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América Latina confirma su deseo de un cambio verdadero que priorice políticas más sociales con la elección de propuestas más progresistas en sus gobiernos

América Latina no saldrá de la pandemia como entró. Estaba muy enfadada: Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Chile, Bolivia y Colombia tuvieron estallidos sociales previos a la pandemia, también Nicaragua, en un ya lejano 2018, pero con una cruel represión que todavía padece su población. Durante la pandemia la tuvieron también Paraguay, Cuba, Guatemala, Perú y Haití.

Si bien las causas difieren, hay también puntos en común, y el impacto de la covid-19 solo ahondó en ellas. Todas parten de agravios previos que se vienen arrastrando desde hace años. Por otro lado, vinculan una élite privilegiada y corrupta, convirtiéndose muchas veces en una chispa que hace explotar una problemática mayor y, por último, gran parte de las veces la salida está siendo por la izquierda.

Por primera vez, las seis principales economías más grandes de América Latina y que representan el 90% de su PIB podrían estar gobernadas por presidentes progresistas. Lo son ya Argentina, Chile, México y Perú, y tendremos que esperar unos meses para confirmarlo cuando se den las elecciones de Brasil y Colombia, en las que todo indica que ganarán Lula da Silva y Gustavo Petro.

¿Por qué se está dando esto y qué implicaciones puede tener? El reciente Latinobarómetro nos da algunas pistas. Si bien el apoyo a la democracia se incrementó en algunos países como Uruguay y El Salvador, únicamente el 63% de los latinoamericanos cree que es el mejor sistema de gobierno, frente al 79% de hace 10 años. Más de un 70% considera que se gobierna para unos pocos y con una injusta distribución de los ingresos.

En Brasil, Chile, Argentina, Colombia casi el 70% de sus habitantes considera que su país está en declive y tienen las tasas más altas del mundo según IPSOS junto con Sudáfrica, y con Perú cerca. Junto con México tienen índices especialmente altos de percepción de la corrupción según Transparency International; sentimiento de un país roto y de corrupción porque se gobierna para unas elites ampliando la desigualdad.

La peor expresión de esta injusticia la sienten en la educación y la salud, en ese orden. Las dos han tenido menos atención de la necesaria los últimos 15 años en la región. Lo sabían las personas sin recursos y lo han sufrido con especial dureza durante la pandemia, sin hospitales a los que recurrir cuando se contagiaban y sin escuelas para sus hijos: 71 millones todavía continúan sin clases. En ningún otro lugar han muerto tantas personas por habitante y en ningún otro lugar ha habido un cierre de colegios tan prolongado a consecuencia de falta de infraestructura necesaria.

Así se entiende que la región priorice opciones políticas que apuestan más por el Estado que el mercado –con toda la prudencia y comillas– mejores sistemas de salud, acceso a internet, una educación que realmente iguale oportunidades y unas élites con menos poder que el actual. Los resultados de las últimas elecciones no han venido más que confirmar lo que las encuestas de opinión ya constaban. Se ha cansado ya de la inequidad y de una igualdad de oportunidades que se le prometía, pero que nunca ha llegado.

América Latina podría comenzar un nuevo ciclo como consecuencia de una nueva afinidad ideológica de sus principales economías, pero requieren cautela, dar espacio justo a la ilusión y ponerle menos épica. Todavía son demasiadas las amenazas, propias y ajenas, así como los límites de la pesada mochila colonial.

El retroceso democrático y cierre de espacios a la sociedad civil es el principal reto, y no hay en este punto distinciones ideológicas. Según el reciente informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), la democracia en la región atraviesa su momento más complejo de las últimas décadas. Aunque Brasil registra el principal retroceso, también Guatemala, El Salvador, Colombia o Bolivia se han visto muy sacudidos. La corrupción, los ataques contra la libertad de expresión y los derechos civiles han sido sus principales problemas. Lo mismo señala el semanario The Economist en su Democracy Index, donde ve pocos avances en las democracias de América Latina los últimos años, todavía insuficiente para gran parte de la población y con tendencia al retroceso en varios de los países.

La maldición de los recursos es otro permanente lastre para que la región pueda industrializarse y diversificar su economía; es un problema de fábrica de difícil solución. Las élites económicas no tienen incentivos para ello y a los gobiernos (de izquierdas o derechas) no les queda más remedio que seguir la inercia. Según la CEPAL, el peso de las exportaciones de las materias primas en América Latina es cuatro veces mayor en otras regiones –un 37% frente al 12% de Asia o 21% de África–. A su vez, la extracción de minerales ha aumentado siete veces desde 1970, habiendo mayor dependencia y más conflictos socio ambientales. Es la región del mundo con mayor número de ellos. Solo en Colombia hay más asesinatos que en todo Asia por esta causa. Es osado pensar que pueda cambiar a corto plazo.

Las dos anteriores no son las únicas amenazas, no se puede obviar las trabas que supone la violencia, la influencia de las iglesias evangélicas, el enorme poder actual de las finanzas internacionales, la polarización de la población o el narcotráfico. Con dar pasitos en estos asuntos tendríamos que conformarnos.

Vivimos hace década y media otro ciclo de gobiernos progresistas. Se redujo en este período la desigualdad y la pobreza como en ningún otro reciente, pero muchos de los problemas también se arrastraron, a pesar de vivir un ciclo boyante por el precio de las materias primas. Hay razones para la esperanza, pero sin la ingenuidad de negar sus límites que actualmente tiene la región. Por mucho que esta zona se acueste por la derecha y se levante por la izquierda, sufrirá siempre los problemas de origen.

Asier Hernando Malax-Echevarría es exdirector regional de Oxfam para América Latina, actualmente en excedencia, estudiando un máster en Ciencias Políticas en la PUCP de Lima, Perú.

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