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El acuerdo para reiniciar el camino hacia una nueva Constitución fue suscrito por 14 fuerzas políticas, desde el Partido Comunista hasta la conservadora Unión Democrática Independiente.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este martes que valora el acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente alcanzado por las fuerzas políticas y pidió «estar a la altura» y «aprender de experiencias recientes». Casi cien días después del contundente rechazo a la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito de septiembre y tras unas intensas negociaciones, los partidos políticos chilenos llegaron este lunes a un acuerdo para iniciar de nuevo el camino hacia la redacción de una nueva Carta Magna.

«La ciudadanía tiene la última palabra»

«Valoro el acuerdo al que se ha llegado. Confío en la buena fe para arribar a acuerdos», indicó Boric desde La Moneda, sede del gobierno. «El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura, aprendiendo de las experiencias recientes», agregó el mandatario.

El pacto, suscrito por 14 fuerzas políticas desde la conservadora Unión Democrática Independiente (UDI) hasta el Partido Comunista, establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de una nueva Carta Magna se llamará Consejo Constitucional y estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía. Será paritario y los indígenas, que tenían 17 escaños en la anterior convención constituyente, tendrán esta vez la representación que les otorgue la votación.

En paralelo, se instalará un comité de expertos designados por el Congreso (doce por el Senado y doce por la Cámara de Diputados) que elaborará un anteproyecto que sirva de base al consejo. Sobre esa comisión de expertos el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, hizo un llamado a los partidos a «poner la mejor gente disponible que tiene este país para hacer una Constitución que represente a todos y a todas». Mirosevic le exigió a las agrupaciones políticas del país que «elijan bien, que elijan con responsabilidad, pensando en los próximos 40 años de Chile».

Para el presidente Boric, el acuerdo alcanzado «reafirma el valor de la democracia» y, pese a la participación de expertos designados, se trata de un proceso donde «la ciudadanía tiene la última palabra» mediante un plebiscito ratificatorio que se celebrará el 26 noviembre del próximo año.

«Respetando la diversidad del país hemos logrado un acuerdo necesario y, espero, decisivo para avanzar en un nuevo pacto social, y en una mejor democracia, con más libertades y derechos sociales», agregó Boric en un punto de prensa en el que también estaban los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.

El mandatario chileno, partidario de reemplazar la actual Carta Magna, vigente desde la dictadura militar (1973-1990) y de corte neoliberal, aseguró que su gobierno mantendrá «un rol de colaboración y facilitación» durante el debate constitucional. Por su parte el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, destacó desde La Moneda que en los próximos días ingresará por la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de reforma constitucional que habilita el nuevo proceso constituyente y agregó que solicitarán discusión inmediata al Ejecutivo para poder iniciar el proceso en enero de 2023.

«Este es un tiempo que esperamos que sea relativamente corto, pero que requiere que el trabajo de redacción de la reforma se desarrolle con mucha acuciosidad», advirtió Elizalde, quien agregó que «va a haber mayoría en ambas cámaras para su aprobación».

Si bien el acuerdo fue firmado por la mayoría de las fuerzas políticas, la extrema derecha del Partido Republicano y el derechista Partido de la Gente, ambos con representación parlamentaria, se mantuvieron al margen. El senador republicano Rojo Edwards cuestionó que los parlamentarios «decidieron saltarse un plebiscito de entrada, en que los chilenos podamos rechazar su cocina política y acuerdo».

Una nueva oportunidad
Este acuerdo constitucional del Congreso ocurre tres años después de que el Parlamento alcanzara un pacto político para realizar el anterior proceso constitucional, el 15 de noviembre de 2019. El pacto, logrado de madrugada, fue asumido como una salida política para encauzar las violentas protestas de la revuelta social que había estallado en Chile un mes antes.

El 62,5 por ciento de los chilenos rechazó el pasado cuatro de septiembre esa propuesta constitucional, redactada por una convención de mayoría progresista e integrada por ciudadanos independientes, sin afiliación a partidos políticos, con paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados a indígenas. Unos días después, las fuerzas políticas iniciaron las negociaciones para encarar un nuevo proceso porque, pese al rechazo en el plebiscito, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual, que fomenta la privatización de servicios básicos.

El acuerdo incluye doce principios institucionales que debe seguir el órgano redactor y que impedirían una propuesta refundacional. Entre esos puntos se encuentran la declaración de Chile como un «Estado social y democrático de derechos», el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la «nación chilena» y el sistema bicameral.

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