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Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cerraron este lunes el cuarto ciclo de negociaciones de paz en Caracas, con la aprobación de acciones humanitarias para dos “zonas de crisis” en las que la población atraviesa una “grave afectación” por el conflicto.

En una declaración conjunta, las partes indicaron que producirán “acciones humanitarias”, sin decir cuáles, “que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios”.

Asimismo, con este pacto, que incluyen acciones en el plano humanitario, el Ejecutivo de Gustavo Petro y la guerrilla buscan “llevar a cabo proyectos de desarrollo social (…) para su implementación en los próximos meses”.

Las zonas escogidas fueron Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, así como Sur de Bolívar (Bolívar) y Bajo Cauca (Antioquia), territorio en el que se registraron acciones violentas en las últimas semanas, pese al cese al fuego bilateral pactado, el cual entró en vigor el pasado 3 de agosto y se extenderá hasta febrero de 2024.

Las partes podrán definir nuevas “zonas humanitarias”, en caso de ser necesarias, luego de analizar las circunstancias que atraviesen estos territorios.

Un cese “bajo fuego”

El jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez, alias “Pablo Beltrán”, dijo este lunes, en Caracas, que el cese de hostilidades pactado hasta febrero ha estado “bajo fuego” durante los primeros 30 días.

“Desafortunadamente, en este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese (…) ha estado bajo fuego. De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios y empresas de comunicaciones buscando colocar obstáculos a este proceso”, sostuvo.

Denunció que también “ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar una veeduría social” al cese, que entró en vigencia el pasado 3 de agosto y se mantiene durante seis meses, el más largo acordado entre las partes.

“La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto de los mediáticos como de los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización”, prosiguió.

En vista de ello, Beltrán reiteró su llamamiento “a seguir acompañando” los procesos de paz y “persistir en un camino de solución política al conflicto” entre las partes, que lleva 70 años activo.

El foco en los más afectador por el conflicto

El senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Ejecutivo, había adelantado que en estas zonas se pondrán en práctica asuntos ya acordados como “la participación de la sociedad en la construcción de la paz” y el cese de hostilidades, el más largo pactado entre las partes.

Explicó que con este acuerdo se busca que en estos espacios haya una intervención “muy activa” de las comunidades y de empresarios, en algo que han llamado “la participación social y la construcción del gran acuerdo nacional”.

Las partes han cerrado esta cuarta ronda una semana después de que el ELN dejó en libertad a un soldado de 21 años de edad secuestrado el 20 de agosto en una zona rural del departamento de Arauca (este), en la frontera con Venezuela, acusado por la guerrilla de haber violado el cese al fuego bilateral.

Un plan para los integrantes del ELN presos en Colombia

En el mismo acto, las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y del ELN anunciaron que van a trabajar en un plan de atención para las personas consideradas presos políticos en el país andino y para integrantes del grupo guerrillero que están detenidos en calabozos o penales.

En una declaración conjunta, las partes dieron a conocer un “acuerdo parcial” que contempla que los centros de detención y las prisiones de Colombia pasan a ser considerados “zonas críticas”.

El Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla se comprometen al “desarrollo de mecanismos concretos para atender a los presos políticos y personas privadas de libertad reconocidas como integrantes del ELN, recluidos en prisiones y centros de detención del país”.

EFE