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Los bosques perdieron una superficie equivalente a la de Francia en 40 años; a este ritmo, la catástrofe es inminente

Murilo Pajolla
Traducción: Isabela Gaia

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la deforestación en la Amazonía brasileña cayó un 42,5% en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo período del año pasado. Las cifras siguieron cayendo, incluso en el segundo semestre, cuando la estación seca genera un aumento de los incendios. En julio, la caída fue del 66%. Aún no divulgado oficialmente, el balance del INPE de agosto podrá presentar una reducción entre el 55 y el 60%.

En contraste con el gobierno anterior, que desmanteló la estructura de fiscalización ambiental y dio luz verde a los deforestadores, las estadísticas permiten decir que la Amazonía ha vuelto a los niveles de devastación pre Bolsonaro. Aun así, los científicos advierten sobre la posibilidad concreta de que el agronegocio lleve al bioma al llamado punto de no retorno, cuando la degradación ambiental será tan profunda que hará imposible revertirla.

«Tenemos un Congreso donde el agronegocio es el mayor poder. O convencemos a los parlamentarios de que es necesario tener un plan de futuro o vamos a colapsar todos», afirmó Luciana Gatti, científica en cambio climático y coordinadora del Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

De acuerdo a Gatti, es difícil predecir cuándo se llegará al temido punto de no retorno, pero asegura que «estamos cerca». Luciana afirma que la desertificación del bosque no se producirá en todo el bioma de una vez, sino que ocurrirá primero en los puntos donde la deforestación es más crítica y actualmente ya provoca cambios de temperatura y en el régimen de precipitaciones.

«Nuestra prioridad número uno tiene que ser la parte sureste de la Amazonía. En esa región ya era necesario declarar el estado de emergencia: prohibir cualquier tipo de deforestación y quema. Y realizar grandes proyectos de restauración forestal, con producción de plantines y siembra», advirtió Gatti.

Los alcaldes del punto de no retorno

La región sureste de la Amazonía brasileña corresponde al norte del estado de Mato Grosso y al sur del estado de Pará. En estas zonas, el cultivo de cereales y la ganadería son los principales impulsores de la deforestación. Las actividades sitúan frecuentemente a los municipios de la región en los primeros puestos del ranking nacional de deforestación. Recientemente, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el diputado José Priante (Movimiento Democrático Brasileño – Pará), llevó a alcaldes locales a conversar con representantes del Ministerio de Medio Ambiente.

«[Los alcaldes] quieren estar mejor informados sobre dónde hay o no deforestación y quieren una regularización ambiental y de tenencia de la tierra», dijo a Brasil de Fato el secretario extraordinario de Control de la Deforestación y Ordenamiento Ambiental Territorial del Ministerio de Medio Ambiente, André Lima.

«Estamos impulsando una gran articulación política, que también implica la transferencia de recursos a los municipios que adhieren a este pacto, a partir del Fondo Amazonía. Estamos tratando de invertir el debate: en lugar de que el parlamento sea reactivo a las medidas de control, estamos llamando al parlamento a ser protagonista de una agenda positiva basada en la reducción de la deforestación», explicó.

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André Lima reconoce que la oposición ruralista en el Congreso es un obstáculo para la meta «deforestación cero» del gobierno federal, pero revela estrategias del gobierno para suavizar, de manera democrática, la reacción de los parlamentarios. El Fondo Amazonía, que hasta entonces solo financiaba proyectos presentados por los estados o la Unión, financiará ahora iniciativas municipales. La prioridad, según él, será la restauración forestal y las actividades económicas con los pueblos y comunidades tradicionales.

«Obviamente hay reacciones puntuales de los parlamentarios en relación con algunas medidas más duras, como, por ejemplo, la incautación de ganado o la destrucción de bienes y maquinaria incautadas durante la fiscalización. Esto siempre genera algún tipo de reacción porque hay un reclamo de que los parlamentarios sean, de algún modo, más flexibles. Y hemos atendido a esto. El presidente del Ibama es un ex diputado federal. Ha sido muy firme, pero en la medida de lo posible ha respondido a las solicitudes», afirmó Lima.

El gobierno promete una caída continua de la deforestación

En 2023, el número total de áreas embargadas en la Amazonía es de 280 mil hectáreas, 213 mil en propiedades privadas y 67 mil en tierras públicas. El valor de las multas ambientales aplicadas en el bioma hoy ronda los 1 mil millones de reales (aprox. 201 millones USD).

André Lima, secretario nacional de lucha contra la deforestación, califica las cifras de satisfactorias, y afirma que tienden a disminuir aún más. Hasta ahora, el gobierno ha actuado para aumentar la eficacia de las operaciones de fiscalización, pero los planes para impulsar el desarrollo económico sostenible, que dependen de más tiempo para su implementación, aún no han salido del papel.

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«Una gran novedad que implementamos en esta línea de fiscalización son los embargos remotos, es decir, estamos aprovechando el uso de tecnología remota, no solo para detectar la deforestación y movilizar inspecciones de campo, sino también para aplicar sanciones de forma remota. Y esto empieza a generar resultados, porque multiplicamos por 10 la capacidad de fiscalización», explicó André Lima a Brasil de Fato.

Según Lima, las nuevas medidas tendrán un efecto en las estadísticas de deforestación. El Banco Central publicó una resolución que impide el acceso al crédito rural a propietarios de inmuebles embargados o con el Registro Ambiental Rural (CAR) cancelado o en suspenso. El cambio afecta a los propietarios de granjas que han estado sujetas a embargos por parte de agencias federales y estatales o que se superponen con tierras indígenas y unidades de conservación. Las nuevas normas entrarán en vigor entre agosto de este año y enero de 2024.

Catástrofe inminente

Un análisis del proyecto Mapbiomas publicado a fines de agosto mostró que, entre 1985 y 2022, la superficie ocupada por el agronegocio en la Amazonía saltó del 3% al 16%. En el mismo período, el bosque perdió 52 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Francia. «Si no detenemos este ritmo, pronto podríamos llegar a un punto de no retorno. Por eso es urgente inspeccionar, monitorear y combatir la deforestación ilegal», reforzó Luiz Oliveira, investigador de Mapbiomas.

Al publicar investigaciones científicas sobre la Amazonía en la revista Nature, Luciana Gatti descubrió en 2021 que la región se había convertido en una fuente de carbono para la atmósfera. En 2023, otro artículo escrito por ella y sus colegas concluyó que las emisiones se habían duplicado en los dos primeros años del gobierno de Bolsonaro. La científica reconoce que el gobierno de Lula representó un cambio ambiental para el país, pero dice que eso no es suficiente.

«Necesitamos cambiar este modelo de producción agrícola, y rápidamente, porque esto llevará a Brasil a un colapso climático. Pronto provocará consecuencias, un importante problema socioambiental y ecológico. Nos dirigimos hacia un futuro catastrófico. Vamos a tener que cambiar, entonces sentémonos juntos y elaboremos un plan para ese cambio», convocó la científica.

BRASIL DE FATO