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Kristalina Georgieva
Directora gerente del Grupo Banco Mundial
Artículo originalmente publicado en el diario El País el 29 de marzo de 2018

Todos celebramos el progreso alcanzado por las mujeres en el mundo y en el campo laboral, pero ¿no sería mejor si estos progresos hacia la igualdad no siempre fueran generados por momentos dramáticos? De Hollywood hasta Londres, las revelaciones este año acerca del acoso sexual y la brecha salarial, han dado lugar a grandes titulares, indignación moral y una acción rápida para rectificar prácticas y comportamientos injustos.

No puede negarse que, al representar la mitad de la población del mundo, las mujeres cumplimos un papel equivalente al de los hombres en la generación del crecimiento económico. Es más, algunos opinan que las mujeres controlan la mayor parte del gasto mundial de los consumidores. Mediante la eliminación de obstáculos que constituyen discriminación en contra de la mujer se podría aumentar la participación de este colectivo en la fuerza laboral y al hacerlo, elevar la productividad laboral hasta un 25 % en algunas economías.

Sin embargo, en más de la mitad de los países del mundo, a las mujeres se les impide trabajar en ciertos empleos simplemente por razón de su género. Eso no es todo. En 123 países no hay leyes sobre el acoso sexual en el sector de la educación. En 59 no existen leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo. Y en 18 países los maridos pueden impedir legalmente el trabajo a sus esposas.

Estas estadísticas desalentadoras se encuentran en un informe del Banco Mundial titulado Mujer, empresa y la ley 2018, que en los últimos 10 años ha evaluado los obstáculos jurídicos a la actividad económica de la mujer. Gracias a este informe tenemos una mejor comprensión de cómo las leyes influyen en las decisiones de las mujeres de crear empresas o de participar en la fuerza laboral.

En el informe se examinan siete áreas: el acceso a las instituciones, el uso de la propiedad privada, la obtención de empleo, los incentivos para trabajar, el acceso a los tribunales, la creación de historiales crediticios y la protección contra la violencia. El estudio califica a los países en los siete indicadores y, mientras que ninguna nación alcanza una calificación perfecta, España está entre las 20 naciones con puntuaciones más altas en cada apartado.

En dicho informe se documenta también cuáles son los países donde las mujeres no tienen los mismos derechos de propiedad que los hombres y lo que dificulta a las mujeres dar bienes como garantía para acceder a créditos.

El informe muestra cómo las leyes pueden crear dificultad para la obtención de empleo y la creación de empresas por parte de las de las mujeres. Primero, las restricciones al empleo dificultan que la mujer pueda conseguir trabajo. En el mundo hay 104 naciones que tienen algún tipo de restricción para el empleo de la mujer: en industrias como la minería, la manufactura, la construcción, la energía, la agricultura, el agua y el transporte. De hecho, como resultado de estas limitaciones, unas 2.750 millones de mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres por el simple hecho de ser mujeres. En América Latina y el Caribe, hay 17 países, incluidos Argentina y Brasil, donde aún se observan restricciones al trabajo de este colectivo.

Segundo, es más probable que las mujeres sean propietarias de empresas en los países donde existe protección contra el acoso sexual. Calculamos que más de 500 millones de mujeres en todo el mundo no cuentan con protección legal contra el acoso sexual en el trabajo. Es lo que sucede en 11 naciones de América Latina y el Caribe, incluidas Guatemala, Haití y Jamaica. Las leyes tal vez no resuelvan el problema, pero son un primer paso importante para hacerlo, y la realidad demuestra que es más probable que las mujeres sean propietarias de empresas cuando existen dichas leyes.

Tercero, es menos probable que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en la vida pública cuando las leyes restringen su capacidad para actuar de manera independiente y su libertad de movimiento. El estudio desvela que casi 850 millones de mujeres viven en países donde existen dichas restricciones. Por ejemplo, en 31 países aquellas no pueden elegir dónde vivir de la misma manera que lo hacen los hombres.

Sin embargo, se están produciendo cambios y contamos con datos que demuestran que, cuando hay igualdad de género en las leyes laborales, un mayor número de mujeres trabaja y gana más que los hombres. La Corte Constitucional de Colombia determinó que las prohibiciones al trabajo de la mujer en la minería son discriminatorias. Bulgaria, Kiribati y Polonia también eliminaron hace poco todas las restricciones al empleo de la mujer.

Fenómenos en las redes sociales, como el movimiento #MeToo, que resaltan la prevalencia del acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo están haciendo una valiosa contribución. Los beneficios de lograr la igualdad de género son económicos: todos nos beneficiaríamos gracias a una mayor prosperidad y estabilidad.

¿No sería magnífico que las desigualdades que afectan la mujer en todo el mundo también se corrigieran porque los Gobiernos que aplican leyes malas se vieran sujetos a rendir cuentas de su historial? El informe titulado Mujer, empresa y la ley 2018 puede contribuir a impulsar el avance más rápido de las reformas.