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Corten IDH analizará demandas por tierras ancestrales en Brasil

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Los quilombolas, de ascendencia indígena y africana, reclaman unas 85.537 hectáreas de tierras ancestrales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analizará el caso de las comunidades quilombolas de Alcântara, en el noreste de Brasil, que sufrieron expropiaciones hace décadas, informó este miércoles (12.01.2022) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El tribunal dirimirá «sobre la afectación a la propiedad colectiva de 152 comunidades, debido a la falta de emisión de títulos de propiedad de sus tierras, la instalación de una base aeroespacial sin la debida consulta y consentimiento previo, la expropiación de sus tierras y territorios, y la falta de recursos judiciales» para remediarlo, afirma la comisión en un comunicado.

Los quilombolas, de ascendencia indígena y africana, reclaman unas 85.537 hectáreas de tierras ancestrales.

En 1980 Brasil, gobernado entonces por una dictadura militar, declaró de «utilidad pública» 52.000 hectáreas del territorio habitado por 32 comunidades quilombolas. Las expropió y reasentó a los habitantes para construir el Centro de Lanzamiento de Alcântara (CLA) con el fin de desarrollar un programa espacial nacional.

La CIDH, órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirma haber enviado el caso a la Corte el pasado 5 de enero.

La comisión estima que el Estado brasileño tiene «obligaciones» con la propiedad tradicional de las comunidades quilombolas.

Tesis de «marco temporal»

El presidente brasileño Jair Bolsonaro apoya sin embargo la llamada tesis del «marco temporal», según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución en 1988.

Las comunidades no reasentadas de Alcântara no cuentan con títulos de propiedad colectiva «a pesar de las gestiones realizadas» y las reasentadas han salido perjudicadas porque no se respetó «el derecho a la propiedad (…) y a la consulta previa», ni se les otorgó «una indemnización integral», señala la CIDH.

En su informe la comisión concluye que «el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y de asociación, a la protección a la familia, a la propiedad, a los derechos políticos, a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y los derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana».

La organización recomienda a Brasil que adopte medidas para «la delimitación, demarcación, titulación completa del territorio ancestral» y que se asegure de que las comunidades reasentadas puedan vivir según sus tradiciones en «las tierras alternativas ocupadas actualmente».

Le insta asimismo a «reparar integralmente las consecuencias de las violaciones declaradas».

El informe estima que el modo de vida de las poblaciones se ha visto alterado porque no cuentan con acceso a una vivienda digna, las tierras alternativas son de mala calidad, el agua escasea y el deterioro medioambiental, en parte por la tala de árboles, afecta a la agricultura, la caza y la pesca.

Todos esto, añade el comunicado, «profundiza la discriminación sistemática» de la que son víctimas.

DW

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