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En el marco del “Día Internacional de la No Violencia hacia las mujeres”,  declarado como tal por el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en 1981, las compañeras y los compañeros del Partido Socialista reiteramos nuestro compromiso de lucha contra el sistema patriarcal para poner fin a la violencia contra las mujer.

La violencia contra las mujeres se presenta en diversas modalidades y se ejerce en diferentes ámbitos: doméstico, institucional, laboral y mediático. Esto habla de un sistema de estructuras machistas que, a pesar de la expansión y la multiplicación de las movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, de las luchas feministas, sigue siendo dominante en nuestra sociedad.

El movimiento Ni Una Menos, a través de esas gigantescas movilizaciones, captó la atención nacional y mundial sobre la situación de los femicidios en la Argentina y logró instalar una agenda pendiente para revertir ésta indignante realidad. Día a día nuevos casos de horrendos femicidios sacuden a la opinión pública. Estas muertes no son fenómenos aislados, responden todas a la misma causa originaria: la desigualdad de poder entre varones y mujeres.

La actualidad nos muestra con números la cruda realidad en nuestro país:

•  La Oficina de Violencia Doméstica dependiente de de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibió, entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017, 15.246 personas por hechos de violencia doméstica (10.961 casos fueron derivados a los equipos interdisciplinarios y 4.285 consultas informativas). De las personas afectadas por estos hechos más del 76% son mujeres y niñas y alrededor de 14% son niños. Respecto al tipo de violencia observada en las personas atendidas por la OVD casi en el 100 % hay violencia psicológica, en alrededor del 70% violencia física, como mínimo en un 10% violencia sexual, violencia económica un 35% y en violencia simbólica más del 60%.
• Por otro lado, si se quiere analizar los datos más extremos de este fenómeno como son los femicidios, el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, organización no gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires, realiza desde el año 2008 un relevamiento en base a las agencias informativas Télam y DyN y a 120 diarios de distribución nacional. En la página Web de la Casa del Encuentro se publica que entre 2008 y 2016 se registraron 2384 femicidios en Argentina. En el mismo período registraron 2919 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del Femicidio, de los cuales 1859 eran menores de edad. Para el periodo que abarca desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016 el Observatorio registró: un promedio de un femicidio cada 30 horas en el país, 290 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 37 femicidios vinculados de hombres y niños. Se llama femicidio vinculado a personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el hecho o que quedaron atrapadas “en la línea de fuego” y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.
• Otro dato para destacar en esto que publica el máximo tribunal de justicia del país es que en al menos el 20% de los casos la víctima había hecho denuncias previas y en el 53% no pudo constatarse ese dato con lo cual es fuerte la probabilidad que las mujeres que venían denunciado a su agresor sea sensiblemente mayor.
• “En cuanto a la actuación de la Justicia, debe señalarse que de los 235 femicidios cometidos durante el 2015, 7 cuentan con sentencias condenatorias lo cual representa un 3% del total. Asimismo, se contabilizan 7 sobreseimientos (3%) y no se registran sentencias absolutorias. El 14% de las causas corresponden a otras formas de terminación del proceso durante la instrucción o en la etapa oral. Asimismo, de las causas iniciadas en 2015, el 29% ya se encuentra en la etapa de juicio oral y hay al menos una persona sobre la que pesa la imputación próxima a ser juzgada, mientras que un 51% permanece en la etapa de investigación.

Frente a esta realidad, que describen con cruel claridad los números expuestos, podemos inferir la inadecuada respuesta del estado desde los tres poderes. El común denominador es la insuficiencia, la falta de escala acorde a la demanda, y la falta de continuidad y crecimiento de las políticas que aparecen siempre un poco como respuestas espasmódicas ante la emergencia de casos de alto impacto en la opinión pública.

“Prevención” es nuestro pedido concreto, pero para diseñar políticas de prevención es necesario que el Estado produzca información y registros veraces acerca de las violencias que sufrimos las mujeres y dentro de éstas, de los femicidios, incluyendo las situaciones en las que el femicida se suicida o cuando la víctima es una mujer trans, acorde a las leyes vigentes en nuestro país.

Si bien es claro que son las políticas de prevención y asistencia las que deben ocupar un papel preponderante para revertir la violencia hacia las mujeres, la justicia también se constituye en un factor clave en el freno a la impunidad y en hacer efectivos los derechos de las mujeres y las niñas cuando son vulnerados. Se habla de justicia sexista porque existe muchas veces inacción ante las denuncias de violencia radicadas en las dependencias policiales y judiciales. Cuando se habla de la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres en su “acceso a la justicia”, no se está circunscribiendo a la existencia formal de recursos judiciales, sino a que esos recursos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Estos problemas exigen una urgente respuesta por parte de quienes son responsables del funcionamiento de la justicia, ya que la impunidad multiplica la violencia. Por ello pedimos: Formación obligatoria en derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y violencia de género, de quienes integran el poder judicial: camaristas, jueces, fiscales, defensores/as y empleados/as judiciales. Otorgamiento de garantía efectiva de acceso a la justicia, patrocinio gratuito y especializado de las víctimas de violencia. Investigación de los casos de femicidios y violencia en todas sus manifestaciones, desde una perspectiva de género, con responsabilidad, diligencia, aplicando las leyes vigentes, sin preconceptos, estereotipos o discriminaciones, garantizando asimismo la igualdad de trato de mujeres trans, lesbianas y bisexuales. Quienes ejercen violencia deben ser castigados de modo de reducir la impunidad.

La inacción es complicidad, por eso le exigimos a los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal la debida asignación de recursos para la promoción y fortalecimiento de las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia y atención a las mujeres víctimas de violencia.

Sabemos que la falta de voluntad política muchas veces viene de la mano de las relaciones entre el Estado y la iglesia, por eso también pedimos un Estado laico que reconozca y respete el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y reclamamos al Congreso Nacional que apruebe el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado en 2016 por sexta vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La ilegalidad y clandestinidad del aborto es femicidio perpetrado por el Estado.

Por todo lo expuesto, las compañeras y compañeros Socialistas nos movilizamos éste 25 de noviembre, reclamando a los tres poderes del Estado, las reformas institucionales consistentes para frenar esta ola de muertes anunciadas de mujeres y niñas, y con la convicción de aportar a la construcción de una sociedad que garantice igualdad sustancial de trato, de oportunidades y una vida sin violencia.

PS de Argentina