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La reciente ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (n° 30364) – promulgada recientemente en Perú – dejaría desprotegidas a las mujeres víctimas de violencia, por problemas en su implementación. Es lo que advierte el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

A pesar que la norma propone agilizar el acceso a la justicia, ya que ahora la denuncia pasa en solo 24 horas desde la Comisaría al Juzgado de Familia o Mixto, y precisa que el juez debe resolver la medida de protección en máximo 72 horas; existirían conflictos dentro de la regla.

La problemática surge porque en la Policía Nacional del Perú (PNP) no existe un consenso sobre las características de atestado que deben elaborar y remitir al Poder Judicial. Incluso en algunas comisarías a nivel nacional no se reciben ni tramitan las nuevas denuncias. Todo esto podría generar que las denuncias de las víctimas no sean consideradas y queden fuera del proceso.

«Existe el riesgo de que la ley no se aplique adecuadamente porque se ha generado una incertidumbre en los operadores de justicia sobre la implementación”, explica Jeannette Llaja, abogada de Cladem. Agrega que al no existir una capacitación con respecto a la norma, «tenemos un Poder Judicial colapsado, una policía no sensibilizada, las denuncias de las víctimas podrían rebotar y salir del proceso”.

Asimismo, Jeannette considera que los juzgados mixtos y de familia no están en la capacidad de atender los casos tal y como está previsto en la norma, considerando su carga procesal, horario de trabajo y el escaso personal con el que cuentan.

Otro inconveniente es que los Centros de Emergencia Mujer y los servicios de defensa de las víctimas del Ministerio de Justicia a nivel nacional, no tienen los lineamientos para acompañar los casos: «ante esta situación, las mujeres víctimas de violencia que están acudiendo a las autoridades se encontrarán desprotegidas y en mayor riesgo, porque las instituciones que integran la ruta de atención, se han encontrado con un nuevo proceso de la noche a la mañana”, manifiesta Cynthia Silva, abogada de Cladem.

Añade que la falta de claridad, sumada a los «prejuicios machistas que persisten en muchos operadores, puede provocar que no se atiendan los casos por considerar que no son graves y que no merecen atención prioritaria”. Por ello, Cynthia enfatiza que es indispensable fortalecer el servicio de defensa y acompañamiento de las víctimas.

Demandas

Los profesionales que integran Cladem Perú esperan que se adopten medidas urgentes. Por ende, demandan que se incluya presupuesto adicional para la implementación de la ley y se de acompañamiento a las denuncias. También que se instruya al personal policial a nivel nacional para asegurar que todas las comisarías tramiten las denuncias en 24 horas.

Además, piden la creación de nuevos juzgados especializados en familia para que se garantice el dictado de medidas de protección y cautelares dentro del plazo establecido por la ley (72 horas desde que se realiza la denuncia). En la misma línea, consideran necesario el establecimiento de lineamientos de actuación interinstitucional para la atención de diversos casos de violencia y que se realice una capacitación estandarizada para la Policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el personal de los servicios de atención pues de esa manera, se aplicará adecuadamente la ley.

Adital (Agencia de Información Fray Tito para América Latina)