BLOG

Isabel Allende
Senadora del Partido Socialista de Chile por la región de Valparaíso
Karina Delfino
Vice-presidente de la Mujer del PS de Chile y secretária adjunta de la Coordinación Socialista Latinoamericana (CSL)

* Artículo publicado originalmente el 29 de julio de 2019 en La Tercera

La “Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) es un tratado impulsado por la Asamblea de Naciones Unidas en 1979, que trata diversas materias para erradicar la discriminación, asegurar los derechos sexuales y reproductivos, terminar con la explotación sexual y perseguir la violencia de género, entre otras materias. El CEDAW fue ratificado por Chile en 1989, y cuenta con la adhesión de 189 Estados.

Luego de diez años, en 1999, se dictó un protocolo facultativo para hacer efectivo los derechos contemplados en la Convención, mediante el cual se creó un procedimiento de denuncias ante el Comité de la CEDAW, en el caso que los Estados partes no respondan ante las denuncias o violaciones sistemáticas a los derechos humanos consagrados en la convención.

Dicho protocolo fue suscrito el mismo año por Chile, ingresando en la Cámara de Diputados para su ratificación el 2001, pasando al Senado, donde no ha tenido tramitación hasta el día de hoy. El retraso se debió a resquemores por parte de diversos actores políticos, principalmente conservadores, en cuanto a que esta jurisdicción internacional podría permitir el avance de leyes que consagren derechos sexuales y reproductivos.

Han pasado ya dieciocho años desde esta deuda que tenemos como Estado. En marzo del año pasado, el comité de la CEDAW realizó una recomendación a Chile para que: “(…) adopte medidas para acelerar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención con un carácter prioritario para facilitar el pleno disfrute de los derechos garantizados por la Convención.”

Gracias a la creación en ambas Cámaras de las comisiones de Mujer y Género se pudo lograr dar un nuevo impulso para que Chile cumpla con recomendaciones formuladas por los organismos internacionales. De esta forma, la comisión del Senado puso como prioritario dentro de la agenda legislativa la tramitación de dicho protocolo, por lo cual requirió a la comisión de Relaciones Exteriores su traspaso para agilizar su aprobación, frente a lo cual los senadores de dicha instancia se comprometieron a darle urgente tramitación.

Cuando por fin se logra comenzar a analizar la ratificación del protocolo, surgieron especulaciones de que el gobierno de Piñera pensaba retirarse de la Convención sobre Derechos de la Mujer por el avance del mismo. Rápidamente, la ministra Isabel Plá descartó dicha decisión, dejando en manos del Congreso la aprobación de dicho instrumento. De esta forma, hemos llegado a julio, y cuando comenzaba a retomarse la discusión, el gobierno ha solicitado aplazar su votación para analizar las implicancias jurídicas e institucionales que tiene la aprobación.

Las mujeres ya no podemos esperar más su aprobación. Se necesitan mecanismos internacionales que puedan resguardar nuestros derechos. Nos causa extrañeza y molestia que el actual gobierno tenga una disposición distinta frente a instrumentos internacionales de carácter comercial, como el caso del TPP; mientras que en los tratados internacionales de derechos humanos surgen dudas, como sucedió con Escazú, el Pacto Migratorio y ahora el protocolo facultativo.

Queremos recordar que el Comité ha tenido un rol relevante en la defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en la denuncia de femicidios sistemáticos sucedidos en Ciudad Juárez, México, o en el reproche que realizó por la esterilización forzada y no informada de mujeres de la comunidad romaní en Hungría.

Actualmente, existen 112 estados que han suscrito y ratificado el protocolo, donde Chile es uno de los pocos de Sudamérica que no lo ha hecho, junto a Surinam y las Guayanas, lo cual demuestra la deuda internacional que tenemos como Estado en los derechos de las mujeres. Esperamos que en agosto se apruebe definitivamente dicho protocolo, ya que no es justificable que se realicen maniobras para dilatar su votación, sobre todo, considerando el compromiso público que ha tomado el Presidente con nuestros derechos.