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La Corte Suprema decretó el decomiso de 5,1 millones de dólares y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet, en el llamado caso Riggs, relativo a las cuentas secretas que éste tenía en bancos en el extranjero, se informó hoy.

En fallo dividido, los jueces acogieron el recurso de casación de forma interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado tras la sentencia de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó la resolución del entonces instructor del caso Riggs y juez especial de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama.

Según difunde El Mercurio, el tribunal de alzada había sostenido que se acreditó la «sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el patrimonio» de Pinochet, pero revocó el fallo de Valderrama ya que la obligación penal se extingue por la muerte del responsable y determinó la devolución de dineros y bienes a la familia.

Ahora, tras la resolución del máximo tribunal, los jueces Milton Juica (presidente), Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Jorge Dahm se reunirán para afinar los detalles del decomiso y resolver las propiedades de Pinochet que deberán ser devueltas al fisco, listado que no está claro.

Además, la Suprema mantendrá las condenas de primera instancia y que habían sido revocadas por el tribunal de alzada, a cuatro años de libertad vigilada, decretadas contra uniformados retirados por malversación de caudales públicos. Todos ellos acusados de «sustraer» fondos reservados que tenían a su cargo y que pertenecían al Presupuesto nacional, que fueron traspasados a cuentas de Pinochet para «manutención de su familia».

En 2010 un estudio de la Universidad de Chile determinó que Augusto Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable. La investigación judicial se abrió en 2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.

El descubrimiento se hizo en medio de las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas y el Pentágono. Al morir, en diciembre de 2006, Pinochet estaba procesado en el caso Riggs por fraude al fisco y falsificación de pasaportes, y desaforado (paso previo al procesamiento) por malversación de fondos públicos.

En octubre de 2007, el juez Carlos Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del fallecido dictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos. Esa medida benefició, entre otros, a la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart; a sus cinco hijos; a su antiguo albacea, Óscar Aitken, y al contable José Sobarzo.

En octubre de 2008, el pleno de la Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel Valderrama. En 2013, el juez Valderrama decidió cerrar una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de armas fue uno de los métodos con que Pinochet incrementó su fortuna a 21 millones de dólares. Con ello, quedaron absueltos el exdirector de la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae) Luis Iracabal, y el ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de 202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.

Pero quedaron en firme los procesamientos por malversación de los generales retirados Ramón Castro, Jorge Ballerino y Sergio Moreno Saravia, y los de los coroneles en igual situación Eugenio Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean, quien este miércoles fueron absueltos.

Los dos primeros fueron quienes presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, mientras que Moreno Saravia fue procesado por haber supuestamente traspasado 23.721 dólares correspondientes a gastos reservados entre dos cuentas.

EFE