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“Me puedo morir presa, pero creanme que esto se va a terminar», sentenció la exmandataria durante su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos. «Más allá de lo que puedan lograr con campañas mediáticas y de redes, el estómago necesita de determinada cantidad de proteínas y alimentos para funcionar”, alertó al vincular la crisis social que atraviesa el país con su situación procesal.

En su presentación en los tribunales federales de Retiro, la titular del Partido Justicialista (PJ) afirmó que concurrió “en calidad de detenida” y sostuvo que se encuentra cumpliendo “una muy injusta condena”, al hacer referencia al expediente Vialidad. Durante su declaración, aseguró también que fue condenada por delitos que «nunca» pudo haber cometido y cuestionó con dureza el accionar judicial. En ese sentido, acusó al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli de ser “mafiosos” y de haber “chantajeado a empresarios con una ola de detenciones”.

En otra de sus críticas al proceso judicial por la causa que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 7, CFK denunció que la figura del ‘imputado colaborador’ fue utilizada “en forma criminal” y remarcó que “no hay un solo testigo» que haya declarado en su contra. Según manifestó, en la causa “se construyeron pruebas para condenar” y se buscó “inclinar la cancha” para perjudicarla.

Además, lanzó dardos contra el Gobierno y al funcionamiento del Poder Judicial. “El Presidente anunció que voy a seguir presa y eso es violatorio de la Constitución”, planteó, y se preguntó: “¿En serio piensan que hay un poder judicial respetable?”. Para la exmandataria, existe una “politización de la justicia” y consideró que “no es normal que los jueces se dediquen a armar listas para ver quién entra al Consejo de la Magistratura”.

La citación de este martes se genera en el marco del rechazo del pedido de nulidad que presentó la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, donde argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, argumentó una vez más que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El respaldo de la militancia y el mensaje de Kicillof

Mientras transcurría la declaración de la referente del PJ, militantes de La Cámpora y seguidores de CFK se concentraron en San José 1111 antes y durante su exposición en Comodoro Py. La manifestación contó con la presencia de organismos de Derechos Humanos y agrupaciones del peronismo, quienes denuncian una “persecución política” hacia la exmandataria, al tiempo que exigen su liberación.

Entre las facciones políticas que anticiparon su participación frente al domicilio de Cristina Kirchner está el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), fuerza política que se referencia en la figura del gobernador Axel Kicillof. Asimismo, el mandatario provincial escribió un mensaje de apoyo a la expresidenta y denunció que «el partido judicial» de la mano del «gobierno de Milei» continúa «su acoso» contra Cristina Kirchner.

«Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular», enfatizó Kicillof en redes sociales, quien calificó la condena que pesa sobre la titular del PJ de «injusta» y absurda».

Antecedentes y últimos avances de la causa Cuadernos

La investigación judicial se originó en 2018, a partir de las anotaciones detalladas del exchofer Oscar Centeno, quien registró durante años el traslado de bolsos con dinero en efectivo provenientes de empresarios contratistas del Estado hacia funcionarios de las áreas de infraestructura y transporte.

Según la tesis del Ministerio Público Fiscal, entre los años 2003 y 2015 funcionó un sistema de recaudación ilegal mediante el cual se recibían pagos ilícitos a cambio de otorgar beneficios en contratos de obra pública o decisiones administrativas. Este proceso judicial tomó un impulso significativo gracias a las declaraciones de diversos «imputados colaboradores», entre los que se encuentran figuras como el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner.

En este contexto, la expresidenta está acusada de haber sido la presunta jefa de una asociación ilícita que operaba desde el Poder Ejecutivo, además de estar procesada por más de 200 hechos de cohecho pasivo vinculados a la recepción de sobornos de contratistas.

El juicio actual contempla la indagatoria de 86 acusados, quienes deben presentarse ante el tribunal para brindar sus datos y decidir si declaran o guardan silencio. Tras la comparecencia de la exmandataria, está previsto que continúen las declaraciones de otros exfuncionarios de alto rango, como De Vido, y diversos empresarios involucrados.

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