importar si se encuentran en Nicaragua o no, y sin necesidad de su presencia en los juicios. Se espera que el número de afectados aumente dramáticamente, pasando de las 317 personas declaradas apátridas el año pasado a miles más. No es simplemente una nueva ley; es una declaración de guerra contra todos aquellos que desafíen al régimen, estén donde estén”, agrega Maradiaga.

Una fuente ligada al Poder Judicial nicaragüense dijo a EL PAÍS que esta reforma al Código Penal es “mucho más dura” que la Ley de los Ausentes de los años ochenta. Durante la Revolución Sandinista, en julio de 1981, la Junta de Reconstrucción Nacional emitió el Decreto 760. Establecía que “era tarea prioritaria de la Revolución la reconstrucción del país” y se arrogaba el “derecho” de fomentar la producción a través del “uso racional de la propiedad”, considerando que algunos propietarios habían abandonado de forma irresponsable sus bienes.

“Ahora, si uno ve esta iniciativa de reforma planteada por Ortega y Murillo, es básicamente una ley para ir en contra de todo el mundo con penas y confiscaciones. Estén o no estén en Nicaragua, con o sin la presencia de ellos en los juicios”, plantea la fuente que aún labora en la Corte Suprema de Justicia. “Tengo información de que ya tienen la primera lista de familiares de los 317 opositores desnacionalizados”.

Mientras que en el exilio en Costa Rica, EL PAÍS ha conocido de casos en que las autoridades nicaragüenses han llegado a preguntar por ellos a sus viviendas. “Aparentemente no porque tengan algún perfil político en particular, si no para saber si las casas están deshabitadas, lo cual indica que a estas alturas puede que ya tengan mapeadas todas esas propiedades”, dice la fuente exiliada.

Respuesta al pedido de captura en Argentina
El investigador de Diálogo Interamericano Manuel Orozco explicó a EL PAÍS que esta iniciativa de reforma al Código Penal tiene una motivación política más que económica. Según él, es la respuesta de los Ortega-Murillo “al fracaso” que volvieron a tener esta semana en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al no poder nombrar como secretario general del organismo regional a uno de sus operadores políticos predilectos: Valdrack Jaentschke.

Pero también con otra noticia surgida esta semana desde Argentina: el pedido de un grupo de abogados ante la justicia del país austral para que cite a declaración indagatoria y se libre orden de detención y captura internacional contra Ortega y Murillo por su participación en la comisión de crímenes de lesa humanidad. El exdiputado Eliseo Núñez no cree que sea en vano que esta iniciativa de reforma al Código Penal invoque el principio de “universalidad”, el mismo con el que se pide que la pareja presidencial sea juzgada por crímenes de lesa humanidad.

“Es una iniciativa de ley violatoria de los derechos y garantías, del orden jurídico constitucional e instrumentos internacionales de derechos humanos”, plantea por su parte el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión. “Fortalece y actualiza la estrategia de persecución penal contra los considerados enemigos dentro y fuera del país. Es draconiana porque aumenta el castigo. Es recaudatoria porque tiene una obsesión por despojar, robar bienes… y disfrazan la persecución política con delitos comunes, transnacionales”.

EL PAÍS