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Minería e hidrocarburos son principales fuentes de residuos contaminantes que afectan el medio ambiente y la salud de las poblaciones.

Pasivos ambientales son aquellos residuos producidos por operaciones mineras, petroleras o gasíferas activas, inactivas o abandonadas que constituyen un riesgo permanente a la salud de la población, al ecosistema circundante y a la propiedad.

Según el economista peruano y exviceministro del Ambiente Hugo Cabieses, “las legislaciones en todos los países consideran, en el marco de los estudios de impacto ambiental, la necesidad de que las empresas, en sus planes de cierre, impulsen la remediación de daños ambientales a consecuencia de los relaves y desmontes producidos por sus actividades”.

La Defensoría del Pueblo del Perú precisó que los pasivos ambientales “pueden contaminar el agua, el suelo, el aire, afectar la salud de la población que vive cerca de ellos e incluso puede perjudicar la propiedad de terceros. Por ejemplo, puede incrementar la presencia de minerales en el organismo, o generar enfermedades respiratorias”.

“Si los agentes contaminantes llegan al río, además de contaminarlo, acaban con la vida de los peces y otras especies”, agrega. “Pueden dañar también los cultivos y los animales. Y si se trata de zonas con bosques pueden causar un daño irreparable o muy difícil de recuperar”.

A enero del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del Perú tenía registrados 8,448 pasivos ambientales mineros y 156 de las actividades hidrocarburíferas en el país. El 12 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso peruano aprobó el dictamen del proyecto de ley que modificaría la Ley 28241 sobre Pasivos Mineros, vigente desde el 2004, encargando al MEM que priorice la identificación, registro y remediación de pasivos ubicados en cuencas hidrográficas.

Las alarmas sobre la precariedad de muchos pasivos ambientales en minas activas o inactivas volvieron a saltar con la rotura el 25 de abril en Brasil de una represa de relaves de la mina de hierro Corrego de Feijao —perteneciente a la minera brasileña Vale—, cerca de la ciudad de Brumadinho, en el suroriental estado de Minas Gerais. Los relaves son depósitos de desechos tóxicos que se obtienen de los procesos de concentración de minerales. Su almacenamiento es la única opción en la extracción minera y en su manejo es clave la recuperación del agua para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas. Para obtener 1 TM de concentrado, se generan alrededor de 30 TM de relave.

Este desastre ambiental se produjo tres años después de la rotura de otro relave en la ciudad de Mariana, también en Minas Gerais, de propiedad de Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. Los embalses habían sido construidos para depositar los residuos provenientes de la extracción de mineral de hierro en diversas minas de la región.

Según informaciones periodísticas, ambas represas de relaves habían sido aprobadas por la empresa y las autoridades regulatorias brasileñas que otorgaron los permisos para su construcción y fiscalizaron las operaciones, además de contar con evaluadores externos que confirmaron la estabilidad de las represas. No obstante, tras el desastre se encontró que los depósitos habían sido construidos con arena y limo y no tenían concreto o metal que ayudara a contener los desechos tóxicos.

El saldo de ambos desastres fue más de un centenar de personas muertos y miles de heridos y damnificados, además de haber contaminado ríos y dejado a pueblos enteros sin sus medios de vida.

Manejo inadecuado de residuos peligrosos

El Informe Regional de la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales (ACPA) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), publicado en el 2016, resaltó que “la gestión de los residuos sólidos y peligrosos, por ejemplo los mineros, como resultado de las actividades económicas, es de gran relevancia, dados los efectos negativos que su alta de gestión o manejo inadecuado pueden ocasionar en la población, los recursos naturales y los ecosistemas; lo que aumenta el riesgo de producir pasivos ambientales considerados así aquellos sitios que registran una afectación del agua o del suelo, por la contaminación ocasionada por algún tipo de residuo”.

“El término de pasivos ambientales tiene múltiples definiciones, algunas coincidentes y otras no, no obstante, el concepto tiene un origen contable basado en los costos por las afectaciones ambientales a la sociedad en erogaciones por servicios de salud, remediación, compensación e indemnización. En general, la falta de un adecuado manejo de los residuos peligrosos y de generación de contaminantes es un problema asociado con algunas actividades productivas de la industria, la minería, los servicios de salud y la agricultura. En primer término, la producción de residuos debe evitarse y, cuando esto no sea posible, tratarlos y disponer de ellos adecuadamente, a fin de mitigar los riesgos de generación de pasivos ambientales”.

Para el ingeniero industrial peruano Max Schwarz, en un artículo publicado por la revista América Economía el 22 de febrero del 2019, “los componentes mineros (presas de relave, depósitos de desmonte, pilas de lixiviación, presas, pozas y similares) requieren necesariamente un diseño geotécnico que cumpla con estándares técnicos mundialmente aceptados, que hoy son recogidos por la mayoría de las legislaciones mineras locales”.

Schwarz explicó que es necesaria “una investigación geotécnica completa, que permita fundamentar la construcción, incluyendo el análisis del suelo y los trabajos previos para desarrollar la estructura, de tal forma, que los criterios de seguridad previstos puedan cumplirse. Esta sección de diseño debe ser parte integrante, en conjunto, con otros factores como la evaluación y modelación hidrogeológica de largo plazo y el diseño de componentes complementarios, como pozas de eventos y canales de derivación y coronación”.

Vacíos legales
Argentina no cuenta con leyes nacionales específicas que regulen la prevención, identificación, tratamiento y/o remediación de los pasivos ambientales. La revista especializada Nueva Minería y Energía precisó en un artículo publicado el 1 de abril que “al poseer un sistema político federal, cada provincia de Argentina cuenta con una autoridad en materia minero-ambiental en su jurisdicción. Es por ello que en el marco del Nuevo Acuerdo Federal Minero —documento del 2017 donde el gobierno logró marcos comunes para el desarrollo de la minería—, se publicó un ítem dedicado a los pasivos ambientales”.

“Como experiencia de manejo de estos residuos, figura en el 2015 el trabajo por parte del gobierno en tres pasivos ubicados en Río Negro, Jujuy y San Juan, dando vida al Programa Gestión Ambiental Minera. Este programa piloto contó con un monto de inversión de US$ 40 millones, cifra que provino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se enfocó en dos áreas: gestión ambiental minera y medio ambiente nacional”.

Al 2014, Bolivia tenía 3,342 pasivos ambientales. El Código de Minería establece que para el otorgamiento de la licencia, los titulares de la concesión deberán realizar previamente una auditoría ambiental. Si bien el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras regula la Auditoría Ambiental de Línea de Base, no existe definición de plazos y criterios para la remediación, ni cuál es la función del Estado boliviano respecto a los pasivos identificados.

Aunque el Perú tiene una legislación que aborda el tema de los pasivos ambientales, deja mucho espacio a interpretaciones respecto a la responsabilidad de la remediación

Para Cabieses, “es una legislación que ‘recomienda’, pero no es vinculante. Remediación, para las autoridades, es determinar una zona para depositar los relaves y desmontes, envolverlos con geomembranas y eventualmente reforestar con especies resistentes a metales pesados”.

Chile, a pesar de tener una importante actividad minera, no posee una legislación específica para la identificación y catastro de pasivos ambientales, tampoco de metodologías integrales y estandarizadas para la prevención y/o restauración de tales residuos. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen 437 depósitos de relaves inactivos, 125 abandonados y 32 de los que no se tiene información, que se concentran, principalmente, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Metropolitana. En enero, el Ministerio de Minería chileno, junto con el Servicio de Evaluación Ambiental, anunciaron un convenio para remediar 37 antiguos depósitos abandonados.

Sara Larraín, directora de la organización no gubernamental ambientalista Chile Sustentable, manifestó que “la propuesta del Ejecutivo representa una iniciativa llamativa, pero que finalmente no resuelve el problema de fondo. Existe una ley que apunta al correcto cierre de faenas, vigente desde el año 2012, sin embargo, no reconoce —en la mayoría de los casos— una titularidad sobre quién es el responsable de dejar un sitio contaminado y completamente abandonado”.

“Desde nuestra perspectiva, lo que tiene que haber acá es la incorporación de un título a la ley sobre cierre y abandono de faenas mineras; establecer pasivos ambientales mineros de aquellas faenas o acopios que hayan sido abandonados y que esté en vigencia la concesión sobre aquellas áreas”, declaró Larraín al servicio informativo intercultural Servindi. “Y eso tú lo puedes hacer porque en el fondo tú reconoces la responsabilidad sobre el titular de un sitio que está contaminado. Entonces corresponde a un pasivo ambiental que no es de todos los chilenos, sino que de la empresa que hizo el negocio en dicho lugar”.

La auditoría de la ACPA, en la que participaron entidades fiscalizadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, llegó a la conclusión que “en el diseño de políticas públicas de pasivos ambientales, las instituciones responsables de los pasivos ambientales en los países de participantes en la ACPA, no dispusieron en todos los casos de un concepto de pasivo ambiental en su marco normativo que permitiera evitar vacíos legales y establecer responsabilidades en cuanto a los daños y su remediación; carecieron de instituciones con objetivos y atribuciones específicas, y con personal suficiente para la ejecución de sus acciones de prevención, control y remediación; registraron deficiencias en su planeación nacional y sectorial e institucional en la materia, basada en diagnósticos que dimensionen el daño por pasivos al ambiente y las personas; falta de desarrollo e implementación de sistemas informáticos en materia de pasivos ambientales, lo que limitó a los gobiernos disponer de información para la toma de decisiones”.

En resumen, “las acciones de prevención, control y remediación, realizadas por las instancias responsables de los pasivos ambientales en los países participantes en la ACPA, no fueron suficientes para mitigar los daños al ambiente y a la salud de las personas, lo que impidió garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano”. —Noticias Aliadas.

COMUNICACIONES ALIADAS