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Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones antimineras y colectivos ecologistas entregaron este martes 13 de junio del 2023 en la Corte Constitucional una demanda contra el Decreto Ejecutivo 754.

La movilización partió desde el Parque El Arbolito hasta la sede de la Corte Constitucional (CC), en el norte de Quito. En la concentración inicial, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, habló de las razones por las que impulsan la demanda de inconstitucionalidad.

El dirigente también dio lectura al Mandato antiminero que, a través de concentraciones en 10 provincias a lo largo de esta jornada, se entrega a las autoridades seccionales.

Cuestionamientos al Decreto 754
Al llegar a la Corte, Iza manifestó que además de la supuesta inconstitucionalidad del Decreto 754, existen otras disposiciones presidenciales decretadas que han atentado contra la vida de las comunidades.

El titular de la Conaie considera que los magistrados del máximo organismo de administración de justicia «no deben esperar que exista una reacción en las calles. Por oficio deben estar vigilando los derechos», porque el Estado no los habría respetado.

El decreto, suscrito por el presidente Guillermo Lasso el 31 de mayo del 2023, reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Se relaciona al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, en el proceso de regulación ambiental de proyectos o actividades “de bajo impacto pertenecientes al sector hidrocarburífero y minero”.

Para la Conaie, el decreto «impone un proceso de consulta ambiental ilegal, que facilita la entrega de licencias ambientales a las compañías mineras transnacionales, cuyas concesiones han sido dadas sin cumplir requisitos de ley, por lo que son ilegales».

La organización indígena espera que la consulta, previa, libre e informada sea normada por una ley orgánica, no mediante un decreto.

Conaie apunta a más decretos
Además, la Conaie cuestiona otros decretos, el 707, que a su criterio facultan el libre porte de armas, y el 730, que indica permite operaciones militares contra personas y organizaciones terroristas.

Para el dirigente, esas normativas podrían permitir «estigmatizar a defensores de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, poniéndonos en grave riesgo de vulnerabilidad».

Mandato antiminero
Las organizaciones del Frente Nacional Antiminero exigen al Gobierno de Lasso, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en particular a las autoridades de Pachakutik, a los candidatos para la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional en las próximas elecciones, que acaten el Mandato antiminero y las resoluciones de la Asamblea Plurinacional en Defensa de los Territorios, la Naturaleza, el Agua y la Vida del 12 de enero de 2023.

Según los dirigentes, ese Mandato es respaldado por más de 60 organizaciones. Entre las resoluciones de la Asamblea consta exigir la derogatoria de los decretos antes mencionados, la suspensión de las actividades mineras en territorios indígenas, zonas de recarga hídrica, áreas protegidas y zonas de protección arqueológica. También piden la desmilitarización inmediata de los proyectos mineros, entre otras exigencias.

Las organizaciones ratificaron su apoyo a las consultas populares a nivel nacional por el Yasuní y, la local, de Quito Sin Minería.

La de este martes no fue una movilización masiva en Quito, pero el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, Marlon Vargas, aseguró que las bases habrían pedido salir a las calles y que el la solicitud es apoyar con el Sí en la consulta para prohibir la explotación petrolera en el Yasuní.

El Comercio