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El escándalo por el convenio entre Fundación Democracia Viva y el Ministerio de Vivienda alcanza a otras entidades. Las investigaciones también se extendieron hacia un trato suscrito durante la Administración de Sebastián Piñera, que es investigado por la Fiscalía de la Región de O’Higgins

El Gobierno del presidente chileno Gabriel Boric enfrenta un complejo momento por la trama del denominado Caso Convenios, una investigación que ensombrece la promesa de probidad del Frente Amplio. En el centro de la causa está la Fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD), partido de izquierda que integra la alianza en el Gobierno. La Fiscalía indaga ahora otras fundaciones en diferentes regiones del país.

Todo comenzó con el millonario aporte de unos 530.000 dólares entregado por la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda, en el norte del país, a la fundación Democracia Viva encabezada por Daniel Andrade, militante de RD y pareja de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez. Los vínculos políticos y territoriales de los involucrados hicieron que se instalara una sospecha de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco.

La investigación se ha extendido a diferentes fundaciones, algunas con estrechas relaciones con el oficialismo, que han recibido dinero de parte del Gobierno para todo tipo de proyectos, algo que no resulta ilegal. Es habitual que el Estado acuda a fundaciones para ejecutar con mayor rapidez, pero ante el escándalo de Democracia Viva, algunos de estos traspasos generaron dudas. Llamaron la atención organizaciones que recibieron tareas vía trato directo que no eran de su especialidad.

A más de dos semanas del escándalo inicial que golpeó con dureza al oficialismo, las investigaciones se aplicaron a algunas figuras opositoras como el gobernador de la Región de La Araucanía. También se agregó un primer cuestionamiento a un convenio suscrito durante la Administración del exmandatario Sebastián Piñera (2018-2022).

La Fiscalía de Chile anunció investigaciones de oficios en distintas regiones, donde se observaron esquemas similares al de Fundación Democracia Viva. Estas son las fundaciones investigadas:

Democracia Viva

La organización que hizo estallar el Caso Convenios fue inscrita en octubre de 2021 por tres personas, entre ellas Daniel Andrade, exdirigente estudiantil y militante de RD. Las dudas sobre su papel surgieron luego que se conociera que el Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, el también integrante de RD Carlos Contreras, asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) para supuestamente trabajar en la mejora de los asentamientos precarios de la zona.

Ambos personajes, además de su militancia política, compartían un vínculo con la diputada antofagastina Catalina Pérez: Andrade era su pareja, mientras que Contreras fue su asesor. El convenio, ejecutado por trato directo y sin una licitación de por medio, provocó suspicacias por el alto monto del traspaso, la cercanía de los involucrados y el tipo de trabajos concretados por la fundación, que no corresponderían a su especialidad inicial.

Urbanismo Social

La Fundación Urbanismo Social nació hace 15 años y se dedica a proyectos ligados a la vivienda y a la innovación urbana. Su nombre llegó al Caso Convenios luego que se conocieran los vínculos con autoridades de dos regiones del sur de Chile. En Maule, los focos se fijaron en el seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández, que antes de asumir su cargo fue asesor jurídico de la fundación, a la que trasfirió 109 millones de pesos (unos 136.000 dólares). En la región del Biobío, las dudas se centraron en la figura de la delegada presidencial, Daniela Dredsner, que se desempeñó en la fundación.

Procultura

La fundación Procultura —a la que alguna vez perteneció Irina Karamanos, pareja del presidente Boric y exprimera dama— quedó en la mira por una asignación de 500 millones de pesos (unos 627 mil dólares) de parte del seremi de Vivienda de Antofagasta, el mismo que fue cuestionado por Democracia Viva. Este miércoles, el medio BioBioChile señaló que el exsubsecretario de Desarrollo Regional y actual asesor del Gobierno, Miguel Crispi (RD), había respaldado a la entidad para realizar el proyecto Recuperación de Fachadas Zona de Conservación Histórica en la misma zona.

La ONG descartó cualquier irregularidad e incluso presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

Fundación Visible

Con sede en Antofagasta, la Fundación Visible fue denunciada por la senadora democristiana Yasna Provoste por presuntas irregularidades en un trato por la aplicación del programa Noche Digna en la ciudad de Copiapó. La iniciativa, que busca dar abrigo a las personas desamparadas durante la época invernal, depende del Ministerio de Desarrollo Social, cartera dirigida por Giorgio Jackson, fundador de RD y principal aliado del presidente Boric. Tras la denuncia presentada por la parlamentaria, Jackson ordenó una investigación interna.

Fundación Chinquihue

Fundación Chinquihue recibió del Gobierno regional de Los Lagos, en el sur del país, 1.000 millones de pesos (1,2 millones de dólares). De acuerdo a un reporte del canal de televisión Mega, la fundación está presidida por el propio gobernador regional, Patricio Vallespín, un independiente exmilitante de la Democracia Cristiana. La autoridad descartó cualquier irregularidad.

Fundación Comprometidos

La Fiscalía de Atacama, en el norte de Chile, inició una investigación de oficio a la entidad, que recibió 128 millones de pesos (160.000 dólares) de parte del Ministerio de Vivienda para entregar agua potable en camiones a cuatro campamentos de Copiapó. Las dudas surgieron a partir del particular cambio de giro de la fundación, que inicialmente estaba dedicada a realizar películas y administrar un servicio de veterinaria. Sebastián Duarte, director de Comprometidos, había sido militante de la extinta formación política de izquierda Partido Progresista (PRO), liderada por Marco Enríquez Ominami.

Red Cultivarte

Se le cuestiona un convenio por trato directo firmado con el gobernador regional, el independiente Rodrigo Díaz Worner. La directora de la red, Elizabeth Villanueva, es cuñada del alcalde de la comuna de Coronel, Boris Chamorro. Durante el miércoles, justo después que se anunciara una investigación en su contra, Red Cultivarte denunció un robo en sus oficinas.

Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones

Con sede en la Región de Coquimbo (norte), es investigada por la Fiscalía de Arica y Parinacota por recibir 2.500 millones de pesos (unos 3 millones de dólares) del Gobierno Regional. La situación fue denunciada por los diputados Sergio Gahona y Juan Manuel Fuenzalida, ambos militantes de la UDI [derecha tradicional], quienes alertaron sobre la rapidez en la adjudicación de los montos.

Fundación Local

El Ministerio Público de la Región de La Araucanía, en el sur del país, anunció este jueves que iniciaría una indagatoria por convenios entre la Fundación Local —creada en 2020— con el Gobierno Regional, encabezado por Luciano Rivas, independiente de derecha. La autoridad local defendió el trato, manifestando que está dispuesto a colaborar con la investigación judicial.

Fundación Arquiduc

La Fiscalía de la Región de O’Higgins informó sobre una indagatoria de oficio para conocer sobre los contratos realizados por la Seremi de Vivienda local y la Fundación Arquiduc, los que terminaron en traspasos de 56 millones (69 mil dólares) y 65 millones de pesos (80 mil dólares). Los hechos ocurrieron el año 2021, durante el Gobierno del expresidente Piñera, siendo la primera investigación oficial que abarca su período.

Auditorías a las organizaciones

La Contraloría General de la República anunció el miércoles que realizará una auditoría general a todos los convenios realizados por el Ministerio de Vivienda con fundaciones entre el año 2021 hasta la fecha. Anteriormente, el organismo encabezado por Jorge Bermúdez suspendió las transferencias entre el Estado chileno y este tipo de organizaciones.

EL PAÍS