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El tribunal peruano encargado del proceso por la matanza de Pativilca (1992), donde murieron seis campesinos tras ser torturados, decidió este lunes no aplicar al expresidente Alberto Fujimori el derecho de gracia que le concedió el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, y mantenerlo como acusado.

El Colegiado B de la Sala Penal Nacional aceptó la petición de la defensa de las víctimas de no aplicar el derecho de gracia que impide a Fujimori ser procesado en otros casos tras el indulto que recibió el pasado diciembre a la condena a 25 años de cárcel que cumplía desde 2009 por delitos de lesa humanidad.

El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, anunció a medios locales que «lo que queda es impugnar la decisión» para librarle del juicio a Fujimori, condenado ya como autor mediato (con dominio del hecho) de la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas al igual que Pativilca por el grupo militar encubierto Colina.

Durante la audiencia donde se evaluó la petición, el fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, argumentó que el derecho de gracia fue emitido fuera de plazo para que pudiera ser aplicado al proceso por la matanza de Pativilca.

Para este caso Fujimori, para quien el fiscal pide 25 años de prisión, vuelve a estar acusado como autor mediato por el secuestro, torturas y asesinato de seis hombres de entre 38 y 17 años en el municipio de Pativilca, a 183 kilómetros al norte de Lima, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza.

El caso Pativilca fue incluido en 2015 dentro de la extradición que la Justicia chilena aprobó en 2007, después de que Fujimori fuera detenido en el país austral tras previamente haberse fugado a Japón, desde donde renunció a la Presidencia de Perú por fax.

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, quien defiende a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que se trata de una decisión histórica del Poder Judicial, aunque matizó que seguramente la defensa de Fujimori la recurra ante la Corte Suprema.

No obstante, Rivera indicó que el próximo punto de debate es conocer si el fiscal Luis Landa solicita alguna medida que asegure la presencia de Fujimori en el proceso, ya sea la prisión preventiva, «dado sus antecedentes»; o un impedimento de salida del país.

Fujimori, de 79 años, reside actualmente en una lujosa casa de 1.900 metros cuadrados en el pudiente distrito limeño de La Molina, cuyo alquiler bordea los 5.000 dólares mensuales, tras ser excarcelado con el indulto concedido la pasada Nochebuena por Kuczynski, que también le eximía de cualquier otro proceso judicial.

Kuczynski argumentó su medida en razones humanitarias al supuestamente padecer el expresidente una enfermedad grave no terminal y degenerativa que se agravaba dentro de prisión, pero la resolución solo nombraba algunos males crónicos como una fibrilación auricular paroxística.

Sin embargo, el indulto adquirió un profundo matiz político al otorgarse solo tres días después de que Kuczynski se salvara de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de diez congresistas fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien le había pedido liberar a su padre.

EFE