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El expresidente colombiano está procesado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno a testigos y fraude procesal

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), bajo detención domiciliaria por un caso de presunta manipulación de testigos que avanza en la Corte Suprema, ha renunciado este martes (18) a su escaño en el Senado, donde era el jefe indiscutible de la bancada del Centro Democrático, el partido de Gobierno. La dimisión desata un debate acerca de la competencia del alto tribunal, que es el encargado de juzgar a los congresistas.

Uribe ha dicho que la medida de aseguramiento con detención domiciliaria le anula sus “expectativas de regresar al Senado” y ha reiterado que, a su juicio, le han sido violadas ocho garantías procesales, que él y su abogado fueron interceptados y que se han dado filtraciones a la prensa, entre otras denuncias. Además, argumentó que está “detenido por inferencias, sin pruebas directas”, en clara respuesta a la investigación de la Corte Suprema de Justicia, que duró más de dos años. “Hago mis votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados”, escribió el expresidente en la carta que dirigió al presidente del Legislativo, Arturo Char. El Senado votó este mismo martes para aceptar su renuncia, con 82 congresistas a favor y 12 en contra.

El exmandatario, que es el mentor político del presidente Iván Duque, se convirtió también en los comicios legislativos de 2018 en el senador más votado en la historia del país, con 800.000 votos. Cuando la Corte lo llamó a indagatoria en julio de ese año, antes de la posesión de Duque, ya había renunciado a su escaño, pero se retractó pocos días después.

“Que Uribe renuncie al Senado no implica bajo ninguna circunstancia que la Corte Suprema de Justicia pierda su competencia para avanzar en la investigación y llamarlo a juicio”, reaccionó el senador Iván Cepeda, considerado víctima en el proceso por manipulación de testigos del que está acusado el expresidente. “Uribe, en su condición de senador, utilizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país, paramilitares, para que declararan en mi contra. La competencia por estos hechos sigue estando en la Corte Suprema de Justicia”, dijo el congresista de oposición, anticipándose a las interpretaciones jurídicas sobre el alcance de la renuncia. En caso de que la Corte perdiera su competencia, el caso pasaría a manos de la Fiscalía.

El proceso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el exmandatario presentó una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot en su contra que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas para vincularlo a las actividades de grupos paramilitares. Sin embargo, el caso dio un giro en 2018, cuando el alto tribunal se abstuvo de procesar a Cepeda y, por el contrario, pidió investigar al exmandatario bajo la sospecha de que fue él quien manipuló testigos para que se retractaran y acusaran a Cepeda. La denuncia original de un paramilitar señala que en una antigua propiedad de la familia Uribe se creó un grupo de autodefensas.

Tras dejar la Presidencia, Uribe se ha mantenido como el gran fenómeno electoral en lo que va de siglo en Colombia, y probablemente en el político que más divide a la sociedad colombiana. Durante los dos períodos de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018), se convirtió en el más férreo opositor a las negociaciones de paz con la extinta guerrilla de las FARC, y al acuerdo sellado a finales de 2016. En el camino congregó a los sectores más religiosos y conservadores en torno al Centro Democrático. A su alrededor se constituyó toda una corriente política, el uribismo, que en la práctica encarna posiciones de derecha radical. Aunque dejó el poder con altos niveles de popularidad, su aceptación en las encuestas ha mostrado un pronunciado declive, con un 59% de imagen desfavorable según la más reciente Gallup Poll.

Durante sus dos periodos, Uribe impulsó una política de seguridad aplaudida por los sectores más conservadores por su mano dura, pero al mismo tiempo señalada como caldo de cultivo de los llamados falsos positivos: ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados después por los militares como guerrilleros caídos en combates a cambio de beneficios. Según un informe de la Fiscalía, hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, de las cuales el 97% de los casos se dieron en los Gobiernos de Uribe.

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