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La denominada Coalición Nicaragua Lucha, compuesta por 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos, rechazó hoy «la privación arbitraria de nacionalidad, entre otros derechos fundamentales restringidos, impuesta por el régimen» del presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo a 94 nicaragüenses, entre ellos 9 que forman parte de este ente.

«Lejos de cumplir con sus deberes internacionales, el Gobierno nicaragüense sigue practicando un terrorismo de Estado, sofisticando sus métodos represivos», dejando en situación de apátrida a «defensores de derechos humanos, muchos de ellos con medidas cautelares», denunció esa Coalición en una declaración.

«El régimen de Ortega-Murillo, bajo la figura de traición a la patria, inclusive sin un juicio y con total falta de debido proceso, ha profundizado sus prácticas violatorias ante la mirada de organismos internacionales, instituciones de derechos, y espacios multilaterales», advirtió.

La Coalición recordó «que la nacionalidad constituye un derecho irrevocable de todas las personas, y su privación arbitraria, aún más como sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional».

SIN NACIONALIDAD Y LES DECOMISARÁN BIENES

Las autoridades de Nicaragua despojaron el miércoles de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, con lo que suman 317 en la última semana, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega a territorio estadounidense.

Los otros son los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado.

En la nueva lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas sobresalen los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

También el excomandante de la revolución Luis Carrión, la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el excanciller Norman Caldera, el exmagistrado sandinista Rafael Solís, el exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, el periodista Carlos Fernando Chamorro, entre otros que fueron acusados por delitos considerados «traición a la patria», según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua.

En la sentencia se ordena además «la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos».

COALICIÓN LLAMA A ALZAR LA VOZ

Asimismo, fueron inhabilitados de forma «absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente», y declarados prófugos de la justicia, de acuerdo con la resolución judicial.

Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, los 94 nicaragüenses habían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.

«La Coalición Nicaragua Lucha convoca a que, en cada espacio de resistencia en el mundo, se alce la voz en solidaridad con el pueblo nicaragüense. No se puede hablar de una Latinoamérica democrática si en Nicaragua se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad», anotó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

EFE