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El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentaron el proyecto que prevé el levantamiento parcial de secreto de testimonio de víctimas de la dictadura con fines investigativos.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentaron este martes la agenda legislativa del Gobierno en materia de derechos humanos, que prevé el levantamiento parcial de secreto de testimonio de víctimas de la dictadura con fines investigativos, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que se cumplen el próximo lunes.

Desde el Parque Cultural de Valparaíso, las autoridades dijeron que el objetivo es realizar «un levantamiento, para el Plan Nacional de Búsqueda, del secreto vinculado a la información obtenida en la Comisión Valech», en referencia al organismo creado en 2003 con el fin de esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas a manos del Estado, recopilando antecedentes y documentación de las víctimas.

El anuncio se da, además, después de que la semana pasada el presidente Gabriel Boric oficializara el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura chilena (1973-1990).

«Respecto al levantamiento parcial del secreto Valech, este consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes del informe Valech 1 y 2 en los mismos términos que los tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos», explicó el ministro de Justicia.

«La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, que es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada mientras se encuentran hallazgos relevantes con previo consentimiento de las víctimas y sus herederos», agregó Cordero.

El funcionario informó que se requirieron alrededor de 8.000 carpetas con sus testimonios y antecedentes, pero siempre respetando la voluntad de las víctimas y sus herederos, y que en caso de negativa de alguna víctima en levantar su testimonio secreto, la decisión deberá ser respetada.

«El Plan Nacional de Búsqueda en un instrumento de política pública que recopila muchísima información para configurar, entre otras, las trayectorias de las personas detenidas y hechas desaparecer», dijo Cordero, y agregó que «este es un antecedente más, es importante destacar que el plan requiere mucha información y la que se encuentra acá es una más».

Por su parte, Elizalde habló del resto de medidas que tiene la agenda legislativa del Gobierno, entre ellas la tipificación de delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal, un plan nacional de memoria y patrimonio, y la eliminación de restricción de información sobre leyes dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida.

Estos ejes y materias específicas se enviarán a tramitación, presentando urgencias e indicaciones, según corresponda, y las que comprenden nuevas iniciativas de ley (como el levantamiento de testimonio) serán enviadas al Congreso.

La iniciativa del Gobierno ya generó diferencias con la oposición, donde diputados de derecha lo criticaron por entrar «en temas sensibles» como son los testimonios del informe Valech.

«El secreto por 50 años del informe Valech fue para proteger a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura en Chile. El presidente, al querer terminar con ese secreto sin cumplirse el plazo establecido, demuestra su ánimo divisorio y su poca sensibilidad con temas tan complejos», dijo el diputado Jorge Guzmán, de Evolución Política (Evópoli), según el portal Emol.

«Presidente, más conexión y menos división», agregó Guzman.

Por su parte, la diputada Catalina del Real (ex Renovación Nacional) cuestionó que el Gobierno siga «poniendo todo su esfuerzo en esta conmemoración de los 50 años».

«Lo único que han logrado es seguir causando división entre compatriotas, y si esta agenda legislativa va en la lógica contraria a la reconciliación y el reencuentro, difícilmente va a encontrar el apoyo en el Congreso», adelantó la diputada.

El Gobierno tiene prevista una serie de actividades y medidas por los 50 años del golpe de Estado a manos del dictador Augusto Pinochet, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, entre ellas la firma de una declaración conjunta entre el oficialismo y la oposición condenando la violación a los derechos humanos y el golpe de Estado.

La coalición de derecha Chile Vamos ya anticipó que no quiere participar de la firma del Compromiso de Santiago por la democracia que Boric quiere concretar el lunes.

De todas formas, desde el Ejecutivo insisten en que harán «hasta el último esfuerzo» para sacar adelante la declaración conjunta entre todos los partidos políticos.

«Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia, porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad», expresó Boric el miércoles pasado al presentar el Plan Nacional de Búsqueda.

«El plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales», consignó el Gobierno.

Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos «para contar con el registro más preciso posible», asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de las comisiones generadas por el Estado, aseguran «que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer» en el periodo 1973-1990.

Y agrega que se ha llegado a estimar «sin certeza» que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377.

Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a «agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades».

Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.

LA PUERTA PRINCIPAL DE LA SEDE DE LA OEA SE LLAMARÁ SALVADOR ALLENDE EN SU HOMENAJE

La Organización de los Estados Americanos (OEA) homenajeó este martes al asesinado presidente de Chile Salvador Allende al darle su nombre a la puerta principal de su sede en Washington DC, Estados Unidos.

El Consejo Permanente del organismo aprobó la resolución “Reconocimiento al expresidente Salvador Allende Gossens en la sede de la Organización de los Estados Americanos”, según consignó hoy en su red X, antes Twitter.

A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973, el Consejo Permanente de la OEA designó con el nombre del asesinado presidente de izquierda la puerta principal del edificio de la Secretaría General.

La decisión fue tomada en memoria de procesos similares que ocurrieron en otros países del hemisferio, con quiebres de procesos democráticos que incluyeron la represión de derechos humanos, incluyendo derechos civiles y políticos, y la destrucción de las instituciones democráticas, declaró el organismo en un comunicado.

El Representante Permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich, agradeció «a los 32 Estados miembros que acompañaron» la incorporación de la propuesta.

El funcionario rememoró los impactos de la dictadura cívico-militar de Chile y consideró que tuvo «consecuencias que siguen presentes hasta hoy en la vida social».

Entre ellas, resaltó la condena de siete exmilitares que asesinaron a Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973 y el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Hechas Desaparecer por la Dictadura Cívico-Militar lanzado por el Gobierno de Gabriel Boric la semana pasada.

Kraljevich rememoró a un querido amigo de su familia, cuyos restos espera encontrar gracias al programa mencionado.

«Ocho de cada diez familias aún siguen buscando a sus parientes desaparecidos», dijo Kraljevich.

«Democracia es memoria y futuro, llamamos a cuidar la memoria, porque sin ella es imposible construir el futuro que demandan nuestros pueblos», apuntó.

El funcionario agradeció por la «solidaridad durante los 17 años de dictadura» a las delegaciones que se expresaron haciéndose parte en el ejercicio de memoria y democracia, así como por «recibir a los compatriotas exiliados» y por sumar fuerzas para el retorno del orden democrático en Chile.

«Los desafíos de la democracia se solucionan con más democracia», sostuvo.

Finalmente, consideró que era «un ejercicio de justicia con un presidente que dio su vida por la democracia».

TÉLAM