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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un paquete de medidas que endurecen el castigo que se aplica por casos de corrupción y que tipifica como delito de tipo penal la financiación irregular de campañas.

El texto base del proyecto de ley, que ahora deberá ser sometido a debate en el Senado, fue aprobado por una aplastante mayoría de 450 votos a favor y sólo uno en contra en una sesión que se prolongó durante unas doce horas y se enredó con violentas protestas contra el Gobierno de Michel Temer frente a la sede del Parlamento.

Una de las principales novedades de la propuesta es que tipifica como delitos de tipo penal las irregularidades en la financiación de campañas electorales, que son uno de los ejes de las investigaciones del escándalo en la estatal Petrobras, que salpica a decenas de políticos y empresas privadas.

Hasta ahora, esas infracciones son consideradas sólo como faltas relativas a las normas que rigen los comicios y se castigan dentro del ámbito de la justicia electoral, pero no penal.

La semana pasada, la prensa local desveló algunas iniciativas parlamentarias que buscaban aprovechar la votación de ese nuevo paquete de medidas para presentar propuestas que pudieran beneficiar a políticos implicados en las corruptelas en la petrolera estatal.

«No será punible en lo penal, civil o electoral la donación contabilizada, no contabilizada o no declarada, omitida u ocultada» si fue usada para financiar «la actividad política, partidaria o electoral realizada hasta la publicación de esta ley», decía un texto que circulaba entre los diputados.

Frente a esas maniobras, el fiscal Carlos Fernando dos Santos, uno de los responsables de la investigación en Petrobras, denunció que «ciertos sectores» buscaban impedir el castigo a los políticos implicados en ese sonoro escándalo.

«Los parlamentarios han puesto los pies en polvorosa» y se valen de un proyecto de ley impulsado por la sociedad civil que propone penas más duras a los delitos de corrupción para, por el contrario, minimizar el castigo o «decretar una autoamnistía», sostuvo.

A esas maniobras les salió al paso el pasado fin de semana el propio Temer, quien anunció que vetaría cualquier iniciativa en ese sentido y anunció un acuerdo con la Cámara Baja y el Senado para que ninguna propuesta de amnistía fuera siquiera discutida.

Si bien no hubo perdones a ningún delito, los parlamentarios sí aprobaron una medida que propone castigar penalmente a los jueces y otras autoridades que incurran en abusos de autoridad.

Esa posibilidad era resistida por los miembros del poder judicial debido a que, según muchos magistrados y fiscales, pudiera servir para «intimidar» a los jueces y llevarlos de esa condición a la de acusados por aquellas mismas personas que estén procesando.

EFE