BLOG

En tres semanas, el presidente de la República reduce el sueldo de los congresistas, ordena el salario mínimo más alto de las últimas décadas y pone en marcha una reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro ha emitido en tres semanas una serie de decretos que intensifican su postura desafiante ante otros poderes: el Congreso de la República, los gremios empresariales, las altas Cortes. Lo hace justo al inicio del ciclo electoral, y mientras fortalece su relación con las bases populares que lo eligieron y que espera voten por sus listas al Legislativo y por su candidato presidencial. El mandatario ha tomado al menos tres decisiones importantes y polémicas que demuestran que la recta final del primer cuatrienio de izquierda de la Colombia contemporánea estará marcado por su distancia frente a los grandes empresarios, una relación ambivalente con la clase política tradicional y una estrecha cercanía con sus electores.

Primero, Petro decretó la emergencia económica para implementar una ambiciosa reforma tributaria por decreto, sin importar que las mayorías del Legislativo la hubieran hundido previamente. Después formalizó su intención de recolectar firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin tener en cuenta las múltiples críticas que genera que ese proceso se haga en plena campaña electoral. Luego fijó un aumento histórico -y para muchos desproporcionando ante un aumento del ICP del 5,2%- del 23% en el salario mínimo para dos millones y medio de trabajadores formales, desestimando las advertencias de inflación, desempleo e informalidad que puede generar esa medida. Y este martes decretó una reducción sustancial del sueldo de senadores y representantes a la Cámara, eliminando sus millonarias primas de servicio.

La emergencia económica se materializó en una serie de impuestos, con los que el Gobierno busca recaudar al menos 11,1 billones de pesos de los 16,3 que le faltan para completar el presupuesto de 2026. Esta reforma tributaria por decreto desafía a los congresistas de las comisiones económicas que la tumbaron y parece una afrenta a la independencia de poderes. También ha generado un fuerte enfrentamiento con gobernadores departamentales y alcaldes de ciudades capitales que aseguran que los tributos reducirán sus presupuestos locales para salud, educación y deporte. Ahora, serán los magistrados de la Corte Constitucional quienes dirán si es legal ese aumento a los impuestos al consumo para las bebidas alcohólicas y el tabaco, que grava los patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos (unos 520.000 dólares) y sube la carga tributaria de las empresas financieras y energéticas. La mayoría de los expertos señalan que es muy probable que la sala plena derogue la emergencia.

El salario mínimo también fue una imposición del presidente con un claro fin electoral. El aumento del 23% estuvo muy lejos de la propuesta de los gremios, que rondaba el 7%, e incluso de la solicitud de los sindicatos, que pedían el 16%. También dejó atrás las variables de inflación y productividad, que se habían usado históricamente, y argumentó que el monto busca asegurar un mínimo vital para los trabajadores, según cálculos de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. La decisión, muy rentable a tres meses de las elecciones legislativas, fue denunciada por políticos y activistas de oposición. Serán los magistrados del Consejo de Estado, una vez más, quienes definan si se mantiene en firme la medida que ha generado el rechazo de los empresarios organizados en gremios que van desde la Asociación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) hasta la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Por último, la insistencia del presidente en una Asamblea Nacional Constituyente es la más provocadora de estas decisiones. La inscripción ante la Registraduría del comité para recolectar firmas, que incluye a ministros y exministros de Petro, ha generado dudas y críticas en distintos sectores. Han señalado una profunda contradicción con el Petro candidato, que prometió en todos los escenarios posibles que no cambiaría la Constitución de 1991, que sus compañeros del M-19 ayudaron a redactar. Muchos contradictores creen que es una manera ilegítima de hacer campaña electoral. La coalición de derecha que reúne a un amplio abanico de candidatos presidenciales (Paloma Valencia, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila) hizo pública una carta de rechazo. “Plantear una constituyente en medio de un proceso electoral no es un debate sincero: es una maniobra que polariza, debilita las instituciones y genera incertidumbre”.

Más recientemente, la reducción del salario de los congresistas en casi 16 millones mensuales ha recibido menos críticas, aunque algunos legisladores cuestionan el método elegido por el presidente. Lidio García, presidente del Senado, lo argumentó en X: “Gustavo Petro recibió durante casi 20 años la prima de servicios como congresista y jamás expresó inconformidad. La cobró en silencio mientras hacía parte del mismo Congreso que hoy cuestiona. Por eso este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente”.

Los cuestionamientos a estos desafíos presidenciales quedan bien resumidos en un mensaje que escribió hace unas semanas una exfuncionaria del Ministerio de Hacienda que renunció a su cargo por desacuerdos con el decreto que busca expedir el Gobierno para obligar a los fondos privados de pensiones a traer sus inversiones al país de manera exprés. Mónica Higuera Garzón aseguró que el ministro no escuchó sus argumentos y buscaba imponer la decisión sin importar las consecuencias. “Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas”, escribió Higuera. Y concluyó: “Traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de traigan en 6 meses 125 billones que era la propuesta era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir”.

Más allá de las intenciones y de los resultados de las medidas del presidente, las ha tomado sin el consenso y el acuerdo nacional de mínimos que buscó al inicio de su mandato. Además, han ido acompañadas de mensajes altisonantes en su poderosa cuenta de X, en las que no solo las justifica sino que arremete contra sus enemigos políticos. Petro agudiza la confrontación con el Congreso, las altas cortes y los gremios en los meses más álgidos de la campaña, en una estrategia que le puede general grandes réditos electorales.

EL PAÍS