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La convención que redacta la nueva Constitución de Chile aprobó el «derecho a las tierras, territorios y recursos» de los pueblos originarios en la nueva Carta Magna, un hecho calificado como histórico por numerosos constituyentes y representantes de las etnias indígenas del país.

Con 106 votos a favor (de 103 necesarios), el pleno dio luz verde al artículo en una sesión que concluyó en la noche del miércoles con aplausos y celebraciones por parte de los 17 constituyentes que ocupan alguno de los escaños reservados para indígenas.

Con esto, se define que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación” y que “los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva”.

“Hoy día la Convención Constitucional abre el camino a la solución de conflictos históricos, los despojos que hemos sufrido los pueblos originarios», afirmó Rosa Catrileo, constituyente y representante de pueblo mapuche, la etnia más numerosa.

“No es cierto que la sociedad chilena esté fragmentada en torno a las grandes demandas de los pueblos de Chile y este es un ejemplo», agregó por su parte la expresidenta de la convención y académica indígena Elisa Loncón.

También se aprobó un artículo que aclara que “ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública», a lo que se sumó que “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien”.

Se trata de la primera vez en la historia de Chile en que los pueblos originarios participan en la redacción de una Constitución, en este caso con siete constituyentes mapuche, dos aymaras y uno de cada etnia restante: diaguita, quechua, atacameño, colla, yagán, kawésqar, chango y rapa nui.

El reconocimiento sobre las tierras tiene lugar en pleno recrudecimiento de la violencia en el sur del país, una zona donde existe un enconado conflicto territorial entre el Estado, empresas forestales y agrícolas y algunos grupos mapuche, que reclaman los terrenos que habitaron durante siglos.

En el último año, esta disputa ha experimentado una escalada de violencia con frecuentes ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.

Chile inició en 2020 el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas por la igualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos.

En caso de aprobarse en el referéndum de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva ley fundamental sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

EFE